La demanda ya circula entre jueces de la Corte

El abogado Carlos Laplacette confirmó que la demanda de La Pampa contra Mendoza por el corte del Atuel ya circula entre los jueces del tribunal, con un “rápido” avance y aclaró que ya se notificó a la Procuraduría del Tesoro de la Nación, aunque no a Mendoza y al Estado nacional, que aún debe ser notificado en segunda instancia.
La demanda presentada por La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel comenzó a circular con cierta celeridad en el ámbito judicial. El abogado Carlos Laplacette, que forma parte del estudio patrocinante, destacó en diálogo con LA ARENA que el expediente ya comenzó a circular por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El letrado manifestó que hasta el momento solamente se notificó a la Procuración del Tesoro de la Nación dando cuenta que la demanda presentada por el gobernador Oscar Jorge el 16 de mayo también afecta a la administración central. Sin embargo, el gobierno nacional aún debe ser notificado en segunda instancia, además de Mendoza.
“La notificación de la demanda lleva los tiempos procesales normales y hasta el momento solo se notificó a la Procuración del Tesoro nacional, avisando que se involucra al Estado nacional, que después en otra instancia debe ser notificado para que responda a la presentación al igual que Mendoza”, dijo Laplacette.
El abogado forma parte del estudio jurídico porteño Badeni, Laplacette, Cantilo y Carricat que elaboró el texto de la demanda pampeana contra la provincia de Mendoza por el corte del cauce del río Atuel y el daño ambiental generado, principalmente, en la zona del oeste. La presentación involucró a la Nación como “tercero obligado”.

Pasó por dos jueces.
“La demanda ya está circulando entre los ministros de la Corte, pasó durante una semana por el despacho de Carlos Fayt y ahora está para asignarse a otro juez. Al menos cuatro jueces son los que pueden revisarla para ordenar el traslado a las partes de la demanda. Si seguimos así, ésto pasará en el próximo tiempo”, afirmó Laplacette.
Según los datos publicados oficialmente, antes de pasar por Fayt, el expediente también fue analizado por el ministro Enrique Petracchi. El resto de los magistrados de la Corte Suprema que aún no vieron la causa son: Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vice), Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
“Estamos confiado en la Corte, que es un tribunal justo y cuenta en ese sentido con un gran respaldo desde los hechos”, dijo Laplacette, agregando que la demanda era “el único camino” que le quedaba a La Pampa, “después de una larga historia y el reclamo de distintos gobiernos y organizaciones sociales para llegar a una decisión consensuada mientras que solo se encontró con dilaciones (de Mendoza), por lo que fracasado el convenio, no quedaba más remedio”.

Cese del daño.
Uno de los puntos que incluye la demanda del gobierno es el pedido a que se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y la restitución del río Atuel, se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata considerando calidad y cantidad de agua para La Pampa y se exijan obras para optimizar los recursos de agua en el sistema de riego mendocino.
Al ser consultado puntualmente sobre esto, Laplacette manifestó que la Corte Suprema “todavía no se pronunció sobre el tema” y que se trata de una cuestión de fondo, para “asegurar una escorrentía mínima” para los pampeanos. De esta forma, el abogado indicó que en lo inmediato será difícil una decisión sobre este punto en el ámbito del máximo tribunal.
Por último, se mostró confiado en que “en el ámbito de la Corte existe una conciencia profesional sobre la cuestión ambiental que se desarrolla y es cada vez más marcada”, aunque añadió que posiblemente esto no se registre en todas las provincias y los tribunales.
“Estamos confiado en la justicia de la Corte, considerando también los estudios que se desarrollaron desde el derecho y la perspectiva de la cuestión ambiental en el país”, señaló Laplacette en la entrevista telefónica.

Sentencia.
En mayo de este año, el gobierno de La Pampa demandó a Mendoza solicitando que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema del año 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado “interprovincial” por este mismo tribunal.
La presentación fue directamente contra el Ejecutivo mendocino aunque también involucró al Estado nacional como “tercero obligado”, debido a que no cumplió con su papel de “administrador” en ese territorio. Se trata de la segunda demanda iniciada por un gobierno pampeano por este conflicto vigente entre ambas provincias, pero hoy también la Corte analiza la presentación en ese sentido del abogado santarroseño Miguel Palazzani.
El texto de la demanda, compuesto por unas 400 hojas, indica que el daño ambiental económico provocado a La Pampa sería como mínimo de unos 100 millones de pesos anuales a valores de hace tres años, según los cálculos establecidos a partir de un Estudio de Cuantificación Económica elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa en 2012.

La historia.
El conflicto por el Atuel se remonta a principios del siglo XX cuando Mendoza produjo el primer corte del río, desapareciendo el brazo principal conocido como “Atuel Viejo”, aunque otro corte terminó con el cauce hídrico que llegaba a La Pampa a raíz de la construcción de la presa hidroeléctrica El Nihuil en 1947 -esta provincia surgió como ente jurídico en 1952-.
En 1987, la Corte Suprema declaró la “interprovincialidad” del Atuel y exhortó a Mendoza a realizar obras para mejorar la eficiencia del riego, aunque le entregó el derecho de regar 75.600 hectáreas, mientras que el excedente debía ser motivo de “convenios interprovinciales para conseguir una participación equitativa del agua para La Pampa”.
El actual gobernador Jorge y el entonces mandatario mendocino Celso Jaque firmaron el 7 de agosto del año 2008 el último convenio entre ambas provincias por el río Atuel, que en realidad fue estimulado por el gobierno nacional. El acuerdo fue aprobado por los legisladores de La Pampa y rechazado por los de Mendoza.
El convenio, que continuó el conflicto político, pretendía asegurar a La Pampa un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial y hasta la puesta en marcha y concreción de distintas obras por parte de Mendoza vinculadas a la impermeabilización de los canales marginales por donde debería llegar el agua.