Juzgan a Gualtieri por un millonario fraude fiscal
Además de Victorio Gualtieri, de 60 años, están acusados su hermano Saverio (64) y Hugo Alberto Barreña (67), presidente, vice y director, respectivamente, de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri S.A. (Vagsa). Las audiencias comenzaron la semana pasada y mañana se escucharán los alegatos de la fiscalía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es querellante.
Gualtieri ya perdió una demanda civil que le inició a La Pampa, aunque el fallo no está firme. En abril pasado, el Superior Tribunal de Justicia, después de 13 años, desestimó el reclamo de 46 millones de pesos-dólares por la rescisión unilateral de la obra del acueducto al considerar que los incumplimientos fueron de él y no del Estado pampeano.
Las obras le habían sido adjudicadas el 31 de julio de 1988 por 183 millones de pesos-dólares, ya que el gobierno amplió el proyecto original, y, de acuerdo a declaraciones de la época del secretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez, en el año y medio que trabajó la constructora cobró 48.500.000 pesos-dólares. El juicio marplatense se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Los tres empresarios llegaron acusados de obtener en forma fraudulenta beneficios fiscales por más de 90 hechos que involucraban a casi 20 millones de pesos durante la segunda mitad de la década del '90, aunque después de la primera audiencia los jueces redujeron la imputación a tres hechos por 4,5 millones de pesos. Ellos consideraron que hubo deficiencias en la elevación a juicio y dispusieron reenviar los hechos excluidos nuevamente a la etapa de instrucción.
También dispusieron que la acusación se circunscribiera al delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales, aunque la fiscalía ya adelantó que pretende el juzgamiento por los 90 hechos y por el delito más grave de utilización fraudulenta de beneficios fiscales. Por eso recurrirá la resolución del tribunal.
Cómo fue la maniobra.
En el juicio intervienen el fiscal subrogante Julio Darmandrail y el fiscal ad hoc Carlos Martínez, quienes son asistidos por el coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.
En el demorado debate -el requerimiento de elevación a juicio fue suscripto en septiembre de 2005- se ventilan las supuestas maniobras que hicieron los Gualtieri para obtener diferimientos en el pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado (IVA) en el marco de la denominada ley de promoción de empresas en las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.
Según la acusación fiscal, en los tres hechos lograron diferir, entre 1996 y 1998, montos de 346.000, 3.400.000 y 800.000 pesos luego de invertir en empresas incluidas en los regímenes de promoción. La maniobra consistió en invertir el dinero, que luego volvía a la empresa inversora por la vía de un préstamo. De esa forma, el dinero ingresaba a la firma promocionada e inmediatamente regresaba a dónde había salido, sin que la inversión fuera tal.
"Los imputados efectuaban depósitos en las cuentas bancarias de cada una de las promocionadas, ya sea mediante cheques propios de sus distintas cuentas o en efectivo, y en fechas muy cercanas volvían las mismas sumas, total o parcialmente, a la empresa inversionista, no efectuándose la inversión propuesta y limitándose a realizar asientos en los libros contables de ambas empresas o solamente quedando como constancia los depósitos bancarios", señaló el fiscal de instrucción Ramiro González en el requerimiento de elevación a juicio.
Caso por caso.
Los diferimientos impositivos permiten a las empresas o a las personas que los gestionen retrasar el pago de los tributos por determinados períodos, que pueden llegar a varios años y sin ningún tipo de interés. Se trata de beneficios dispuestos por ley para alentar inversiones en determinadas regiones del país alcanzadas por los regímenes de promoción.
Los casos del debate oral involucran los diferimientos de 800.000 pesos de Ganancias por una falsa inversión en 1996 de Vagsa a la empresa Valle Oeste S.A por poco más de un millón de pesos; el diferimiento de 346.138 pesos en concepto de IVA por una alegada inversión en 1997 a la empresa Manantiales del Oeste S.A por alrededor de 460.000 pesos; y el diferimiento de 3.410.950 pesos de IVA en el marco de una ficticia inversión de poco más de 4,5 millones de pesos en la empresa Agronuez S.A. en 1998.
El caso tiene la particularidad de que esas tres firmas promocionadas tenían relación directa con Vagsa: Barreña era director suplente en las tres.
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