Gualtieri será indagado en San Luis
Martes 12 de marzo 2024

Gualtieri será indagado en San Luis

Redacción 01/09/2015 - 01.37.hs

El empresario Victorio Américo Gualtieri, cuya empresa construyó la primera etapa del Acueducto del Río Colorado, fue llamado a indagatoria por la Justicia de la provincia de San Luis, donde sospechan que cometió el delito de defraudación al Estado puntano en la construcción de los diques San Francisco y Saladillo.
"La fuerza de las pruebas sobre las irregularidades en los informes técnicos y en la facturación de las obras respaldó la decisión del juez Penal 1, Sebastián Cadelago Filippi, después de cinco años de investigación, de llamar a indagatoria al empresario Victorio Américo Gualtieri y a otras veintiún personas", informó el diario La República, en su edición del viernes.

 

Defraudación.
Junto al empresario, algunos de los imputados en la causa son profesionales de la empresa de Gualtieri y personas que primero fueron empleados del empresario y luego, contratados por el Gobierno, formaron parte de un "Grupo Asesor" que intervino en las obras, según la acusación de la Fiscalía de Estado que motivó la investigación.
En la convocatoria de la Justicia también están incluidos los inspectores de obra del Estado provincial. "Firmaron certificaciones que contendrían datos inflados sobre supuestas inyecciones de cemento que nunca se hicieron. Y que le causaron a la provincia un perjuicio económico que rondaría los sesenta millones o setenta millones de pesos, según la estimación de la jefa de la sala Penal de la Fiscalía de Estado, Velia Guil", informó La República.
Añadió que el Gobierno "no llegó a desembolsar ese total porque se rompieron las negociaciones" y se realizó una auditoría en la que se concluyó que había habido un exceso de la facturación.

 

Fiscalía de Estado.
En el artículo se explicó que si las empresas no llegaron a quedarse con la cifra global, al menos se alzaron con más de la mitad: "Mercovial GSI -una UTE, Unión Transitoria de Empresas- pretendía cobrar impermeabilizaciones que nunca hizo. Reclamaba unos setenta millones de pesos, pero de una auditoría surge que la UTE le debería a la provincia unos cuarenta millones, que habría pagado de más", dijo una fuente consultada por La República.
En las certificaciones de obra, declararon más aplicaciones de las proyectadas, con un cemento bastante más caro que el que se había presupuestado. La Fiscalía de Estado concluyó que la cantidad de inyecciones que declaraban era imposible de realizar por las características del lugar y por el tipo de maquinaria que tenían.

 

Los inspectores.
Por ese motivo, fue la propia fiscalía de Estado la que denunció y, por ahora, la Justicia parece entender que hay pruebas suficientes para sostener la acusación por la presunta estafa al Estado en la cantidad y calidad de los materiales.
De acuerdo al cronograma que estableció la Justicia de San Luis, Gualtieri será el primero que deberá presentarse a indagatoria. Su audiencia tiene fecha para el 22 de septiembre a las 9. Cadelago Filippi aseguró en declaraciones a La República que la causa es compleja porque la mayoría de las irregularidades estaría en la facturación de las inyecciones de cemento para impermeabilizar las laderas de los cerros, los macizos naturales en los que se iban a construir los diques.
El juez reveló que los inspectores de obra del Estado no estaban incluidos inicialmente en la denuncia que Guil hizo en nombre de la Fiscalía, pero él resolvió llamarlos a indagatoria para que dieran explicaciones sobre si se hizo el trabajo que dijeron que se hizo.

 

El constructor de los noventa
En julio de este año, LA ARENA informó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le había rechazado a Gualtieri el recurso de queja que había presentado en el marco de la demanda que presentó contra el Estado pampeano por haberle rescindido la obra del Acueducto del Río Colorado. El empresario bonaerense reclamaba una compensación de 46 millones de pesos.
La obra le había sido adjudicada en los '90 por el entonces gobernador Rubén Marín por un monto de 136.796.302 pesos-dólares. Dos años después de la adjudicación, la Provincia le rescindió el contrato por varias causales. Una de ellas fue la extrema lentitud de ejecución y otra el hecho de haber colocado caños sin las especificaciones que establecían los pliegos.
La inexperiencia de Gualtieri en este tipo de obras fue advertida desde el principio por otros oferentes y por los medios de comunicación. Pero el gobierno provincial de entonces ignoró todas las señales. Tras la salida de Gualtieri en el año 2001, se hizo cargo de la obra la UTE Techint-Skanska, que la finalizó en 2005.
El año pasado, Gualtieri había sido noticia cuando trascendió que había sido condenado a dos años de prisión por evasión fiscal en una causa que se desarrolló en los tribunales de Mar del Plata. La investigación se inició por una denuncia de la AFIP tras comprobarse la utilización irregular del régimen de promoción industrial durante la década del '90 en obras que se realizaron en provincias que gozaban de ese beneficio.

 


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