Giorgis quiere conocer expediente
Miércoles 13 de marzo 2024

Giorgis quiere conocer expediente

Redacción 17/09/2015 - 01.52.hs

La diputada Claudia Giorgis presentó a la Legislatura un proyecto en el que pide al Poder Ejecutivo que envíe el expediente completo del segundo tramo del Acueducto del Río Colorado para saber si el trámite se hizo "con apego a la legalidad". La legisladora impulsó el pedido luego que el actual ministro de Obras Públicas dijera que "no se está haciendo nada" y calificó a la obra como una nueva "megamentira", en referencia a la inconclusa obra del "Megaestadio" de Santa Rosa.
El proyecto que presentó ayer la diputada Giorgis consta de un solo artículo. En él se solicita al Poder Ejecutivo provincial que de acuerdo al artículo 68, inciso 8, de la Constitución Provincial, remita a la Cámara de Diputados copia del expediente administrativo 14970/2008. Se aclaró allí que el expediente debe remitirse "completo desde su inicio hasta la fecha de envío" y "en un plazo no mayor a 10 (diez) días corridos de recibida la presente".
Al fundamentarlo, la diputada recordó que la licitación para hacer la segunda parte del Acueducto se concretó en el año 2009 y que el contrato con las empresas ganadoras, Supercemento y OAS, recién se firmó en el año 2013.
"Los últimos datos públicos del accionar oficial del gobierno de la Provincia en torno al mismo datan de la firma del contrato en marzo de 2013, sin conocerse ninguna otra acción hasta los primeros días del mes de julio del presente año donde sorpresivamente se firma el acta de replanteo y aparentemente se da inicio a la obra".
Giorgis recordó que desde la firma del contrato, en 2013, se debían contabilizar 30 días para el acta de replanteo y 90 días corridos para el proyecto ejecutivo. También desde esa fecha se contabilizan los 750 días corridos, como plazo de obra, a partir del acta de replanteo. "Ahora bien -planteó-, el gran interrogante es qué sucedió desde abril del 2013, en que debió firmarse el acta de replanteo y a partir de allí empezar a correr los plazos, hasta julio de 2015 donde el gobernador de manera repentina suscribe esa acta. ¿Cuáles fueron las acciones que llevó adelante el Poder Ejecutivo Provincial en estos más de 2 años transcurridos?".
"No sería justo que la sociedad pampeana tenga que afrontar nuevamente las nefastas consecuencias de la inacción, de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de hacer como ha ocurrido con el Megaestadio, otra obra importante en la provincia, inconclusa", disparó la diputada.

 

Interrogantes.
Otro aspecto que advirtió Giorgis es que "aparentemente se habrían cambiado las condiciones del pliego", cuando se cayó el financiamiento brasileño y el gobierno nacional tomó la decisión de costearlo con fondos propios. Ese cambio debió motivar, según Giorgis, una sanción a la empresa adjudicataria, por no haber sostenido la fuente de financiamiento externo.
"Recordemos -apuntó- que era requisito para la adjudicación el compromiso firme de financiamiento, en los términos ofertados, emitido por la entidad financiera respectiva. Es decir, la ausencia del cumplimiento de este requisito implicaba la revocación del acto de adjudicación, sin compensación alguna para el oferente, y con la consiguiente ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta".
"Estando claro además que si la falta de cumplimiento en el compromiso de financiamiento por parte de la empresa ocurría antes de la firma del contrato producía el rechazo de oferta. Y si ocurría después, daba lugar a la revocación del acta de adjudicación y por lo tanto el llamado a una nueva licitación", afirmó.

 

"Plazos vencidos".
En unas reflexiones que anexó al pedido de informes, Giorgis dio por descontado que los plazos están vencidos y que todo el trámite está teñido de ilegalidad. Para ello se valió de las declaraciones del ministro Horacio Giai de que en el gobierno provincial "no están haciendo nada con el acueducto tramo II", un dato que "no es un tema menor".
"El ministro tendría que hablar con actos y éstos dentro de la ley. El señor ministro va a tener que rendir cuenta. No fue legal haber firmado el acta de replanteo y no haber hecho nada. Trae aparejado, según la Ley de Obras Públicas, consecuencias económicas gravísimas para la provincia".
"Es la confirmación de un hecho de una desmesurada insensatez propia de algún magnate del poder. ¿Cómo puede luego de 6 años muy suelto de cuerpo el Ejecutivo otorgarle la obra cuando todo el procedimiento ya está caduco?", se preguntó.
"Una licitación tiene plazos, en este caso ya vencidos por supuesto. Esos plazos tienen una razón de ser. Proteger los intereses de la Provincia saber que la empresa que gane la licitación está en condiciones de hacerla y a esto el Ejecutivo le está haciendo la vista gorda", sentenció.
"El gobierno no debe hacernos perder más tiempo y plata a los pampeanos, como pasó con el Megaestadio; esto es igual, es el calco. El gobernador debe retomar el camino de la ley y dar marcha atrás con esta nueva 'megamentira'", concluyó.

 

Una empresa en default
El tema de la documentación y los balances de las empresas fue otro punto que motivó el pedido de informes, más teniendo en cuenta que la empresa brasileña OAS apareció vinculada a los escándalos de corrupción que golpearon al gobierno de Brasil.
"Es importante conocer si se ha verificado el estado de situación actual de las empresas ya que al haber transcurrido 6 años de la presentación de sus balances hoy pueden no tener la misma confiabilidad. Esta es otra duda que resulta de suma importancia aclarar", remarcó en el pedido de informes.
"La situación es aún más alarmante si se tiene en cuenta que directivos de alto rango de una de las empresas que forma parte la UTE han sido procesados en el año 2014 acusados de realizar coimas en Brasil. Incluso una de ellas habría entrado en "default" en enero del presente año, según diarios brasileños".
Por ese motivo, es aún más relevante " verificar lo acontecido en el expediente de la obra que nos ocupa" ya que "no queremos someter a los pampeanos al riesgo de que la empresa no pueda cumplir o que la empresa no la pueda realizar" y la provincia tampoco tendrá la capacidad para responder por ello atento a los montos grandísimos que se manejan.

 


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