Empresas pedirán a Verna por las redeterminaciones

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El Tribunal se declaró incompetente ante una presentación que hicieron las firmas para lograr condiciones más favorables para la renegociación de los contratos. Ahora quieren entrevistarse con Verna.
JUAN JOSE REYES – Un dictamen de la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas de la provincia, caratulado “Tribunal de Cuentas s/Presentación Delegación Cámara Argentina Construcción de La Pampa” puso los pelos de punta a los empresarios pampeanos. Ahora quieren reunirse con el gobernador Carlos Verna para decirle que 20 empresas asociadas a la CAC están enojadas con el organismo de contralor ya que según ellos se “lavó las manos olímpicamente”.
Las empresas opinan que el TdeC interpretó la Ley de Obras Públicas en forma rebuscada y en contra de un sector clave de la economía pampeana. Por ello las firmas solicitaron una pronta expedición sobre la interpretación jurídica de la norma. Afirman que por esa visión sesgada de la ley, pierden dinero y competitividad respecto a empresas foráneas en renegociación contratos y redeterminación precios.
Las empresas de la construcción en La Pampa alegan encontrarse indefensas en la renegociación de los contratos realizadas bajo la gestión del Gobierno anterior. Fue por ello que recurrieron al TdeC para corregir esa situación. Las firmas que suscribieron esa presentación son Ampudia; Andreatta; Aroix; Balent; Góndolo; Barrabaschi; Bepha; Butalo; Cuello; Domke; Elorza; Hector Mohedano de INARCO; IACO construcciones; Innokonst; Jubete; Mariano Ferrari; Massera; Nisca y Sivin.
En reciente reunión en forma conjunta con el Estudio Langlois -cuyo titular fue Asesor Letrado de Gobierno en la época marinista y hoy lleva el patrocinio de la cámara gremial empresaria- fueron entregados varios números de expedientes y de obra reclamando remesas no cobradas por entender que hubo una mala interpretación de la ley y cuyo plazo fue congelado a la finalización original del contrato, ya que se aplicó el artículo 62 de dicha norma.

Dictamen flojo de papeles.
El mes pasado se efectivizó presentación desde la cámara empresarial ante el organismo dirigido por José Roberto Sappa para que se expida respecto de la aplicación de la Ley Nº 38 de Obras Públicas y la normativa legal provincial que regula el régimen jurídico de renegociación de contratos. Todo ello con el fin de “defender la ecuación económico financiera de los suscriptos, estimada en más de 100 millones el diferencial, entre sus representados y la provincia”.
En el exordio, el Tribunal de Cuentas argumentó que la CAC no “acreditó” la representación que invocaba y fundamentalmente “lo que establece el artículo 103 de la Constitución”, que versa sobre la actuación del TdeC al fiscalizar la percepción e inversión de las rentas públicas. Dice allí que el Decreto Ley de Facto N.º 513/69 ha reglamentado aquella competencia. Afirma en términos genéricos, que la noción de control reviste “una significación precisa” y no en abstracto como es este caso.
La incompetencia del TdeC se sustentó en que “las actuaciones cuya resolución corresponda a la Administración Pública deberán ser iniciadas ante el órgano administrativo competente” y no de contralor. Todo confuso y máxime en épocas en que la obra pública (viviendas, escuelas, SUMs, etc.) son elementos fundamentales para la nueva administración.
Lo concreto es que la Asesoría Letrada del TdeC envió a despacho para su prosecución y para que Sappa firme un dictamen, expediente Nº 3664/2015, desfavorable a la cámara empresaria por una “incompetencia” que no sería tal.