Frepam pide comisión fiscalizadora

Ante la inminencia que de alguna manera se intentará reiniciar y terminar la obra del Megaestadio -sin que se sepa aún de qué manera-, desde el Frepam se alienta la formación de una comisión fiscalizadora, en tanto que la diputada Claudia Giorgis dice que la vinculación con Inarco debe terminar con una rescisión "con culpa a la empresa".
Hubo alguna versión de que Inarco, luego que el gobernador Jorge dispusiera levantar el acta de paralización de la obra -con lo que se acababa el plazo para la empresa (le quedaba uno sólo de los 420 días de que disponía)- era la que iba a pedir la rescisión.

A Inarco "no le corresponde".
En este punto Giorgis sostiene que "a la empresa no le corresponde pedir rescindir porque no se hizo cargo de poner el techo cumpliendo el contrato. El día 'D' ya pasó. Está con el contrato vencido y la obra no terminada por lo tanto ha entrado en incumplimiento. Es decir que el paso que le corresponde ahora al gobernador -si actúa con la ley en la mano- es rescindir con culpa a la empresa".
Pidió "defender el interés de los pampeanos ante esta empresa que fue ampliamente beneficiada en estos 8 años al no ser sacada del registro de licitadores. Habrá que estar muy atentos a todo este proceso de rescisión que -si no se volvió a salir de la ley- ya tiene que obligatoriamente haber iniciado el gobernador".

Veedores.
Sobre los futuros pasos agregó que "como dijimos ahora debemos ser veedores para que no se siga perjudicando a los pampeanos. En este sentido vemos con muy buenos ojos que el Fiscal de Investigaciones Administrativas haya solicitado las actuaciones llevadas a cabo en estos días con esta tramitación; porque esto requiere que no sólo los legisladores sino también los órganos que controlan las actuaciones de los funcionarios estemos con la lupa puesta".
Ayer fue el propio presidente de la bancada frepamista, Carlos Bruno, coincidentemente admitió que "estaría bien" avanzar con una comisión fiscalizadora, y que el mismo reglamento de la Cámara lo prevé.
Agregó Giorgis que "no se debe permitir que la 'salida ordenada', según el gobernador, sea perjudicando al estado provincial una vez más. También es bueno que se controle el accionar y la documentación que suscriban los funcionarios para evitar, por ejemplo, que nos pase como en otras oportunidades donde el dictamen de un funcionario no elegido por el pueblo es tomado por el gobernador para violar la ley·

El tero del gobernador.
Haciendo alusión a alguna expresión del gobernador Jorge, la legisladora dice que Jorge "no dijo dónde están los huevos. Porque si el gobernador y sus ministros acusan al vernismo de haber llamado a licitación fuera de la ley tienen que probarlo, hacerlo público y llevarlo a la justicia. Sino pareciera que como el tero gritan para esconder, pero no para defender los intereses de la provincia ante el no cumplimiento de Inarco. Y encima dándole argumentos que benefician a la empresa. Justamente en un momento donde se va a discutir que deja en la obra la empresa y de que se tiene que hacer cargo", concluyó.

"Que no queden dudas"
La diputada Claudia Giorgis insistió en que Inarco "no puede salir alegremente a pedir rescindir, cuando tiene un contrato incumplido y totalmente vencido. La obra encuadra legalmente en la ley 38 pero también en la 2516/09 donde a esta empresa se le dio un nuevo plazo de 420 días que ella solicitó y acordó y tampoco cumplió".
Dijo que le llama "la llama la atención que frente a este disparate el gobierno provincial se haya llamado a silencio. Sería una administración infiel y fraudulenta de parte de cualquier funcionario desde el gobernador para abajo si se permitiera usar aquella suspensión de obra en el día 419 (aquel 30 de diciembre del 2010) que el gobierno hizo para "salvar" a la empresa de lo que correspondía hacerse que era llegar al día 420 y rescindirle por incumplimiento, como una justificación para que ahora la empresa pudiera pedir la rescisión. Exigimos al gobernador explicaciones públicas de qué está haciendo para evitar cualquier margen de dudas".
Recordó que "el inspector que pidió la paralización cuando debieron rescindirle está denunciado en la justicia por administración infiel. En lo mismo caerían las autoridades si actúan como 'socios' de la empresa antes que como defensores de la ciudadanía pampeana. No deben quedar dudas: el Gobierno debe rescindir con culpa a la empresa", repitió.