Juicios por jurados para casos de corrupción

En pocos lugares del país, pese a que la Constitución Nacional lo prevé, se aplicó el juicio por jurado. Aquí se hicieron jornadas para informar al foro local cómo se aplicaría, pero el tema no avanzó.
Hace más de dos años el diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam) presentó un proyecto en la Legislatura para instituir el juicio por jurado en casos de delitos cometidos contra la administración pública. Dice el legislador que "los casos de corrupción son el punto más flaco del Poder Judicial, donde se advierte menos imparcialidad e independencia".
En diálogo con LA ARENA pidió "hacer más eficaces las políticas sociales".
-¿Cómo se debe combatir la inseguridad?
-Creo que para luchar de un modo efectivo hay que articular una serie de cuestiones, que tienen que ver entre otras cosas con hacer más eficaces las políticas sociales, con combatir con convicción y a fondo el narcotráfico, con mejorar las posibilidades de acceso al empleo, así como la educación y la salud. En definitiva, hay que abordar el tema desde la raíz buscando prevenir el fenómeno, por supuesto que con una fuerte presencia estatal.
-Cuál cree que sería una medida práctica que se podría tomar en La Pampa para mejorar la seguridad.
-Una medida muy necesaria es el juicio por jurados para los delitos contra la administración pública, como son los casos de corrupción, que aparecen como el punto más flaco del Poder Judicial, y donde se advierte menos imparcialidad e independencia.
Justo para eso presenté un proyecto hace más de dos años. Entiendo que tienen que ser los ciudadanos los que evalúen y decidan sobre el comportamiento de sus representantes, de sus funcionarios, que es por otra parte lo que exige la Constitución Nacional desde 1853 y no se cumple.
-¿Cree que hay se actúa con la diligencia necesaria en la justicia?
-Estoy convencido de que la principal batalla debe darse contra la corrupción. El otro día escuché a un abogado hablar de imponerle sanciones administrativas y económicas a los jueces y fiscales que dejen prescribir causas por propia voluntad, o por consentir artilugios que en forma abusiva presenten los abogados defensores. También mencionaba sancionar a los jueces y fiscales que no permitan que las causas de corrupción se resuelvan dentro de los siete años desde el inicio de la investigación. Y encontré a las dos medidas, además de novedosas, bastantes razonables. Creo que algo fuerte en esa línea podría ayudar.
-¿Conoce qué aspectos se pretenden reformar del Código Penal?
-Han trascendido algunas cosas por los medios de comunicación, pero seriamente no puedo opinar porque aún no se dio a publicidad el anteproyecto de reforma. Se dicen muchas cosas y hay opiniones de todo tipo, pero es difícil saber quiénes tienen información de primera mano.
-Algunos voces críticas de esa reforma plantean la inconveniencia de bajar las penas de los delitos. ¿Qué opina?
-Es casi infantil relacionar la inseguridad con el monto de las penas. De otra manera seria muy fácil: elevamos todas las penas a 20 años y se terminaría la inseguridad. Pero no es así. Un ladrón no va a estar más preocupado y condicionado porque se eleven de 6 a 8 años la pena del robo; ni menos porque se baje de 6 a 4 años. La inseguridad se combate fundamentalmente con prevención. Cuando le toca actuar al derecho penal, ya es tarde porque quiere decir que el delito ya se cometió. Además está suficientemente probado en el mundo que el monto o la graduación de las penas no tiene incidencia en la determinación que pueda tener el delincuente para cometer un delito.
-¿Entonces la pena no es un condicionante para los que delinquen?
-Lo que sí ayuda y mucho a evitar los delitos es la certeza de que la pena impuesta va a ser de efectivo cumplimiento. Es decir, que el delincuente tenga la seguridad de que si lo atrapan le van a imponer una pena de 5, 6 ó 10 años y va a tener que cumplir toda la condena en prisión. Por ahí pasa la cosa.