Inicia juicio a Alcala y Sterin

Después de 10 años de idas y venidas finalmente se realizará en el Tribunal Oral Federal el juicio contra el ex intendente Néstor Ricardo Alcala y su ex secretario de Obras Públicas, Jaime Leonardo Sterin, que afrontarán el cargo de partícipes necesarios de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
Para la primera audiencia, fijada para mañana a partir de las 8.30, si bien han sido citados más de 30 testigos, quedaron sólo 6, porque las partes desistieron del resto. Entre los citados están los denunciantes Claudia Giorgis, actual concejal de Santa Rosa por el Frepam, y Alfredo Carrascal, quien también era edil cuando se promovió la presentación. Se estima que las audiencias podrían extenderse por lo menos hasta el próximo viernes.
La causa penal se abrió en junio de 2006 cuando los representantes del Fregen, Claudia Giorgis (fue luego de la denuncia diputada y hoy está nuevamente como concejal) y Alfredo Carrascal denunciaran que los recorridos de los micros de El Indio -por entonces la única empresa de transporte que prestaba el servicio público de colectivos- estaban inflados para cobrar más subsidios. Originalmente también fueron procesados el dueño de la empresa, Diego Carlos Osorio, y el ex director municipal de Servicios Públicos, Arturo Ripa, ambos fallecidos.

Números exagerados.
La acusación formulada sostenía que El Indio recorría con 16 vehículos 613.000 kilómetros semestrales y consumía 50.299 litros de gas oil mensuales. Sin embargo, en las planillas que el municipio remitía a Nación figuran 20 vehículos, 950.702 kilómetros y 66.700 litros de gas oil. Así, los números se habrían inflado para que Osorio cobrara más subsidios a través de dos vías: el Sistema Integrado de Transporte Automotor y un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros recorridos, entre otros ítems. Un subsidio lo cobraba en efectivo y el otro con gas oil a bajo precio. Los funcionarios municipales quedaron involucrados en la presunta maniobra defraudatoria porque dieron fe de esos datos falsos a través de las planillas que firmaron y que equivalían a una declaración jurada.

Sobreseimiento y revocación.
En su momento el juez federal Pedro Zabala consideró que el delito no había existido y sobreseyó a los implicados. Sin embargo, ante un planteo de quien era fiscal, Marta Odasso, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca -integrada por los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Montezanti- revocó aquel fallo.
Señaló la Cámara bahiense, en su argumentación, que no se advierten "las categóricas conclusiones" a las que alude el juez de grado, máxime si se tomaban en cuenta las limitaciones para llevar a cabo la tarea pericial y la recomendación de recurrir a la Secretaría de Transporte de la Nación.

Beneficio indebido.
La entonces jueza federal subrogante, Iara Silvestre después de notificarse de esa resolución, envió dos notas al secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, y al interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Fernando Rodrigo Manzanares, pidiéndoles informes ampliatorios sobre una serie de datos clave para definir si mandaba a juicio oral y público a los dos imputados.
Silvestre en su escrito había detallado que "se investiga una presunta percepción de un beneficio económico indebido de Osorio con la colaboración de Alcala, Sterin y Ripa" y que ella "se habría obtenido mediante el cobro ilegítimo de los dineros de la Secretaría de Transporte, transferidos en virtud del Sistau (Sistema del Transporte Automotor), que iban a la cuenta de Osorio (...) y la presunta adquisición indebida de gas oil subvencionado conforme los litros determinados por la CNRT".