En su amparo, Río Negro apoya crear el comité de cuenca

TAPON DE ALONSO

En la demanda que el 9 de septiembre presentó ante la Corte Suprema por el Tapón de Alonso, la provincia de Río Negro expresó un fuerte apoyo a La Pampa en su reclamo por un uso compartido e integral de los ríos y la conformación de un comité de cuenca que comprenda a todas las provincias del Desaguadero. Es el pedido que La Pampa viene realizando, hasta ahora casi en soledad, desde hace años. “Mi parte está de acuerdo con esta postura”, sostuvo el fiscal de Estado rionegrino. En la demanda, Río Negro acusó a La Pampa de incumplir acuerdos interprovinciales al negarse al cerrar el “Tapón de Alonso” y le reprochó su postura unilateral. Pidió una audiencia de conciliación para consensuar una salida al conflicto.
En la presentación de la semana pasada, el fiscal de Estado rionegrino, Julián Fernández Eguía, sostuvo que su provincia debió recurrir a la instancia judicial ante la posición del Estado pampeano de “decidir de manera unilateral la apertura del cierre del bañado del río Curacó conocido como Tapón de Alonso” y frente al agotamiento de la vía del diálogo para encontrar una solución al conflicto. También señaló que ante los pedidos formulados, la respuesta pampeana fue negativa, o por lo menos supeditada a un análisis de la situación a escala regional.
El amparo rionegrino -al que LA ARENA tuvo acceso en forma exclusiva- propende a que la Corte Suprema declare “el incumplimiento por parte de la provincia de La Pampa del Acuerdo celebrado en fecha 28/06/1985” entre Buenos Aires, Río Negro y La Pampa con relación a las descargas del río Desagüadero – Salado – Chadileuvú – Curacó en el Colorado, y que “se ordene a La Pampa que proceda y/o permita la realización y/o reparación de las obras acordadas” para evitar esas descargas. Esto implica restituir el Tapón de Alonso para que cuando las aguas del río Curacó lleguen hasta el lugar -al sur de Puelches- queden retenidas en el Bañado del Curacó y no alcancen el cauce del río Colorado.
“Los efectos de estas acciones (la apertura del Tapón) serían gravísimos desde el punto de vista ambiental, económico y de afección al servicio público de agua potable a más de 30.000 habitantes, con la consecuente afección al derecho a la salud y a la vida de las personas”, reiteró el fiscal rionegrino.

Audiencia conciliatoria.
Los reproches a la actitud pampeana y el pedido de inmediata restitución del Tapón eran esperables en el contexto actual del conflicto interprovincial generado por la crecida de los ríos y el riesgo de salinización del Colorado.
Lo que no era tan esperable, por lo menos para las autoridades pampeanas, era el enfático apoyo del gobierno rionegrino a la conformación de un órgano administrativo que maneje en forma integral los ríos de la cuenca del Desaguadero y del Colorado, un pedido que La Pampa viene haciendo desde años sin haber logrado, hasta ahora, este grado de sintonía con sus provincias limítrofes.
“Mi parte está de acuerdo con esta postura”, sostuvo el fiscal Fernández Eguía sin medias tintas. “Ello surge del Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Región Hídrica del Río Desaguadero – Salado -Chadileuvú – Curacó llevada a cabo en fecha 10 de agosto de 2016”, detalló.
El fiscal hizo esta consideración al recordar la existencia en la Corte Suprema de la Nación del amparo pampeano presentado por el fiscal José Alejandro Vanini para lograr la conformación del comité de cuenca del río Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó – Colorado.
“El amparo incoado por la provincia de La Pampa da cuenta de la intención de la demandada de dar solución conjunta a los conflictos relativos al recursos hídrico, a través del Comité de Cuenca cuya formación exige, finalidad compartida por nuestra mandante, razón por la cual consideramos que la posición de ambas partes es afín a una solución conciliatoria”.
Según pudo saber LA ARENA, la postura del gobierno rionegrino sería similar a la de la provincia de Buenos Aires: crear un comité de cuenca del Desaguadero que funcione en forma independiente, desde los administrativo, del comité de cuenca del río Colorado (Coirco9, pero con una estrecha sintonía, máxime en épocas como las actuales, donde las dos subcuencas se ponen en contacto a través del río Curacó y sus pequeñas obras de contención y derivación.
La idea rionegrina es empezar a trabajar de inmediato todas las provincias bajo la forma de comisión de seguimiento -que ya dio sus primeros pasos- pero con vistas a crear formalmente, en un tiempo no muy lejano, el comité de cuenca del Desaguadero.
Aunque diferentes a la pampeana en los tiempos, la posición rionegrina y la bonaerense -que hace dos semanas también presentó un recurso por el Tapón- implican un fuerte reclamo a la larga lucha pampeana por hacer un uso compartido, consensuado y planificado de los ríos de la región, algo que en el caso del Desaguadero nunca ha ocurrido, a raíz la negativa de las provincias de Mendoza y San Juan.

Decreto.
El 22 de junio de este año, el gobernador Carlos Verna ordenó al fiscal de Estado pampeano, José Alejandro Vanini, iniciar “acciones judiciales” para lograr la creación del comité de cuenca del río Desaguadero -Salado – Chadileuvú – Curacó – Colorado. Lo hizo a través del decreto 1541/16 y luego de haber agotado los canales legales e institucionales sin obtener éxito alguno, y ante la indiferencia del gobierno nacional y de las otras provincias de la cuenca.
En los argumentos del decreto, el gobernador pampeano acusó a San Juan y Mendoza por la lenta agonía de los ríos en territorio pampeano a raíz de la construcción de grandes diques en forma inconsulta, principalmente en esas dos provincias. El decreto, y la acción promovida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, marcaron otro hito en la lucha de La Pampa por la gestión compartida de sus ríos, pedido que hasta ahora se circunscribió al Atuel y que ahora se hace extensiva a toda la cuenca del Desaguadero.
Este es el amparo que referenció Río Negro en su presentación de la semana pasada, y al que expresó su total apoyo.

Sacrificio y acueducto
En el amparo Río Negro admite que el acuerdo del año 1985 implica que La Pampa afectará miles de hectáreas como “área de sacrificio” para contener las aguas altamente salinizadas que vienen desde arriba. No obstante, considera que la laguna La Amarga es un reservorio natural para ese volumen, y recuerda que fue en función de ese “sacrificio pampeano” que el Coirco autorizó a nuestra provincia a tomar 2 metros cúbicos del río Colorado, no contemplados en el acuerdo original, para abastecer al Acueducto del Río Colorado y darle agua de calidad a gran parte de la población provincial.

Derecho humano básico
Un dato de sumo interés para La Pampa es que Río Negro funda su reclamo por el Tapón en que afectará el derecho humano de sus pobladores ribereños y regantes a un medio ambiente sano. En ese contexto señala al agua potable como un derecho humano básico, tanto cuando se habla de calidad como de disponibilidad. Es un argumento muy similar al que La Pampa planteó contra Mendoza en la demanda del año 2014 por el corte del río Atuel. Que este argumento haya sido llevado a la Corte Suprema por una provincia que no es ni La Pampa ni Mendoza pero en un escenario cercano al conflicto por el Atuel, no es un dato menor.
“La necesidad de agua es inherente a la condición humana”, subrayó la provincia de Río Negro en el punto décimo primero de la demanda. “Por ello el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
En noviembre de 2002 -añadió-, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15, que en su apartado I.1 estableció que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” y definió al derecho al agua como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico”, recuerda el amparo.

Procuradora a favor del comité de cuenca
La procuradora general de la Nación, Laura Monti, consideró que el pedido pampeano para conformar el comité de cuenca del Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Colorado es de “competencia originaria” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pronunciamiento implica un fuerte respaldo al pedido pampeano de crear el órgano administrativo que regule el uso de los ríos de las dos regiones hídricas.
El pronunciamiento de Monti tiene fecha del 5 de septiembre pero recién ayer estaba disponible en internet. Se trata de un paso formal y aunque el dictamen de la procurado no es de carácter vinculante, tiene un peso superlativo a la hora de decidir si la Corte toma o no el caso en sus manos.
En este caso, Monti dijo que si, que el pedido pampeano por un comité de cuenca cae en la órbita del máximo órgano judicial de la Nación. Argumentó dos razones.
En primer lugar, “es así en razón de las personas”, dado que el conflicto se suscita entre una provincia, La Pampa, y el Estado Nacional. La Corte Suprema es el único ámbito donde confluyen las dos jurisdicciones.
El segundo argumento es “en razón de la materia”, pues se pretende tutelar “un recurso de carácter interjurisdiccional, la Cuenca Desaguadero – Salado – Chalideuvú – Curacó – Colorado”, tema que en razón de las leyes vigentes y fallos recientes de la propia Corte, son de su competencia originaria. El principal fallo referenciado por Monti es la acción que hace dos años promovió el abogado pampeano Miguel Palazzani en su condición de ciudadano afectado en su derecho a un medio ambiente sano y a gozar de un recurso natural como es el río Atuel. Aquella acción, si bien un amparo ambiental, fue convertido en un juicio ordinario por la Corte Suprema y sumado a la demanda que el gobierno pampeano impulsó en 2014 contra Mendoza por el daño ambiental en el río Atuel.
“En tales condiciones, opino que la causa debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, opinó la procuradora general.
Con este pronunciamiento de Monti, la Corte tiene todos los elementos para resolver qué curso le da al reclamo pampeano para constituir el nuevo comité de cuenca.