La UCR, contra las "incompatibilidades"

El comité radical salió en defensa del "Poli" Altolaguirre, que criticó al ministro Moralejo, y afirmó que los funcionarios públicos con participación en alguna empresa proveedora del Estado o con una posición dominante en su mercado, deben "desligarse" de la actividad privada durante su mandato.
El Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR) salió en defensa del jefe del radicalismo provincial Hipólito "Poli" Altolaguirre, quien acusó al ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, de integrar una empresa de alimento balanceado que vendió al Estado para ayudar a los ganaderos, y afirmó que los funcionarios públicos "deben desligarse de la actividad empresaria mientras dure su mandato".
"Cuando los funcionarios que desempeñan cargos muy importantes en el sector público poseen participación en alguna empresa proveedora de bienes y/o servicios al Estado, o en entidades que tienen una posición dominante en el mercado, deben desligarse de la actividad empresaria mientras dure su mandato", se indicó.
Agregaron que "en tales situaciones, para no incurrir en una incompatibilidad ética, corresponde que los funcionarios entreguen la administración del activo o interés financiero a una institución sujeta a la estricta supervisión del Banco Central que se encargue de gerenciar el patrimonio y restituirlo al titular una vez que finalice su mandato".

Conflicto.
El comité presidido por el diputado Martín Berhongaray se refirió así "al conflicto de intereses que se advierte entre el ejercicio funcional del cargo de ministro Moralejo con la administración de una empresa que vende en el mercado local productos nutricionales, como alimentos balanceados, suplementos minerales, sales nitrogenadas, destinados a vacas de cría y lecheras, terneros, novillos, vaquillonas, ovejas, cabras, chivitos, corderos y cerdos".
"No sólo debe impedirse que una empresa propiedad de un funcionario de alto rango provea de bienes y/o servicios al Estado, sino también que pueda utilizar y beneficiarse de información privilegiada o confidencial obtenida en el curso de sus funciones oficiales para hacer o mejorar sus negocios. De acuerdo con la Oficina Anticorrupción, existe un conflicto de intereses cuando el interés particular de algún funcionario afecta la realización del fin público al que debe estar destinada la actividad del Estado", manifestaron.

Prohibiciones.
En un comunicado, el comité capitalino señaló que el administrador designado en reemplazo de funcionario no debe poder invertir en empresas o en negocios en los que participe el Estado o en los cuales el funcionario tenga poderes de control directo en razón de su cargo y sobre las incompatibilidades por conflicto de intereses, destacaron que deben son aplicables al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y directores del Ejecutivo, legisladores, gerentes y demás autoridades de empresas del Estado o en las empresas o sociedades comerciales con participación estatal.
"Por supuesto que las prohibiciones también deben alcanzar todos los bienes que se encuentren en cabeza del patrimonio de la sociedad conyugal. Corresponde extender en la dirección señalada los deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y sancionar en el ámbito de la provincia de La Pampa una regulación de idéntico alcance", comentaron.