IPAV reclamó por “relocalización”

SIGUE EL JUICIO POR OCUPACION DE "CHAKRA RAIZ"

Continuó ayer el juicio oral y público contra quince integrantes del colectivo Chakra Raíz, quienes están acusados de usurpar desde el año 2015 un terreno que estaba en desuso hace unos 30 años en la localidad de Toay, donde el IPAV iba a construir más de cien viviendas sociales.
El juicio seguirá hoy desde las 9 en la Ciudad Judicial de esta capital con los alegatos. El fiscal Carlos Ordás acusó a los imputados por el delito de usurpación , que prevé una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión, y adelantó que pedirá el desalojo. La defensora Silvina Blanco Gómez irá por la absolución.
Ayer, continuó la ronda de testigos. La primera en declarar fue Juliana Stock Capella, abogada del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) quien advirtió que a partir de la ocupación de las tierras no se pudieron construir las 112 casas previstas por el Estado y advirtió que hay 500 personas “en espera”.
La letrada dijo que “la adjudicación se suspendió por la usurpación y la relocalización llevó dos años más”. También reconoció que no se realizó el estudio de impacto ambiental sobre la zona, para construir las viviendas sociales y dijo que el predio estaba libre, condición para la donación por parte de la comuna al IPAV.
En tanto, Carina Lobos, una artesana de 40 años, amiga de los acusados, planteó que “los vecinos prefieren que estén los chicos en el lugar antes que venga alguien y arrase el médano; los chicos son artesanos de la vida”. Contó que recolecta hierbas en la zona, y luego las vende en la feria del parque Oliver.

Problemas habitacionales.
Otro de los testimonios fue aportado por Rosana Aimetta, vecina de la zona. Explicó que los acusados tenían problemas habitaciones y destacó que “son habilidosos, constructores, artesanos, herreros, se arreglan con lo que tienen”. Además, aseguró que “no existe ninguna intención de especulación inmobiliaria” y que también pretende cuidar el espacio natural.
Señaló que eligieron el lugar porque se trata de tierras fiscales y que “se sensibilizaron, ya que era el último médano que queda en Toay con caldenes y chañares de 300 o 400 años. Eso es un patrimonio natural, con la pérdida del paisaje también se afecta la vida de las personas”.

En desuso.
Miguel Antequera, un vecino de la zona, afirmó que el terreno “está abierto” y “quedó como baldío hace 30 años”, refiriendo sobre la falta de delimitación en la zona y que no era utilizada, como en la primera jornada del debate advirtieron los policías que el 8 de octubre de 2015 constataron la ocupación.
El Tribunal de Audiencia que entiende en el juicio está integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Miguel Gavazza.
El predio en cuestión está ubicado en calles Catamarca y San Luis de Toay. Fue ocupado en 2015. Por ahora, son varias familias que viven en casas sustentables, aunque no todos los acusados, denunciados por el IPAV, permanecen en esa zona.