La CIDH aceptó tratar el caso Canale

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró "admisible" y aceptó el planteo para tratar el caso por la muerte del jornalero Canale ocurrida en 2002, y las irregularidades ocurridas en el proceso. Se inició un procedimiento de "solución amistosa".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró la "admisibilidad" de una presentación por las irregularidades del caso Canale y propuso un procedimiento de "solución amistosa" para tratar la reparación económica a las víctimas y sus familiares y cambios en el sistema carcelario.
"La decisión le otorga verosimilitud a la denuncia y dicen que a prima facie se violaron los tratados internacionales en el caso, y se declaró abierto el proceso", comentó a LA ARENA, el abogado Omar Gebruers que realizó en 2005 la presentación junto a Ana María Harren.
Canale fue muerto a golpes en el 2002 en la ciudad de General Acha. En un principio, las autoridades judiciales apuntaron a Andrés Tressen, Miguel Angel Rodríguez, Gustavo Alarcón, Pedro Roveda y Andrés Cheade que estuvo tres meses preso por este caso y luego fue desvinculado de la acusación.
Los cuatro restantes, Tressen, Rodríguez, Alarcón y Roveda, fueron condenados y estuvieron presos cuatro años y nueve meses. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó un nuevo fallo porque se comprobó que fueron condenados sin pruebas y quedaron libres.
En un nuevo juicio, se condenó a un grupo de policías pero por "negligencia" en el momento de cuidar a la víctima. Se ordenó investigar a los uniformados pero el juez Manuel Álvarez no los acusó del asesinato del jornalero ya que les apuntó a "negligencias en la alcaidía".
El magistrado absolvió a los seis policías. Por pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de Impugnación Penal, instancia lograda precisamente por este caso, revocó parcialmente en agosto del 2010 la resolución del Juzgado de Instrucción 1 de General Acha.

La CIDH.
En 2005, Gebruers presentó ante el organismo dependiente de la OEA una petición persiguiendo una reparación económica para las víctimas y una modificación en la legislación vigente para evitar que se vuelvan a violar tratados internacionales y cambios en estructuras orgánicas del Estado para que "esto nunca más vuelva a ocurrir en La Pampa".
Ahora, el 12 de febrero pasado, la CIDH notificó la admisibilidad de la petición 272/05, que a partir del informe 73/14 se convirtió en el caso 29.696 del organismo, que por primera vez trata un caso que involucra al Estado de la provincia de La Pampa.
La CIDH propuso el inicio de un procedimiento de "solución amistosa", que se desarrolla con el Estado nacional, bajo la dirección y conducción de la CIDH, para tratar, no sólo la reparación pecuniaria a las víctimas y su familiares, sino las medidas de reparación para que el hecho no se vuelva a repetir y para mejorar el sistema jurídico nacional y el sistema regional sobre Derechos Humanos.

Reinserción.
Según Gebruers, si se inicia el procedimiento de "solución amistosa", presentarán proyectos para la creación de un organismo provincial para monitorear y garantizar el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales pampeanos, con orientación humanista y con la obligación de garantizar la reinserción de las personas que hayan sufrido condena, al momento de su liberación.
"Se propone también derogar la facultad de la policía de demorar a una persona como le ocurrió a Canale porque es ahí donde se dan las torturas considerando que no hay intervención judicial. En este caso, el juez se enteró que Canal estaba demorado cuando ya estaba muerto", dijo Gebruers.
También van a requerir la creación de centros de detención diferenciados para procesados y condenados, los que no podrán alojar a más de 30 personas por centro y deberán contar con modernas instalaciones, profesionales de la psicología, psiquiatría, médicos, abogados, asistentes sociales y sociólogos, encargados de dar contención a procesados y condenados y sus familias y prepararlos para la posterior reinserción dentro de la sociedad.
"Es fundamental, además, la adecuación de la normativa provincial a la internacional en materia de derechos humanos, la que deberá ser desarrollada de acuerdo a los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", afirmó el letrado.