Ingenieros admiten que es “cuestión de plata”

Fue el diputado Martín Borthiry (PJ-vernista) el que terminó blanqueando una situación que subyacía, pero que nadie expresaba abiertamente. Fue a las idas y venidas sobre el proyecto de disolución parcial del Consejo de Arquitectos, Ingenieros y Maestros Mayores y Técnicos.
La iniciativa fue presentada por la Asociación de Arquitectos, y apunta a modificar la ley 1011. Significa en la práctica que los arquitectos formarían su propio colegio, pero además avanzan en proponer que los que se quedan sigan como Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa.
Ya la semana anterior fueron los maestros mayores de obras que en la Legislatura se mostraron en contra de que, si los arquitectos deciden irse, les digan cómo deberán seguir aquéllos, cómo deberá llamarse el colegio que los agrupe y cuáles serán sus incumbencias.

Ingenieros en la Legislatura.
Ayer fueron los ingenieros los que concurrieron a la comisión presidida por Carmen Bertone, y expusieron sus dudas. Roberto Arce, presidente de la asociación que los agrupa, Luis Gallegos, Luis Crociara y Luis Martínez Aparicio, plantearon que pueden producirse colisiones de intereses, al momento del aporte que se realiza al Consejo Profesional de Arquitectos, Ingenieros y Maestros Mayores y Técnicos, que perciben por ley el 3% de honorarios de trabajos que realizan (visado de planos, licitaciones por obras privadas y públicas).
Sucede, explicaron los visitantes, que en diversas obras -como podría ser la del nuevo hospital- confluyen trabajos de representantes de las distintas profesiones (arquitectos, ingenieros y maestros mayores y técnicos), con lo que en caso de disolverse parcialmente el Consejo como se alienta, "se propiciaría una fuente de conflicto".

¿Todo por los fondos?
"Entonces es una cuestión de plata", planteó Borthiry, pidiendo que la aclararan. Más allá que los ingenieros también insistieron en que les importa mucho la cuestión de las incumbencias, quedó la impresión que el fondo de la cuestión sería ese.
Luis Gallegos sostuvo que ya se dan situaciones de desencuentros, por ejemplo con pliegos de licitaciones del IPAV, cuando para obras en que se deben realizar tareas de electricidad se menciona que debe ser llevado adelante por arquitectos. Obviamente los ingenieros electricistas son los encargados y los arquitectos "no tienen incumbencia" en esos trabajos, lo que los obliga a hacer firmar sus trabajos por arquitectos. "No hemos tenido problemas con eso, y hasta a veces lo hemos firmado nosotros, pero la realidad es que los pliegos no están bien hechos", amplió.

Complicado.
Sobre los fondos que van al Consejo se habló de la necesidad de que haya "un ente superior que resuelva sobre los mismos", y advirtieron que los más perjudicados en caso de una obra pública serían los técnicos, porque casi siempre se menciona en los pliegos sólo a arquitectos e ingenieros. "Hay que evitar la judicialización de esta cuestión", solicitaron.
Así las cosas, el proyecto de los arquitectos, por ahora, pareciera difícil que avance tal como está concebido. Y al cabo, como dedujo el diputado Borthiry, en el fondo sería "una cuestión de plata".