Juicios directos: Bongianino eligió mantenerse en silencio

El procurador general Mario Oscar Bongianino mantuvo ayer un cerrado silencio ante un informe de este diario que revela la escasa aplicación del instituto penal de juicio directo -una figura nueva del Código Procesal Penal que se puso en marcha en 2011-,que apunta a darle mayor celeridad a los procesos judiciales en la provincia, aunque la situación más llamativa es la de Santa Rosa.
El informe de LA ARENA indica que esa herramienta procesal apenas se utilizó en cinco casos en esta capital considerando los tres años de vigencia del nuevo Código, pero la realidad es diferente en General Pico y General Acha, donde el número es mayor, según datos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa.
Ante esta situación, un cronista intentó comunicarse con el jefe de los fiscales, aunque sin resultados positivos. Dos llamados telefónicos a su oficina, tres a su celular y hasta una visita al Ministerio Público Fiscal (MPF) fueron en vano. Personalmente, su secretaria prometió consultarlo sobre el tema, pero también fue imposible contactarla en una segunda oportunidad.
De esta forma, al menos en principio, lejos estuvo el procurador Bongianino de tener la intención de comunicarse con la prensa durante la jornada de ayer, después de la publicación, para explicar porqué los fiscales que están bajo sus órdenes no trabajaron más con la nueva herramienta legal, ante una sociedad que reclama mayor celeridad en la Justicia.
La pregunta principal que pretendía trasladársele al procurador era por qué la escasa cantidad de casos resueltos en Santa Rosa con juicios directos, considerando principalmente que mensualmente, de acuerdo a datos oficiales, se detienen alrededor de 200 personas in fraganti.
Ayer esta hoja también contacto brevemente al jefe de Policía, Ricardo Baudaux, y el funcionario ratificó que esa cantidad de personas son detenidas mensualmente -en promedio- en el momento en que están cometiendo un delito.

El escenario.
La cuestión se plantea en momentos donde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrió el debate sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que incluye los juicios directos, una herramienta procesal que permite juzgar de forma más expeditiva a aquellos que delinquen y son encontrados in fraganti en el momento del hecho.
En Santa Rosa el uso de este procedimiento es escaso, sin embargo en Pico comenzó a aplicarse con mayor frecuencia después del caso de Sofía Viale, la niña de 12 años que fue secuestrada, abusada y asesinada por Juan José Janssen en 2012, y que sacudió a esa ciudad norteña con un estallido social y generó un cimbronazo en Casa de Gobierno.
Los números sobre la aplicación del juicio directo son contundentes. Según datos de la Justicia, el año pasado en el período interanual de marzo de 2012 a marzo de 2013, donde hubo 2.844 audiencias y 2.398 personas judicializadas. Se hicieron 63 procesos "rápidos": unos 61 en Pico y apenas dos en esta capital provincial.
A partir de esta situación, surgen algunos cuestionamientos en la aplicación del Código Procesal, que según los especialistas debería permitir agilizar los tiempos procesales entregando mayor celeridad al servicio de justicia, algo que reclaman los vecinos. Esta situación, precisamente, plantea una discusión sobre la actuación actual de la Justicia.
El juicio directo es un instituto previsto en el artículo 386 del CPP que indica que "cuando una persona haya sido detenida en flagrancia, o hubiese aceptado la autoría de un hecho, y en ambos supuestos el máximo punitivo del delito no exceda de tres años, el MPF puede ordenar a la Policía que el detenido sea puesto a disposición del Presidente de la Audiencia de Juicio o del Juez del Tribunal de Juicio Especial, en su caso, quien resolverá acerca de la procedencia de la medida coercitiva impuesta dentro de las 24 horas".