Giorgis profundizará denuncia penal

MULTIMILLONARIA ESTAFA CON SMS

Hay más de 60 millones de celulares en el país y con que cada uno reciba un mensaje “fantasma” por día, el monto de esa estafa que sufre el cliente de las telefónicas ascendería a 30 millones de pesos, según calculó Giorgis.
La legisladora provincial del Frepam, Claudia Giorgis, está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias en su lucha que comenzó como usuaria de una empresa de telefonía celular (Claro) ante la que accionó judicialmente para que le devolviera 1.400 pesos de pagos por mensajes recibidos contra su voluntad.
Ahora, profundizará su accionar ante la justicia tras constatar en Buenos Aires que las compañías involucradas en esta irregularidad no existen o están disimuladas en “cuevas” dentro de la “city” porteña.
Giorgis impulsó y logró que los diputados provinciales aprobaran por unanimidad la ley por la que La Pampa se adhiere a la norma nacional que establece un registro, denominado “No llame”, para que el usuario de celulares bloquee la posibilidad de ser invadido por mensajes “fantasmas” que son deducidos a su cuenta.
Este es un registro al que se podrá acceder en forma gratuita y voluntaria, tras lo cual las líneas quedan bloqueadas y así se evita el ingreso de la mensajería no deseada.
“Es un granito de arena más en una lucha que como usuaria inicié para evitar ser invadida por mensaje que no pedíamos y que nos cobraban. En mi caso fueron 1.400 pesos que luego de varias cartas documento a la empresa “Claro” y la intervención de abogados y causas judiciales, logré que me devolvieran”.
La legisladora remarcó que se trata de “una estafa que involucra a millones de personas que no hacen reclamos frente a un ardid que se basa, precisamente, en que el usuario no sabe que se le están cobrando esos mensajes”.
“En el país hay 60 millones de líneas de celulares por lo que estamos frente a una irregularidad millonaria y es dinero que, de otra forma, podría ser destinado a cuestiones sociales”.
El registro al que adhiere nuestra provincia, mediante la ley sancionada el jueves pasado, está en etapa de reglamentación y podría llevar un año su implementación. “No nos vamos a quedar en esto, vamos a profundizar la denuncia penal por estafa ahora que la Corte Suprema de Justicia resolvió que quien debe investigar es la justicia provincial”, explicó Giorgis.

“Cuevas”.
“Hay un fiscal actuando y vamos a aportar en estos días los datos sobre las “cuevas de los celulares”, porque cuando “Claro” me devolvió el dinero me reconoció que eran cobros indebidos, pero que las responsables eran cinco sociedades anónimas radicadas en la ciudad de Buenos Aires”.
La diputada recorrió esas direcciones porteñas y se encontró que no había empresas identificadas y que la mayoría estaban en oficinas perdidas en edificios, cuyos moradores “hicieron lo imposible para sacarse de encima nuestra presencia y evitar respondernos”.
“Hicimos un largo recorrido y llegamos a la conclusión que no es lo que “Claro” me dijo, que hay firmas que no encontramos y otras que son muy dudosas, por eso queremos ver el contrato de “Claro” con esas empresas, quien le entregó la base datos y qué servicios prestan”, acotó la legisladora del Frepam.
La diputada anticipó que en los próximos días enviará una nueva carta documento a la telefónica para que abunde en detalles de esta operación irregular, datos que luego aportará al fiscal interviniente. “Queremos que se abarque a todas las empresas y que la justicia tenga una medida ejemplificadora para todas las compañías y todos los usuarios del país”.