¿La quesería pampeana bajo amenaza?

Una disputa por las denominaciones de productos elaborados está provocando una serie de tironeos que pueden derivar en evidentes perjuicios si las fábricas se ven obligadas a cambiar los nombres de sus quesos.
JUAN PABLO VIETA
Gran preocupación provoca en la fabricación de quesos las derivaciones que podrían llegar a tener las negociaciones que se llevan a cabo con el objetivo de sellar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Sucede que este tratado, que se está intentando cerrar desde hace ya dieciocho años, no solo viene postergado por la negativa de algunos países de la Unión (Francia, Irlanda y Polonia), fundamentalmente, a liberalizar completamente el comercio de productos agropecuarios, sino también por las disidencias suscitadas en materia de denominaciones de origen.
Todo se desprende de un convenio internacional suscripto por Argentina en 1995 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Marrakech, que reconoce entre otras cosas la protección de lo que se denomina "Indicaciones Geográficas Protegidas", que no es otra cosa que el monopolio exclusivo por parte de un país del uso del nombre de un determinado producto que guarda relación con la región en donde se lo elabora.
Como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea supone respetar las consideraciones del Tratado de Marrakech, es que comenzaron los tironeos en virtud de que desde el viejo continente ya remitieron la lista con las exclusividades solicitadas.
Y en el caso puntual de los quesos, es tal vez donde se da la batalla más áspera, básicamente por la importancia que tiene esta industria en el país, y en la provincia de La Pampa.
En efecto, Francia pide el uso únicamente para sí del término Gruyere, Roquefort y Gouda, entre otros, e Italia por ejemplo, solicita la exclusividad del Fontina. De prosperar la iniciativa, vale decir que habrá que cambiarles el nombre a los quesos homónimos que se comercializan en el país, lo que significa un evidente perjuicio.
Para La Pampa, significa que la firma "Quesería de La Pampa" de General Campos, por caso, tendrá que cambiarle el nombre a su Fontina, "Kelolac" de Miguel Riglos lo tendrá que hacer con su Provolone, y "La María Pilar" deberá proceder en igual sentido con su Reggianito. Además, habrá que rebautizar a la mozzarella, el gruyere y el parmesano, entre otros.

Provincias en pie de guerra.

Desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación se llamó a consulta pública, entre el 2 de noviembre y el 2 de diciembre, para que todos aquellos interesados remitan a dicha cartera sus consideraciones respecto del daño que ello provocaría.
Desde los gobiernos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires pusieron el grito en el cielo por los quesos, y de Mendoza llegaron las protestas por los vinos, ya que Francia pide el uso absoluto del término Chablis y Bordeaux, entre otros.
El patrón común que comparten los planteos tiene que ver con que las indicaciones geográficas desconocen el proceso migratorio que consolidó a nuestro país como una Nación moderna. En otras palabras, compartimos las denominaciones de esos productos porque nuestra ascendencia que bajó de los barcos vino con ellas.
Desde ya que el daño comercial que ocasionaría la desorientación de los consumidores si se cambiaran los nombres sería inconmensurable al nivel del mercado interno, y mucho más respecto de las dificultades que traería para exportar este tipo de productos.

Como sigue la historia.

El 31 de octubre pasado, el Ministerio de Agroindustria de la Nación emitió la Resolución N° 319 en la que se detalla el procedimiento a seguir respecto de las indicaciones geográficas.
Lo que allí se estableció es que una vez recibidas todas las opiniones en el marco del proceso de consulta pública que abrió esa cartera, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas emitirán un dictamen jurídico que definirá si prosperan o no las solicitudes efectuadas por la Unión Europea sobre la cuestión.
Se especula con que dicho dictamen podría estar listo antes de que termine el 2017, debido a que la voluntad del presidente Mauricio Macri, como así también de su par de Brasil, Michel Temer, es poder suscribir el acuerdo previo al año nuevo.