Fiscales quieren llevar causas por narcotráfico

PIDEN QUE LA LUCHA CONTRA NARCOMENUDEO SE DESFEDERALICE

Funcionarios judiciales se reunieron en Córdoba le pidieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos poder colaborar en la persecución del narcomenudeo. También solicitaron recursos para esa tarea.
Los fiscales pampeanos vuelven a ser noticia a pocos días de que un gran número de funcionarios del Ministerio Público renunciaran al Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de La Pampa. Ahora, el procurador Mario Bongianino, en representación de los fiscales de la provincia, firmó en Córdoba un documento en el que Procuradores y Fiscales Generales de todo el país le piden al gobierno nacional “desfederalizar en todo el país la lucha contra el narcomenudeo”.
La intención que “sean los ministerios públicos fiscales de cada provincia quienes tomen esa responsabilidad como sucede actualmente en Córdoba”. Para ello también exigen que se “transfieran los recursos a las provincias para esta tarea”.
La declaración surgió del documento final de las Jornadas sobre Narcocriminalidad que se desarrollaron en Córdoba durante el jueves y el viernes pasado, actividad que reunió a los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina.

Consideraciones.
“Es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, tomando en cuenta, además, que actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesa moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio nacional”, señalaron.
“Es posible que ambos ordenes (el provincial y el federal) ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”, agregaron.

Pedidos.
Por otra parte, el documento peticionó “al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización”.
“Una política de persecución integral contra la narcocriminalidad con participación de todos los ordenes judiciales que, como quedara dicho, es la única que logrará poner límites a un problema cuya solución la sociedad demanda que se aborde con decisión y con respuestas contundentes”, cerraron.