Inflada pero legal

El ex intendente Luis Larrañaga salió airoso, por ahora, de la denuncia que realizó en su contra el actual intendente Leandro Altolaguirre, quien lo acusó de haber inflado deliberadamente los números de la recaudación durante su gestión para recibir un aporte de coparticipación más generoso de parte de la provincia.
La jueza de Control, María Florencia Maza, ratificó lo resuelto por el fiscal general Guillermo Sancho, quien días atrás concluyó que, si bien la maniobra existió, no revistió delito alguno porque no se produjo ninguna adulteración de documento público.
Desde el propio Poder Judicial informaron ayer que la magistrada confirmó el archivo decretado por el fiscal general mediante la resolución del 23 de junio de este año. El 31 de marzo, unos días antes, se había presentado la denuncia por parte de las actuales municipales actuales.
De acuerdo a la denuncia, el presunto delito había consistido en informar falsamente al Gobierno de La Pampa que la comuna recabó dinero en sumas superiores a las reales con el objetivo de aumentar el índice de coparticipación.
Sancho, tras analizar la información contenida en el expediente judicial, concluyó que no había ilícito alguno porque "la información incorrecta" vertida en una planilla que no requería de formalidad alguna, no configuraba ese tipo penal. "No se creó ni se adulteró un documento con formalidades determinadas, ya que no existen previsiones legales con relación a la forma en que los recursos propios de los municipios deben ser informados a la Secretaría de Asuntos Municipales, conforme lo previsto en la ley 1065", argumentó.
"Entiendo que no ha existido una conducta penalmente reprochable, aunque no puede negarse la negligencia o mala fe con que se actuó al informarse falsamente datos que tienen incidencia directa para la gestión de los municipios y/o comisiones de fomento, en un sistema de control recíproco como el que prevé la ley 1065", concluyó.
Apenas notificados de lo resuelto, el director de Asuntos Jurídicos de la ciudad, Claudio Pérez de la Prida, y una colaboradora, la abogada Verónica Alejandra Fernández, ambos querellantes en la causa, le solicitaron al propio Sancho que se eleve las actuaciones a un juez de control para que revea esa resolución.
El fiscal general remitió el expediente a la Oficina Judicial y desde allí se le dio intervención a Maza. "Lo oportunamente resuelto por el fiscal general, se ajusta a derecho, su decisión aparece fundada y acorde a las probanzas colectadas, compartiendo la suscripta en un todo los argumentos expuestos (por Sancho) en su resolutivo", sostuvo la magistrada.