“La denuncia es un corte y pegue, no tiene pruebas”

PRESIDENTE DEL CIN Y LA ACUSACION DE MARIJUAN CONTRA LAS UNIVERSIDADES

Hoy se reunirá el Consejo Interuniversitario Nacional para expresarse sobre la demanda por malversación de fondos que un fiscal porteño presentó contra 52 universidades nacionales, entre ellas la UNLPam.
“Es sorprendente que todas las universidades aparezcan denunciadas”, dijo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Tamarit. El Consejo es el organismo que reúne a todas las universidades nacionales del país para discutir las problemáticas comunes. Hoy se reunirá el Comité Ejecutivo ampliado a los rectores que concurran. Será a las 14, en la sede que el organismo tiene en Pacheco de Melo 2084, en Capital Federal.
El lunes, la agencia de noticias oficial Télam, dio a conocer que el fiscal federal porteño, Guillermo Marijuan, había radicado denuncias por supuesta malversación de fondos contra 52 de las 53 universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Los montos a revisar eran superiores a los 700 millones de pesos y habían sido girados a las instituciones durante el gobierno de Cristina Fernández.
La semana pasada, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, se mostró sorprendido y no descartó que la demanda, en medio de la discusión sobre el presupuesto para el año que viene, tuviera como finalidad desprestigiar al sistema universitario nacional y entorpecer el debate en curso. El pampeano integra el Comité Ejecutivo del CIN, como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Institucionales.

Inimaginable.
Tamarit es el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba). La semana pasada brindó una extensa entrevista a Democracia, un diario de la ciudad de Junín, donde tiene sede la Unnoba. “Nunca todas las universidades fueron denunciadas el mismo día por un proceso que es normal y habitual como es la relación con la Secretaría de Políticas Universitarias. Si realmente existieran irregularidades en todas las universidades sería de una gravedad brutal, y de eso estamos muy lejos. Porque si todas las universidades participaran de un sistema delictivo este país estaría en una situación terminal. Es inimaginable pensar que haya un procedimiento administrativo en el que estamos todas las universidades juntas practicando un delito”, añadió.
El rector insistió en que todas las universidades están a disposición de cualquier requerimiento judicial pero se mostró indignado por la pobreza de la investigación del fiscal. “No contiene ningún elemento de prueba por parte del fiscal, o sea que es un corte y pegue. (…) Lo que hace el fiscal es, en términos muy generales, plantearles a los jueces que se revise todo lo hecho por las universidades respecto a los fondos que se distribuyeron, que por otra parte eso es lo que hace la Sindicatura General de la Nación (Sigen) todo el tiempo, entonces realmente nos causa una enorme sorpresa”.

Pedido de reunión.
Al igual que lo expresado por Baudino, días atrás, Tamarit afirmó que las 52 denuncias, presentadas contra cada una de las universidades en diferentes juzgados, son idénticas. “Son todas del mismo tenor. No tiene ninguna investigación concreta, ninguna relación de hechos, nada, es una cuestión genérica, que hace una apelación a notas televisivas o de diarios, una cosa que para poner en tela de juicio la gestión de todas las universidades públicas es de una pobreza extrema”, dijo.
Sobre una posible intencionalidad política de la denuncia, el rector fue prudente: “Hemos pedido la reunión al fiscal para tratar de establecer cuál es la intención de una medida general de este tipo, porque acá no es que se están impugnando actos puntuales de cada universidad, sino que hay una impugnación de carácter general a todas”.

Un hecho “insólito y payasesco”.
El malestar entre los rectores se hizo sentir en los días posteriores a la radicación de la denuncia. Hugo Juri, de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo: “Estoy preocupado. La sociedad está muy desanimada por estos casos de corrupción y hay que ser cuidadosos con las instituciones. No me parece correcto hacer una denuncia a todas las universidades públicas, tienen que ser específicos”.
La rectora de la Universidad de General Sarmiento, Gabriela Diker, calificó la denuncia como “un ataque contra el sistema universitario público” que busca “contribuir a una campaña de desprestigio de las universidades públicas en la Argentina e instalar un cuestionamiento del financiamiento del Estado”.
Además, le imputó al fiscal un cierto grado de ignorancia respecto a aspectos clave del financiamiento del sistema universitario: “Denota una ignorancia que es sorprendente (…) Por supuesto que hay transferencia del gobierno nacional a las universidades, que tienen un presupuesto aprobado por ley”.
Desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el rector Juan Castelucci, no se anduvo con vueltas: “Los rectores estamos totalmente indignados con este tema. Realmente no se entiende. No sé si es un payaso este fiscal, no se sabe lo que está haciendo. Pero no asombra de un fiscal que va con los políticos a ver los partidos de fútbol, que imputa gente sin ningún tipo de argumento. Es una vergüenza”.
Castelucci se refirió al viaje de Marijuan a Estados Unidos, en junio pasado, en ocasión de la Copa América Centenario, donde se mostró en una fotografía, en un estadio, junto a funcionarios del gobierno nacional actual y dirigentes del Frente Renovador.

“Payasesco”.
El rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Gustavo Crisafulli, manifestó su sorpresa y calificó como un hecho “insólito y payasesco” la denuncia del fiscal.
El rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) Javier Gortari, sostuvo que las denuncias eran la “frutilla del postre” de una avanzada que intenta desacreditar a la universidad pública. Advirtió que “las voces que ideologizan al gobierno de Macri” vienen editorializando en contra de las universidades públicas, calificándolas como ineficientes y despilfarradoras de recursos.
Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Córdoba, dijo que le llamó la atención la acción del fiscal Marijuan. “Nos da mucha pena esta situación que se transforma en una mancha para el sistema universitario”, dijo. Sostuvo que la denuncia no tiene “ningún tipo de asidero” y “no hay nada concreto”.

Un reparto discrecional.
La reunión de los rectores en el CIN incluirá en el temario otro de los temas por los que surgió un gran malestar, en este caso, con el Ejecutivo Nacional y la Cámara de Diputados. Se trata del reparto de la Planilla B, el refuerzo presupuestario para el año 2017. Por decisión de la Cámara Baja, esos fondos adicionales, que para el año que viene serán 1.028 millones de pesos fueron asignados a solo 21 de las universidades, dejando afuera a otras 35, entre ellas la UNLPam. Hasta el año pasado, la Planilla B se distribuía entre todas las casas de altos estudios del país.

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