La Justicia investiga a Romero Oneto

Una noticia causó conmoción ayer en la sociedad pampeana cuando se supo que Enrique Manuel Romero Oneto, ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la provincia, fue denunciado por el presunto delito de pornografía infantil. La causa se había iniciado por una denuncia de su ex esposa, según confirmaron fuentes judiciales.
La jueza de control, María Florencia Maza, formalizó ayer la investigación fiscal preparatoria contra Romero Oneto por la presunta comisión del delito descripto en el artículo 128 del Código Penal referido a pornografía infantil, según informó prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En la audiencia de formalización, que no fue pública porque en la investigación hay menores involucrados, la fiscala Leticia Pordomingo le solicitó a la jueza una serie de medidas a las que Maza hizo lugar.
Así, dispuso que se tome declaración a una menor a través de la Cámara Gesell, que se le realice al imputado el examen mental obligatorio que prevé el artículo 82 del Código Procesal Penal de La Pampa -cuando se trata de delitos de carácter sexual- y que se abran celulares, cámaras fotográficas, CDs, CPU y tarjetas de memoria que fueron secuestrados por el Ministerio Público Fiscal.
En cambio, la magistratura rechazó la solicitud fiscal de ordenar la prisión preventiva de Romero Oneto -de profesión abogado, de 69 años-, por 30 días porque podría fugarse y/o obstaculizar la labor judicial, aunque dispuso una prohibición absoluta de acercamiento a menos de 200 metros de la menor y de su madre, "no pudiendo entrar en contacto con ellas ya sea en forma personal, tecnológico o por terceras personas, durante un mes, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ordenarse su inmediata detención".
En tanto, la defensora oficial Paula Arrigone requirió la inmediata libertad del imputado y, subsidiariamente, la sustitución de la prisión preventiva por una medida menos restrictiva y que se declare nula por actividad procesal defectuosa toda la prueba obtenida supuestamente de manera irregular. Sobre este último punto, Maza difirió su respuesta para más adelante.

Preso.
La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada el jueves contra Romero Oneto, quien desde ese día y hasta ayer permaneció detenido.
El artículo 128 del Código Penal que, prima facie, la fiscalía le imputó a Romero Oneto, detalla que será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.
Y agrega que será reprimido con prisión de cuatro meses a dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización, y de un mes a tres años al que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años.

Condena.
Romero Oneto, junto a Carlos Opezzo, había sido condenado a tres años de prisión el 3 de septiembre de 2014 por las coimas cobradas durante la construcción del Acueducto del Río Colorado. Sin embargo, en noviembre del año pasado ambos ex funcionarios fueron sobreseídos por el Tribunal de Impugnación Penal porque se determinó que la causa habría prescripto. De esa manera, no fueron a la cárcel, ya que esperaban en libertad que la condena quedara firme.
Los integrantes del TIP, Pablo Balaguer y Andrés Olié, le dieron la razón a Romero Oneto y Oppezzo, quienes habían sido condenados a tres años de prisión. La Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa, integrada por los jueces Alejandra Ongaro, Elvira Rosetti y Miguel Angel Gavazza, juzgó a los dos ex funcionarios, a quienes condenó luego de enfrentar varios artilugios legales de los procesados para tratar de impedir el proceso. Fueron encontrados culpables de cohecho, como delito continuado. Romero Oneto, asesor y presidente de la Comisión Técnica del Acueducto (Cotarc), en carácter pasivo, pues la Justicia dio por probado que cobró las coimas, y Oppezzo, que fue jefe de inspección, en carácter activo, porque fue quien pagó.
Oppezzo, director e inspector de obra, había contratado como coordinador de la Comisión que estaba encargada de la ejecución del acueducto a Romero Oneto. "Fue un acuerdo entre los dos, para que el segundo percibiera una dádiva que se pretendió ocultar mediante el artilugio de la factura y el pago de los ingresos brutos", indicaron los jueces. Romero Oneto recibió de Oppezzo, que había sido contratado por esta misma comisión a los efectos de llevar la inspección de esta obra, mensualmente y en 59 oportunidades, 59 cheques entre noviembre de 1998 y diciembre de 2003. La causa fue abierta en 2006 por una presentación de los sindicalistas Omar Lara y Ricardo Caso.