Eran 300, hoy solo 10 obreros

Robledo planteó dos variantes: que el gobierno, por incumplimiento de la UTE, rescinda el contrato al haberse vencido o que las empresas le entreguen la llave (abandonen la construcción) invocando la imposibilidad financiera de poder continuarla.
"O el gobierno rescinde el contrato o la UTE entrega las llaves". Estas son las alternativas que maneja el diputado provincial peronista Roberto Robledo, y secretario general de la Uocra-La Pampa, sobre el nuevo hospital de alta complejidad que no ha superado el 50 por ciento de su construcción, cuando a mediados de mayo venció el plazo de ejecución de obra fijado por la licitación.
La "unión transitoria de empresas" que fue adjudicataria de la obra en febrero de 2014, bajo el gobierno pampeano de Oscar Jorge, está conformada por las firmas IACO Construcciones, Eleprint y Tecma.
El monto de la licitación ascendió a los 335.437.000 pesos y un plazo de 700 días corridos.
En los últimos meses, las empresas habían sido multadas por las demoras en los trabajos, que al momento alcanzan poco menos del 50 por ciento del total, manteniendo una dotación de operarios de sólo una decena de personas, cuando en su momento de mayor actividad llegó a tener 350.
Hace dos semanas, a través de Radio Noticias y LA ARENA, desde la Uocra local dieron a conocer que era inminente la rescisión del contrato a la UTE por parte de Provincia. Simultáneamente, diputados provinciales del Frepam recorrieron la construcción del nuevo hospital y recibieron un informe de las empresas sobre las razones de que la obra se encuentre parada: que no se les hacía una redeterminación de precios, pese a que habían quedados desfasado producto de las devaluaciones de 2014 y 2015.

Dos salidas.
El gobernador Carlos Verna salió al cruce de los legisladores de la UCR a quienes les imputó no conocer la legislación vigente que le impide hacer redeterminaciones y pidió que la Legislatura le ofrezca alguna herramienta para salir de esta situación.
Robledo no pudo anticipar una opinión sobre cómo terminará esta historia, sí planteó las dos variantes: que el gobierno, por incumplimiento de la UTE rescinda el contrato al haberse vencido o que las empresas le entreguen la llave (abandonen la construcción) invocando la imposibilidad financiera de poder continuarla y, además, allanar el camino para una eventual presentación en caso de una nueva licitación.
"Y ante estas posibilidades, la parte más débil es la de las empresas, que no pueden sostener los trabajos por la cuestión financiera y que no se puede revertir porque el contrato se rige por la Ley de Convertibilidad", acotó el diputado Robledo.