“La Cámara tiene un atraso crónico”

SALAS DIJO QUE "LA PAMPA DEBERIA ESTAR A LA VANGUARDIA DE LOS PODERES JUDICIALES"

El juez Guillermo Salas advirtió que la Cámara de Apelaciones tiene “un atraso muy grande con las causas” y destacó que La Pampa “debería estar a la vanguardia de los poderes judiciales”, al asistir a la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura donde el PJ y el Frente Renovador emitieron despacho favorable para su designación como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería. El Frepam, en tanto, fijará posición en el recinto.
El abogado dijo que “se sabe que hay un atraso crónico y sistemático en la Cámara de Apelaciones” y señaló que algunas causas pueden tener una demora de un año más, un plazo “enorme” para el Poder Judicial de La Pampa que “es chico en términos de números”.
“Se puede aumentar en productividad y debe revertirse la situación”, aseguró.
Recordó que el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 3, en el que se desempeña actualmente, “hace tres años no pide prórroga a la Cámara para dictar sentencia”.

Contra el STJ.
Además, Salas planteó cierto cuestionamiento al Superior Tribunal de Justicia, al afirmar que tiene una “fuerte incumbencia” en las demoras y remarcó la falta de contacto de los ministros del máximo organismo con los jueces. “Nada justifica no tener periodicidad en los encuentros para conocer la situación de cada juzgado en forma directa; en 8 años, tuve solo dos reuniones de agenda con (el ya fallecido) Julio Pelizzari y Hugo Díaz. Faltan auditorías preventivas, para corregir lo que sucede en el tiempo”.
Salas consideró también que las demoras en la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura afecta el servicio de justicia y es una de las deficiencias más grandes en el sistema. Manifestó que “la demora está siempre en el Consejo por falta de agilidad en las designaciones, y esa lentitud es la llave que destrabaría un montón de situaciones. Se debería tener un plan para dar respuestas rápidas ante determinadas situaciones”.
Por una consulta del diputado Espartaco Marín (PJ), explicó que ante una eventual modificación del Código Procesal Civil sería positivo plantear “la apelación por monto, como sucede en el fuero federal. No tiene sentido atosigar a la Cámara de Apelaciones por montos insignificantes que no justifican abocar el servicio de justicia por una cuestión de 200 pesos. Hay que reforzar la decisión de primera instancia”.

Desalojos.
Otro tema que se discutió fueron los procedimientos que se realizan en casos de desalojos frente a una pregunta de la diputada radical Patricia Testa. Actualmente hay una comisión que está debatiendo el protocolo, a raíz de actuaciones polémicas que se dieron en situaciones donde estuvieron involucrados menores. En esto, Salas señaló que se reunió con el defensor de Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, para “unificar criterios y generar un protocolo de actuación”.
Destacó que cuando se inicia un desalojo por cualquier motivo en un inmueble donde hay menores, la tarea del juzgado es “actuar de manera cercana y rápida, y buscar cuál es la situación de esos chicos. Para esto hay una ley vigente. Lo primero es dar inmediata intervención del Defensor, que debe enterarse antes de que se produzca el desalojo, para que pueda actuar y no que tenga que reparar los posibles traumas ocasionados. La Pampa tiene la guardia alta para este tipo de situaciones”.
Por otro lado, remarcó que “los juzgados multifueros ya no reciben más causas laborales” y remarcó que quedan 40 que son residuales.

Tratan el presupuesto
El Presupuesto General de la Administración Provincial 2016 será tratado durante esta mañana en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados donde el oficialismo pretende sacar despacho favorable para sancionarlo durante la próxima semana en el recinto, mientras que se espera que la oposición fije posición en el debate mismo como sucedió en los últimos años.
En la comisión presidida por el justicialista Ariel Rauschenberger se pondrá a consideración el proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo y que asciende a 19.487.796.604 pesos en total. Durante el pasado lunes, en horas de la tarde, el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, cerró la ronda de consultas de los ministros de cada área ante los legisladores.
Según se informó desde Casa de Gobierno, se estima el cálculo de recursos destinados a atender las erogaciones que se desprenden del articulado fijados en el monto de 17.429.694.393 pesos. En tanto, además, el déficit del presupuesto para este año asciende a 238.716.534 pesos.

“Hay que crear una fiscalía de Delitos Viales”
El fiscal Máximo Paulucci, propuesto para cubrir el cargo de fiscal general de Santa Rosa, pasó también ayer por la Legislatura y planteó la necesidad de crear una fiscalía temática de Delitos Viales y remarcó que “la policía siempre tuvo la posibilidad de allanar” sin orden de un juez “en caso de urgencia”.
“La Policía siempre tuvo la posibilidad de allanar sin orden del juez. La Constitución prevé que sea un juez competente quien dicte la orden de allanamiento pero el Código Procesal Penal autorizó a allanar sin orden”, dijo Paulucci ante una pregunta del diputado Darío Hernández (Frente Renovador) sobre una idea del Ejecutivo.
Con respecto a la restricción en el acceso a la información que planteó el Ministerio de Seguridad que no permite a la policía brindar información sobre hechos delictivos, explicó que “los límites deben ser la afectación de la víctima y del proceso” y “está bien que el Ministerio Público que es quien investiga se haga responsable de dar información o no”.
Por otro lado, señaló que La Pampa “está en condiciones de adherir” a una ley nacional que le da facultad a la justicia provincial para introducirse en cuestiones del narcomenudeo, pero “depende de una decisión política”.
Destacó la necesidad de crear un observatorio del delito, como propone el diputado Espartaco Marín, y al ser consultado sobre una propuesta del vicegobernador Mariano Fernández cuando fue diputado, indicó que “el laboratorio informático forense no sólo nos resulta útil para la investigación penal sino que la justicia civil también puede utilizarlo para la determinación filiatoria, por ejemplo”.
También expuso el abogado Gabriel Lauce Tedin, propuesto para el cargo de Juez de Control de Santa Rosa. Indicó que “la figura del arrepentido es apropiada porque imputados en delitos menores pueden ayudar a resolver delitos mayores con su declaración” y rechazó que el Consejo de la Magistratura le otorgue mayor puntaje a la evaluación escrita por sobre la prueba oral. Ambos obtuvieron despachos favorables del PJ y FR. Frepam y PRO fijarán posición en el recinto.

Un pedido por dos juzgados
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados emitió ayer despacho favorable para un proyecto de resolución en el que se solicita al Consejo de la Magistratura de la Nación que informe la situación de los juzgados federales de Santa Rosa y General Pico. Además, analizan otra iniciativa para que los fiscales adjuntos tengan que pasar una evaluación.
“Queremos que el Consejo de la Magistratura informe sobre la designación del juez federal de Santa Rosa y la situación jurídico-procesal del magistrado de General Pico, ya que hay un juicio político contra el juez”, dijo el diputado Abel Sabarots (Frepam), autor de la iniciativa que se unificó con otra similar de Darío Hernández (Frente Renovador).
En el tribunal piquense, José Charlín es actual juez titular designado con acuerdo del Congreso pero se encuentra suspendido e irá a juicio oral, acusado de abuso de autoridad, maltratos, amenazas y malversación de fondos durante su tarea como subrrogante en el Juzgado de Santa Rosa, donde estuvo dos meses.
La iniciativa, que ingresará mañana en una nueva sesión de la Legislatura, también exige al Poder Judicial de la Nación adecuar las condiciones edilicias del juzgado de Santa Rosa y el de General Pico, donde también se debe designar el recurso humano y se solicitó conocer el proceso de designación del personal.
Sabarots indicó que “el tratamiento del presupuesto impidió tratar otros temas y está el compromiso del PJ para avanzar en una serie de cuestiones que para nosotros son prioritarios como las audiencias publicas para designar los ministros del Superior Tribunal de Justicia y los jueces sustitutos que deben pasar por un proceso de evaluación con entrevista personal y escrita”.

Adjuntos.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) planteó en la comisión la necesidad de avanzar en el tratamiento de un proyecto de su autoría que pretende “subir las exigencias para ser fiscal adjunto en La Pampa y establecer una equiparación con lo que ocurre con los fiscales de línea ya que son funcionarios designados en forma definitiva”.
Agregó que “está el compromiso de las autoridades de la comisión y el consenso de remitir la iniciativa a los actores interesados como el Superior Tribunal, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo para determinar el mecanismo de evaluación más conveniente para aplicar”.