“La dueña del cabaret le daba mil pesos al intendente cuando iba”

En el texto que pide la imputación del intendente Bravo y a otras once personas por trata de personas, el fiscal federal habla de cómo funcionaba la red en los cabarés locales y cómo prestaban protección y colaboración las autoridades locales.
La resolución del fiscal federal Juan José Baric en la que pidió la imputación por el delito de trata de personas y la indagatoria del intendente de 25 de Mayo, David Bravo, de dos comisarios y otras siete personas, mostró cómo funcionan las redes de prostitución y cómo se les prestó protección y colaboración desde las autoridades locales.
“Cuando iba el jefe de la municipalidad le daban 1.000 pesos y él firmaba”. Con esta denuncia telefónica casi anónima, que dejó una mujer que “trabajaba” en el cabaré “Venus” de 25 de Mayo, el 13 de diciembre de 2011 en la delegación pampeana de la Dirección Nacional de Migraciones, comenzó la investigación judicial que hoy tiene trece implicados. El mismo llamado, consta en el texto en el que Baric pidió la imputación de Bravo, indicaba que “la policía de la zona sabía todo”.
Tres días después, el 16 de diciembre de 2011, hubo un allanamiento en el local nocturno veinticinqueño. La mujer que se supone hizo el llamado, y que dejó como única seña un apodo, ya estaba en Chile, pero su nombre constaba en algunos papeles del lugar. En ese procedimiento “se determinó que dentro del mismo predio donde estaba instalado el cabaré, saliendo del local y sobre el lado izquierdo, había habitaciones con camas en dos de las cuales, en ese mismo momento, había dos parejas encerradas manteniendo relaciones sexuales”, describió el fiscal. Allí fueron encontradas nueve mujeres de origen dominicano y una argentina.

Mal habilitado.
En ese momento, se descubrió la punta del caso. La habilitación municipal bajo el rubro de “cabaré”, había sido otorgada con la firma de Bravo el 13 de enero de 2011, cuatro meses después de que en su localidad, el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza en la cual se prohibía la habilitación de ese tipo de comercio, o sus similares como whisquerías, clubes nocturnos y night clubs.
La localidad de 25 de Mayo llegó a tener cinco de estos establecimientos en los que se ejercía la prostitución y en los que las redes de trata de personas con fines de explotación sexual lleva a muchas mujeres sometidas que luego son trasladadas más al sur. De hecho, hubo casos como “El Rancho” y “El Amanecer”, en el primero de los cuales se constató el caso de una mujer y cuyo propietario fue condenado por ese delito. Ese punto de destino comenzó a tomar forma en 2004, con el “boom” de la explotación petrolera y los “bolsones” de hombres solos que iban a trabajar a los pozos.

Vulnerabilidad social.
La fiscalía, relata Baric, continuó la investigación y el 29 de junio de 2012 allanó nuevamente el mismo inmueble, en el que ahora funcionaba el “Restó Bar Karjbjan” (o Caribean), a nombre de la misma dueña que había recibido la habilitación por “Venus” y con familiares de ella como encargados y en la que todavía estaban algunas de las mujeres que “trabajaban” allí durante el procedimiento de 2011.
Baric indicó que entonces se observó “indicadores de su estado de vulnerabilidad psicosocial, en cuanto a la carencia de redes familiares próximos y/o figuras afectivas significativas cercanas. En su país de origen no poseían otros medios de subsistencia, lo que las llevó a emigrar a Argentina con el objeto de ganar dinero y ayudar a sus familias de origen”.
Producto de otras denuncias, como una en el Juzgado Federal de Río Negro, se fueron sumando elementos a la investigación. Baric pidió al juez federal pampeano de entonces, en ese entonces Pedro Zabala, un nuevo procedimiento, pero “este pedido es nuevamente rechazado por el Juzgado Federal por medio de un lamentable decreto”. El 6 de octubre de 2012 hubo un nuevo allanamiento al local denunciado.
Entonces “pudo constatarse que el local poseía dos puertas de ingreso, una por la parte delantera y la otra por la parte trasera. Esta última comunica a un patio, que a su vez permite el acceso a una edificación de material, conteniendo ella en primer lugar una habitación, que cuenta con una cama matrimonial, una heladera y un pequeño baño, y luego se encuentra otra puerta de ingreso, en la que se halla una vivienda con cinco habitaciones, con gran cantidad de camas, una cocina, un baño y un lavadero. Todo siempre del ámbito del mismo predio”, indicó el acta.

Mozas y pases.
Las cuatro jóvenes que estaban allí dijeron que eran mozas y que estaban domiciliadas allí. Otras dos mujeres fueron encontradas en una pieza, y una de ellas “poseía veinte preservativos y otra catorce”. Una de ellas luego dirá que era “dama de compañía” y que cobraba 500 pesos “el pase”.
“Las seis mujeres entrevistadas, tanto las que dijeron trabajar en el lugar como aquellas que dijeron ser clientas, debieron solicitarle a la encargada que les entregue sus carteras para buscar sus documentos, ya que estaban detrás de la barra del lugar”, indicaron.
La investigación continuó, pero tuvo sus contratiempos. En 2013 Baric pidió un allanamiento a la Municipalidad de 25 de Mayo para constatar las habilitaciones. Pero el Juzgado no le hizo lugar. “Se perdieron cinco meses en realizar una diligencia que desde el inicio lucía pertinente, procedente y ajustada a derecho”, se quejará en la resolución el funcionario.

Colaboración.
La “colaboración” policial surgió a raíz de una causa conexa iniciada luego de la publicación de un artículo en LA ARENA donde se hacía referencia en enero de 2011 que todavía estaba abierto un cabaré cuando una ordenanza la prohibía. Allí queda constancia de un acta de inspección ocular practicada por personal de la comisaría veinticinqueña a cargo de Miguel Angel Oyarce. Habla de que “el acta es bastante deficiente y exigua en cuanto a su contenido” ya que “no tomaron los datos de los clientes que había, si es que los había; tampoco apuntaron los datos de las mujeres que se encontrarían allí en calidad de alternadoras; tampoco se extrajeron vistas fotográficas del sitio”.
También el intendente Bravo puso trabas a las investigación. Baric indica: “es interesante observar que la Justicia provincial también debió recurrir al allanamiento de la intendencia de 25 de Mayo para lograr obtener información, porque su titular hacía caso omiso a los pedidos que se le realizaban”.