"Es el derrumbe de la soberanía argentina"

El Instituto Arturo Sampay demandó al presidente de la Nación y a sus funcionarios por el contenido de dos decretos que firmó este año. En ellos se establece que si el país entra en default deberá someterse a tribunales internacionales y rematar sus recursos naturales para pagar.
Lucro indebido para sí o para terceros, fraude a la administración pública y dictar resoluciones contrarias a la Constitución son los cargos que el Instituto Arturo Sampay le hizo al presidente Mauricio Macri y un grupo de funcionarios por la firma de dos decretos. Es porque en ellos, el gobierno puso a los recursos naturales del país como garantía de pago de la deuda externa que el país contrajo desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hoy.
Así lo explicó, en Radio Noticias, uno de los denunciantes, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. "La denuncia contra Macri y sus funcionarios es por la garantía que se está poniendo para la toma de créditos internacionales, con el arbitrio de los tribunales de Nueva York, Londres y Suiza, que, de ser necesario, de ingresar en default, impone la obligación de rematar los recursos naturales", explicó.
El abogado aseguró que los decretos no solo impactan en la jurisdicción extranjera para el caso de reclamo de los tenedores externos de bonos, que es onerosa en los plazos y en el interés moratorio que se impone, sino que introduce "la novedad trágica" de que el Estado renuncia a su inmunidad soberana sobre los recursos y riquezas naturales.
"Aquí hay un choque constitucional porque los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron en el año 1994, con jerarquía de cláusula constitucional, establecen que los recursos naturales son propiedad de los pueblos, no de los gobiernos ni de los estados. Este decreto implica la renuncia de todo tipo de defensa de este planteo, es prácticamente entregarnos maniatados a una deuda que ha crecido geométricamente desde el 10 de diciembre de 2015 y que prosigue con la negociación espuria con los fondos buitres", explicó.

Indagatorias.
Barcesat recordó que el 21 de noviembre de 2016 el fiscal federal Federico Delgado pidió las primeras declaraciones indagatorias de los funcionarios que intervinieron en estas negociaciones. Resaltó que los expertos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hicieron los peritajes sobre esos pagos acordados por el gobierno actual con los "fondos buitres" aseguraron que se había pagado "sin ton ni son".
"Ahora, además, se ha incrementado esta deuda externa con esta novedosa entrega, sumisión colonialista, que abandona la doctrina Calvo, la doctrina Bernardo de Irigoyen y la doctrina Rago. En definitiva es el derrumbe de la soberanía argentina, están empeñando los recursos naturales. Esto es lo que existe, aunque a veces no es sencillo trasladarlo a la opinión pública. Esto es lo que hemos llevado a la Justicia y la causa está radicada en el Juzgado de la doctora Servini de Cubría y ahora dependerá todo del impulso fiscal", manifestó.
-¿Cuáles son los recursos naturales que están empeñados?
-Lo que más interesa al apetito de la dominación colonialista son, primero, los hidrocarburos pero también los minerales estratégicos para el desarrollo informático, como el litio, la sílice y el tungsteno, en ese orden, en cuya tenencia la Argentina es pródiga.
-¿Se puede dar marcha atrás con estos decretos?
-Los decretos son un hecho consumado y la emisión de los bonos también, de manera que estamos en una situación difícil. Creo que es posible que se revierta en el orden interno pero después hay que ver cómo se traslada esta reversión al plano internacional. Estos créditos no se han tomado para obras de infraestructura sino para paliar el déficit fiscal y para la bicicleta financiera.
-¿Qué pena podría caberle a los responsables si estos delitos se comprueban en la Justicia?
-Estimo una pena entre 10 y 15 años por el concurso de figuras delictivas.