La Fuchad demandará a la Nación y a cinco provincias

La Fundación Chadileuvú anunció ayer su decisión de presentar dos nuevos juicios en reclamo de otro río pampeano que está desapareciendo lentamente: el Salado - Chadileuvú. Una demanda será ante el Tribunal Latinoamericano del Agua y la otra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ambas pedirá el cese del daño, la determinación de un caudal fluvioecológico y una compensación a La Pampa por el daño producido. "Decidimos tomar cartas en el asunto ante "la falta de definiciones" de las autoridades provinciales.
La Fundación formuló el anuncio en una conferencia de prensa que brindaron Héctor Gómez (presidente), Martín Berhongaray, Alberto Golberg, Antonio Sapegno, Jorge Tullio, Enrique Tomas, José Miguel Malán y Abel Cuenya, todos integrantes de su comisión directiva. Las demandas comprenderán a las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza, todas integrantes de la cuenca del Desaguadero, y al gobierno nacional, ya que, al igual que con el Atuel, autorizó y/o financió la mayoría de las obras que han provocado la cuasi desaparición del río en territorio pampeano.
"El corazón de los dos planteos es similar", explicó el diputado Berhongaray en la rueda de prensa. "Las jurisdicciones demandadas van a ser las mismas y los fundamentos jurídicos van a ser tanto de orden interno como de índole internacional". Un punto central será el "profundo cambio de paradigma" que surgió tras la reforma constitucional del año 1994 "en lo que se refiere a la importancia de preservar el ambiente y administrar a conciencia los recursos naturales para garantizar el desarrollo humano de las generaciones presentes y futuras". Los pactos internacional con jerarquía constitucional también tendrán mucha gravitación, sobre todo porque plantean que el derecho humano al agua es fundamental e imprescindible para asegurar otro conjunto de derechos humanos básicos.
"Hace tiempo que veníamos esperando una reacción de nuestras autoridades ante un aprovechamiento unilateral, arbitrario, inconsulto e ilegal de un recurso que por sus características debiera ser administrado en forma compartida entre las provincias condóminas", sostuvo Berhongaray. Ante esa falta de definiciones "hemos decidido tomar cartas en el asunto", resumió.

Audiencia de juzgamiento.
En el caso de la acción ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, ya se hizo la exposición del caso en Costa Rica, y si esa presentación prospera será analizada en la "audiencia de juzgamiento" que este año se realizará en la República de El Salvador.
El petitorio consta de siete puntos. En el primero, la organización ambiental pidió que "se declare la presencia de daño ambiental" a raíz del incumplimiento de las provincias de la cuenca y se determine "un caudal fluvioecológico en forma inmediata, estableciendo al efecto cantidad y calidad mínima del agua a ingresar al territorio pampeano". Este caudal fluvioecológico, indicó Berhongaray, no inhibe un futuro pedido para que el ingreso de agua a La Pampa incluya también volúmenes con destinos productivos.
En los puntos subsiguientes la Fuchad reclamó que se delimiten las "conductas prohibidas" imputables a los causantes de la crisis; que se los inste a cesarlas de inmediato y a recomponer la situación; un detalle de las obras necesarias para optimizar el uso del agua en la cuenca, y la determinación de la indemnización que le correspondería cobrar a La Pampa.
Como corolario del petitorio, la Fuchad solicitó la creación de un comité interjurisdiccional para la cuenca del río Desaguadero, Salado, Chadileuvú, Curacó que se encargue de administrar el uso del agua -tanto con fines ambientales como productivos- y reclamó que se advierta a las otras jurisdicciones que no podrán "desplegar nuevas acciones y/o proyectar futuras obras en la cuenca" que impliquen una alteración de la cantidad o calidad del agua que debe llegar a nuestra provincia.
El petitorio que se elevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá un espíritu similar aunque, anticipó el diputado Berhongaray, no será en forma de recomendación sino en "términos más imperativos", según dijo.

Ignorancia y desinterés.
En la conferencia, Jorge Tullio estimó que este desinterés oficial ante un río que "está desapareciendo ante nuestros ojos", según graficó Gómez, radica en una cuestión de ignorancia y permanente postergación del oeste pampeano. Gómez por su parte se asombró una vez más de la poca importancia que el gobierno pampeano otorga a los ríos a pesar de que atraviesan la zona más desértica de la provincia.

Preocupación por Atuel
Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú, expresó su preocupación por las declaraciones del gobernador mendocino Francisco Pérez en las que anunció la rectificación de un tramo del curso superior del Atuel. Esta obra permitiría recuperar un caudal de unos 5 metros cúbicos por segundo frente a los 13 a 15 m3/segundo que el río pierde por infiltración y evaporación en ese corto tramo.
Lo que más preocupó a Gómez fue el anuncio que hizo a continuación y que no ha trascendido tanto: un trasvase de agua desde el río Grande hasta el río Salado -afluente del Atuel-, una obra que involucraría una extrapolación de agua entre dos cuencas diferentes y que no cuenta con el aval del Comité de Cuenca del Río Colorado, Coirco, que es el responsable de toda esa cuenca. "Este trasvase es totalmente ilegal", disparó Gómez. "Y es un gesto más de que Mendoza quiere quedarse con todo, y si recuperan algo es para ellos, nunca para darle a La Pampa lo que le corresponde".
"Esto nos demuestra una vez más que la lucha con Mendoza va a ser muy difícil, porque a ellos lo único que les importa es el interés de su provincia. No nos sorprende, pero nos demuestra que lo único que Mendoza le tiene miedo es a las herramientas legales".