Juan José Reyes - El gobernador Jorge propuso la semana pasada a los gremios estatales un 4% de incremento salarial desde septiembre hasta fin de año y la apertura de paritarias por sector. Con la suba propuesta se alcanzaría un 23% de pauta anual (8% primero, 11% después y 4% hasta fin de año). Aunque se reconoce el ingente aumento de la canasta familiar y la caída del poder adquisitivo, los dirigentes sindicales piden 15% más, hasta alcanzar el 35% anual.
¿Por qué el Gobierno no puede pagar esa cifra? Simple: la Coparticipación Federal de Recursos creció 23% y la recaudación de tributos locales, un 19,3% en siete meses. Además, Nación adeuda $1.046 millones y el stock del ahorro del erario público cayó por debajo de los 900 millones para lo que resta solventar de obra pública y el adelanto financiero al IPAV para finalizar los planes federales de vivienda y las soluciones habitacionales en curso.
Salvo en el año 2002, siempre se criticó al Gobierno por fijar pautas salariales muy por debajo de los superávit presupuestarios (recursos tributarios y no tributarios propios, coparticipación y transferencias con asignaciones específicas), panorama que dista mucho del contexto actual. Los gremios expresaron disconformidad con la oferta salarial, hasta la calificaron de lastimosa, pero ante la situación financiera hay que rendirse. La desaceleración en las transferencias y la recesión económica local hizo caer los tributos que nutren a la economía pampeana.
¿Hasta dónde se le puede exigir al Estado sin desfinanciarlo, endeudarlo u obligarlo a emitir bonos como otras provincias? Fuera de lo que ocurre con el Fondo Federal Solidario (fondo sojero), único rubro que sobrepasó la inflación y es un pequeño paliativo para las desfinanciadas comunas, la situación es muy compleja.

El reclamo.
Los dirigentes sindicales rechazaron de "cuajo" la oferta salarial y se plantaron en el 15% para la segunda parte del año. La gestión jorgista defiende la propuesta del 4% ya que la inflación proyectada por consultoras privadas es del 24% y que con el 20% del primer semestre y ese último porcentaje se cubre el desfase salarial. En los sucesivos encuentros con la dirigencia gremial, en los cuales participan el ministro coordinador del gabinete, Ariel Rauschenberger, el de Hacienda, Sergio Violo, el de Gobierno, César Rodríguez, y el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz, como voceros de Jorge, aparecerán las estadísticas aquí expuestas. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), UPCN La Pampa, APEL (legislativos), SOEM (municipales), Sitraj (judiciales), Sitravip (viales provinciales), Sipos (personal de obras sanitarias) y Luz y Fuerza (energía) no acuerdan con la propuesta. Los funcionarios, por su parte, dejaron en claro que el 24% es lo previsto en el presupuesto 2012, aunque reconocen que no se está dando esa recaudación. Hasta hoy el gasto extra en salario le cuesta al tesoro público $552 millones y lleva el mínimo garantizado a $4.450 para trabajadores que recién ingresan a la administración.
El problema, como se explicó y como se aprecia en los cuadros anexos, parece imposible de alcanzar por el Gobierno para satisfacer a los gremios. Los números son claritos: la coparticipación trepó a los 1.328,96 millones de pesos, es decir 251,06 millones más que en 2011 (23,58% más). El total de transferencias (incluye asignaciones específicas) pasaron de 1.367,3 a 1.688,8 millones en siete meses, es decir 321,5 millones más (equivale a una suba del 23,51%).
Lo que preocupa más, amén de las deudas de Nación, es la constricción de las gabelas propias, que en promedio apenas aumentaron 19,3% ($1.223 millones con petróleo incluido), y la descapitalización de ahorros por los adelantos financieros para construir viviendas del Plan Federal, que en conjunto superan los mil millones que Nación se ha comprometido a cancelarlas. La vuelta de aquellas remesas promete seguir debatiéndose en la Casa Rosada desde el miércoles próximo entre el gobernador y la presidenta.

Gasto público.
La dependencia de nuestra economía local con las transferencias nacionales es cada día mayor, y buena parte de ella financia los salarios estatales. A este problema estructural se suma la inflación, que deriva en aumentos de costos y desmejora los indicadores fiscales propios y nacionales. Según el Instituto Argentino de Economías Regionales (Iader), La Pampa es la cuarta provincia del país en mayor gasto público por habitante con $19.965, valor que se obtiene con el cociente entre las partidas para gasto y la cantidad de habitantes. Allí se demuestra lo oneroso que es solventar gastos salariales, no por lo elevado de sus emolumentos sino por la enormidad de su plantel. Sólo la superan Tierra del Fuego con 44.570 y Santa Cruz 38.348 pesos per cápita.
El nivel de gasto es un indicador para anticipar las necesidades fiscales, pero no necesariamente habla de las fortalezas y debilidades de La Pampa. De acuerdo a datos del propio Centro Cívico, la cantidad de trabajadores provinciales son 20.120 con 349 funcionarios y los de la Ley 2343. El personal administrativo, de mantenimiento, producción y servicios generales llega a 5.433 personas. En la Justicia trabajan 1.007 empleados; en la docencia, 5.937; en Salud Pública, 4.116; y en la Policía, 2.897.
El mismo organismo que brinda datos de coparticipación dice que hay 63 empleados públicos cada 1.000 habitantes. No contabiliza aquí los 6.476 empleados municipales en las 83 comunas y Comisiones de Fomento, sin incluir contratados y jornalizados que elevan la planta en un 22% más. Esto nos coloca en el noveno puesto del ranking nacional, entre veinticuatro jurisdicciones.
Se puede tener un alto nivel de gasto y ser eficiente, aunque algunos lo duden por las carencias en salud, seguridad y desarrollo de la economía, pero otros distritos con igual proporción de erogaciones son ineficientes tanto en calidad como en la cantidad de ese gasto, cayendo recurrentemente en situaciones de asfixia fiscal. Este no es el caso pampeano. Empero la feroz interna entre el gobernador Jorge y el senador Carlos Verna puede tener coletazos más fuertes todavía, ya que las discusiones paritarias solo para salarios, como lo pidió el diputado provincial ultravernista Martín Borthiry, acarrearán sin dudas más leña al fuego.