Galcerán será el testigo estrella del juicio a Peres

El testigo “estrella” del juicio oral y público que afrontarán en enero el presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Peres, y el vocal Rubén Rivero, ya tiene nombre y apellido: Luis Alberto Galcerán, el ex diputado provincial del PJ que durante los ’90 fue presidente del bloque.
Galcerán declarará bajo juramento, ante el jurado de enjuiciamiento, a pedido de Peres, ya que durante el primer gobierno marinista (1983-1987) fue miembro y presidente del TdeC, cuando tenía menos de 30 años.
De aquella época sumó un antecedente que, a priori, no les es muy favorable. En esos años fue acusado de utilizar un vehículo oficial del organismo para irse de luna de miel y chocarlo, circunstancia que nunca quedó debidamente aclarada.
Hoy Galcerán, si bien continúa ligado a la política, ha iniciado otros emprendimientos privados. El año pasado constituyó la sociedad anónima Cuatro Pampeanos y adquirió parte de las acciones de una de las cadenas de carnicerías más grande de Santa Rosa: Centro de la Carne Le-Gui.
La firma fue conformada en 2007 por él, como presidente, Guillermo Rodolfo Galcerán, la docente Sonia Leticia Blanco y Guillermo Miguel Hirtz, de 21 años y de profesión empresario, de acuerdo puede leerse en el Boletín Oficial. La suscripción e integración del capital, sobre la base de 2.000 acciones, fue la siguiente: Blanco 960, Galcerán 480, Hirtz 360 y Guillermo Galcerán 200.
El objetivo social primario es la compra, arrendamiento, administración y venta de establecimientos rurales, su explotación en los ramos de agricultura, ganadería, avicultura, granjas tambos, pasturas, etc.
El ex legislador, además, estuvo de aquél episodio del auto, estuvo dos veces en la mira judicial. Una, cuando se investigaron el envío de subsidios legislativos a fundaciones creadas por diputados del PJ (en su caso fueron dos, Integración Patagónica y Desarrollo Humano), y otra, por haber cobrado supuestamente dos veces los mismos gastos, por viajes a Tucumán y Viedma.

Estrategia defensiva.
Por lo poco que trascendió, los imputados habrían ofrecido una decena de testigos para el juicio que se cumplirá en el recinto de la Cámara de Diputados en la segunda quincena de enero. En ese listado, además de Galcerán, aparecen el otro vocal del Tribunal, Francisco García, e integrantes y/o ex integrantes del organismo.
García apareció en un primer momento involucrado junto a Peres y Rivero por la falta de controles a dos cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, pero luego el jury lo apartó del proceso porque los controles sobre el IPAV le correspondían a Rivero y no a él.
Con esos testigos, la estrategia defensiva de las autoridades del TdeC apuntaría a demostrar que ellos, desde lo formal, cumplieron con todos los pasos burocráticos, pero que les era imposible controlar una cuenta si algún organismo oficial no la declaraba.
Durante el juicio por la megacausa del IPAV, a fines del año pasado, se comprobó que a través de dos cuentas corrientes se desviaron 960.000 pesos, entre 1999 y 2003, para fiestas, regalos, viajes y hasta para que el ex vicepresidente, Hugo Agüero, se compre un sommier. Justamente esa falta de controles fue lo que puso hoy a Peres y Rivero cerca de la destitución, ya que la Constitución pampeana establece como facultad del Tribunal, “fiscalizar la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales”. Además, su Ley Orgánica estipula que debe “intervenir en el control previo, y en el ulterior juzgamiento de las rendiciones de  cuentas de las operaciones financiero-patrimoniales de los poderes del Estado y de los organismos autárquicos o descentralizados, a fin de verificar la legitimidad de los trámites” y “fiscalizar la inversión de los subsidios que la provincia otorgue a entidades privadas”.

Uno solo, pero clave.
Por el lado de la acusación, el procurador Mario Bongianino. solicitó un solo testigo: el ex contador del Superior Tribunal de Justicia y actual miembro de la oficina pericial del Poder Judicial, Silvio Alejandro Alvarez, quien durante el juicio de la megacausa dejó mal parados a Peres y Rivero, y volvió a hacerlo cuando declaró ante el jury durante la instrucción de la causa.
Alvarez, en su condición de perito contable, desnudó la falta de controles sobre el IPAV. realizó pericias y emitió dictámenes cuando colaboró con la jueza Verónica Fantini durante la investigación por los desvíos en Vivienda.
El testigo habría dejado en claro, cuando habló ante el presidente del jury, Víctor Menéndez, y los vocales, los diputados Patricia Lavín y Martín Berhongaray, y los abogados Marina Vanini y Héctor De la Iglesia, que en el IPAV ingresaron menos fondos de lo que debían ingresar por las cuotas que los adjudicatarios pagaban en el Banco Hipotecario, que se hicieron compensaciones que la Ley de Contabilidad no permite, que a la cuenta recaudadora dejaron de ingresar dineros públicos provenientes de los gastos de inspección (equivalentes hasta el dos por ciento de cada certificado de obra) y que en la cuenta de Habilitación se comprobaron diferencias entre los movimientos reales y las rendiciones de esos gastos de inspección.
Bongianino ya fijó su posición con antelación. Dijo que se trata de un juicio político y que, por lo tanto, debe evaluarse la conducta de los funcionarios desde su responsabilidad política. Por eso para él, Peres y Rivero tuvieron responsabilidad en esos “agujeros negros” en el IPAV y deben ser destituidos.