La Coospu pagará suma millonaria por un despido incorrecto

LA HERENCIA DE BRAVO

Juan Carlos Ponce, quien fue gerente de la cooperativa eléctrica de 25 de Mayo entre 1996 y 2012, logró una sentencia favorable en segunda instancia en su demanda laboral contra la Coospu. La sentencia obliga a la entidad a pagar una suma superior al millón de pesos.
A pocos meses de finalizada la gestión del intendente David Bravo en la ciudad de 25 de Mayo, las consecuencias de su proceso político siguen dando que hablar. A principios de este mes se conoció un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que pone a la entidad en la obligación de pagar una suma superior al millón de pesos para resarcir al histórico gerente de la Coospu, Juan Carlos Ponce, quien había sido despedido a poco de que el “bravismo” desembarcara en el Consejo de Administración de la institución.
La causa no es nueva y ya había sido noticia en 2014, cuando se conoció la sentencia de primera instancia, que ahora fue confirmada por el fallo de la Cámara. Ponce comenzó su vínculo con la cooperativa en 1991, como auditor externo. Contador Público de profesión, fue designado como gerente en diciembre de 1996, cargo que ocupó durante los 16 años siguientes.
Cuando el “bravismo” ingresó al Concejo de Administración, en los primeros días de agosto de 2012, comenzaron los problemas para el gerente, quien finalmente, el 22 de agosto, fue despedido por decisión del cuerpo colegiado en una reunión que se celebró un día antes.

Negligencia y persecución.
Las nuevas autoridades de la Coospu le endilgaron, entre otras conductas, negligencia por no reclamar a la APE una deuda que mantenía con la entidad solidaria; la persecusión hacia una trabajadora, Carina Sosa; falta de atención y cumplimiento del rol de gerente con relación a los sectores de Internet y Coospu Hogar; la demora de casi tres años en confeccionar la documentación para que se realizara la Asamblea de Balance y Memorias y negligencia y mal desempeño por no adoptar ni sugerir medidas en torno a cobrar la deuda de varios asociados por facturas de luz impagas.
Ponce buscó asesoramiento legal en un estudio jurídico de Santa Rosa. Sus patrocinantes fueron los abogados Román y Marcelo Juan Molín, quienes llevaron el caso a la Justicia planteando que no existían tales causales de despido. En octubre de 2014, un juzgado de primera instancia en lo civil les dio la razón y condenó a la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano, Coospu, a pagarle 484.450,26 pesos más los intereses que corrieron desde la fecha en que debió abonarse y la de efectivo pago.

Aval del Consejo.
El juzgado que intervino en primera instancia consideró que “los hechos u omisiones enrostrados a Ponce contaban, por acción u omisión, con el aval o consentimiento del Consejo de Administración en funciones hasta el 22 de julio de 2012 -es decir, las autoridades cooperativas que precedieron al “bravismo”-, con lo cual, de existir desorden en el manejo de la Cooperativa, el mismo obedecía a que el órgano encargado de llevar adelante la administración de la Institución fijaba dichas pautas o las consentía”.
“No puede achacar las irregularidades al gerente cuando la conducción permitió las mismas, sin aplicar sanciones, advertencias o apercibimientos de neto corte laboral y que sirvieran de antecedente para que, por actuales comportamientos reñidos con los parámetros que pudiera establecer la nueva composición del Consejo de Administración cooperativo, sirvan de justificativo del despido fundado en la falta de confianza”, sostuvo el fallo de 2014.

Fallo ratificado.
La Coospu apeló la sentencia y este mes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil dictó un nuevo fallo, firmado por los doctores Jorge Cañón y Adriana Gómez Luna, junto a la secretaria de Cámara, Adriana Telleriarte. Los camaristas rechazaron la apelación de la entidad por no contar con nuevos fundamentos -aseguraron que la presentación repetía el alegato del juicio de primera instancia- y coincidieron en que no podía achacarse el mal manejo al gerente, cuando sus superiores lo consentían por acción u omisión.

El apoyo de Bravo.
En julio de 2012 asumieron nuevas autoridades en la Coospu. Fue luego de ganar las elecciones de aquel año para renovar el Consejo de Administración. La lista Azul, que resultó la ganadora, era apoyada por el entonces intendente David Bravo. Obtuvo 402 votos contra 323 de la Verde, que hasta ese momento era la que conducía el cuerpo colegiado.
Entre las acusaciones de los nuevos consejeros contra Ponce se contó la de una “conducta persecutoria” del gerente contra la trabajadora Carina Sosa. Tal hostigamiento, decían entonces, había llevado a la empleada a hacer uso de la licencia por enfermedad durante once meses. Sosa fue quien lo ocupó el cargo de gerenta una vez que Ponce fue desplazado.
El fallo de la justicia achense, ratificado a principios de este mes por la Cámara, consideró que aquella acusación de persecusión había sido infundada. Incluso sostenía que Sosa hizo uso de la licencia luego de que fuera sometida a una investigación sumarial por errores cometidos en la facturación emitida a Petroquímica Comodoro Rivadavia.

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