La querella habló de secuestros

Los abogados querellantes también hicieron ayer su planteo en una nueva jornada del debate de la causa Subzona 14 II sobre la requisitoria de elevación parcial a juicio, es decir de la acusación, donde coincidieron en ciertos puntos generales con la fiscalía federal y tuvieron disidencias y posiciones autónomas en otros.
Las coincidencias estuvieron vinculadas en cuestiones referentes a los imputados, sus datos personales, las pruebas y la calificación legal, exclusivamente en los puntos relacionados con el delito de asociación ilícita (es decir que los acusados se pusieron de acuerdo para llevar un plan represivo) y la autoría.
Sin embargo, también las querellas plantearon dos cuestiones diferentes a la fiscalía: señalaron la existencia de los delitos de secuestro, en lugar de detenciones ilegales, como manifestó el MPF en la acusación inicial, y violación de domicilio. "Es la mejor forma de comprender y relacionar determinados hechos", afirmaron.
Con respecto al delito de violación de domicilio, explicaron que en el contexto del terrorismo de Estado que se analiza y como "forma de comisión del genocidio" que se llevó a cabo, los acusados "irrumpían en las viviendas particulares por la fuerza para secuestras personas previamente seleccionadas".
Advirtieron además que esos procedimientos realizados durante la última dictadura eran totalmente ilegales y no contaban con orden judicial de ninguna autoridad competente ni cuestiones similares. Por ahora, en la causa, ninguna de las partes mencionó este tipo de delitos.
Según la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, que ahora fue respondida por la querella, la fiscalía federal acusó a los ex militares y ex policías de la provincia por los delitos de asociación ilícita, detenciones ilegales, tormentos y genocidio.

Secuestro.
Otro de los puntos que añadió la querella en la acusación está relacionado con el delito de secuestro, que se aplica con mayor propiedad, tomando en cuenta precisamente, que la privación de la libertad constituía una herramienta para lograr otra cosa.
"La motivación era obtener, de la persona secuestrada o de un tercero, determinada acción".
"Se privaba de la libertad a las personas para obtener de ellas el ejercicio de un hecho consistente en expresar determinadas convicciones políticas o ideológicas, delatar a terceras personas, firmar declaraciones apócrifas", manifestó la querella en el escrito al que se dio lectura ayer.
Es decir, tenían "una motivación estrictamente política, relacionada con la eliminación de convicciones políticas, sociales, religiosas, o bien la delación de terceras personas que, suponían los secuestradores, profesaban ideas o cumplían acciones calificadas de subversivas".
Al argumentar sobre la calificación de secuestros, la querella señaló que con la acusación por privación ilegítima de la libertad se pierde "la integridad conceptual de la calificación de genocidio" y se invisibiliza la "motivación" de los hechos.
La querella es representada por Franco Catalani, Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca (por el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de La Pampa y Juan Carlos Pumilla, Elida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón).
El planteo realizado por esa parte también fue adherido por el abogado Juan Resia, que tiene el patrocinio de Raquel Barabaschi, también víctima de la última dictadura y quien presenció todas las audiencias del juicio de la Subzona 14 II hasta el momento, junto a Pumilla y Quartucci.

La prensa, al patio
Nuevamente el periodismo y el público que asistió al juicio debió esperar durante 20 minutos en el patio del Colegio de Abogados en un cuarto intermedio ordenado por el Tribunal Oral Federal. En el exterior del edificio se instalaron baños químicos. Mientras tanto las autoridades judiciales, las víctimas y los acusados permanecieron en el interior del edificio, donde tampoco está disponible el servicio de Wi Fi para la prensa local que sigue día a día cada debate.