La municipalidad no autorizará loteos si no tienen servicios

Para las autoridades municipales, el problema de la falta de terrenos para construir viviendas requiere de un tratamiento integral donde no sólo debe intervenir la comuna, y los inmuebles que tiene en el ejido urbano, sino también la parte privada, fundamentalmente los propietarios de grandes extensiones de tierra para un potencial loteo.
El secretario de Gobierno, José Sevilla, le dijo a LA ARENA que no tenía precisiones sobre la cantidad de inmuebles municipales, pero que si todos estos se pusieran a disposición de los interesados en construir su vivienda, no bastarían para satisfacer esa demanda, y que además debería analizarse detalladamente la ubicación de los mismos y si cuentan con los mínimos servicios.
“De hecho, el área de Obras Públicas está dedicada a este tema”, aclaró Sevilla, al intentar explicar que la problemática es abordada por el Departamento Ejecutivo, aunque no piensan así desde el Concejo Deliberante, donde desde el propio oficialismo se han elaborado proyectos de ordenanza donde se propone la oferta de los terrenos municipales para desarticular la “especulación” que prima en estas operaciones.
El secretario dejó en claro que la actual gestión comunal sólo accederá a loteos en aquellos lugares donde lleguen los servicios y que en donde no exista esa infraestructura, debe ser el inversor inmobiliario privado el que debe encargarse de afrontar ese gasto (extensión de cabecera del servicio).
Citó los casos de barrios de viviendas sociales construidos sin cloacas o sin la asistencia del transporte público de pasajeros, como lo que no se debe hacer. Enmarcó todo emprendimiento en cuanto a los terrenos al Código Urbanístico y las limitaciones que impone tomando en cuenta hasta donde llegan los servicios.
“No digo que la solución al tema (falta de terrenos) pase por poner a disposición los que tiene la municipalidad, sino que también deben tenerse en cuenta a los privados”, reiteró Sevilla, quien recordó que en la gestión del intendente Néstor Alcala se promulgó una ordenanza que dispone el pago de tasas más elevadas de los titulares de inmuebles ociosos.

En Bahía pretenden que los baldíos sean reserva urbana
El tema del acceso a la tierra en centros urbanos es un debate que no se circunscribe solamente a Santa Rosa. La irrupción del Procrear, el Programa Crédito Argentino que ha lanzado el gobierno nacional para financiar la compra de terrenos para vivienda única, ha sido el factor revulsivo de ello.
Aquí los dos diputados camporistas, Luciano Di Nápoli y Miguel Tanos, presentaron un proyecto para reducir la especulación inmobiliaria que existe con los baldíos. Ellos plantearon que el municipio debe exigirle a los propietarios de terrenos que construyan en un año y que, si no cumplen, se les cobre una tasa más cara. Si después de cinco años el inmueble mantiene la condición de baldío, el municipio quedaría en condiciones de expropiar y declarar el terreno de utilidad pública.
En Bahía Blanca, en los últimos días, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante una propuesta para declarar como “reserva de completamiento del ejido urbano” unas 400 hectáreas de lotes de terrenos que se encuentran ociosos y sin contar con las obras de infraestructura básica, informó el diario La Nueva Provincia.
La presentación fue realizada el responsable de la Agencia Urbana de Planificación y Desarrollo de la comuna, Marcelo Lenzi, quien señaló que la declaratoria es una herramienta mediante la cual se busca revertir la situación en materia de suelos, procurando incorporar tierras sin uso para atender la demanda existente a partir, fundamentalmente, de la adjudicación de préstamos del Procrear a 2.300 bahienses.

Una ley vieja.
La iniciativa -planteó el periódico- busca la intervención del Estado municipal en tierras ociosas y cuyos propietarios no se han ocupado de cumplir con las exigencias del decreto-ley nacional 8912, sancionada en 1977, de uso y ocupación de suelos, al no disponer de los servicios básicos (apertura de calles, red eléctrica, provisión de agua y cloacas). Así se alude a aquellos baldíos cuyos propietarios apuestan a la especulación inmobiliaria o tratan de valorizarlos a las obras que realiza la administración pública.
La situación dominial de esas tierras, indica el escrito, responde a “dispares situaciones”, las cuales van desde una “presunta vacancia” en los términos del artículo 2342 del Código Civil, hasta la concentración en manos de un único titular con capacidad de disponer.
La municipalidad señaló que el decreto dictado durante la dictadura establece que todo fraccionamiento anterior a esa norma, que no hubiese materializado los usos previstos, “constituye de hecho reserva urbana”, cuyo uso “queda sujeto a una determinación específica de las nuevas condiciones de infraestructura que deberán ejecutarse”.

Emergencia.
Lenzi recordó que Bahía Blanca fue declarada en 2010, y por cinco años, en emergencia de infraestructura urbana, lo que obliga a una “cuidadosa planificación de las inversiones”, tanto las que realiza el municipio como las que quedan a cargo de las prestadoras de servicios.
Indicó que “no intervenir en estas situaciones alienta las ocupaciones irregulares espontáneas o inducidas”, las cuales generan rechazos entre los vecinos de sectores contiguos, que carecen incluso de cercos u elementos que veden el acceso, además de generar perjuicios “en el funcionamiento de la ciudad en su conjunto”.
Hoy la ciudad está siendo gobernada por Gustavo Bevilacqua, quien como primer concejal reemplazó a fines de 2011 al intendente Cristian Breitenstein, cuando éste asumió en el gabinete de Daniel Scioli como ministro de Producción. Después de las últimas elecciones crecieron los rumores de que Bevilacqua se pasará al massismo.
Una investigación realizada en 2011 por Guillermina Urriza, docente del departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, indicó que Bahía Blanca -dentro del ejido urbano delimitado por las rutas de circunvalación- tiene 2.150 hectáreas de tierra disponibles, de las cuales el 63 por ciento (1.350 hectáreas) están vacantes y habilitadas para un uso residencial. Considerando una densidad de 80 habitantes por hectárea, esa superficie permitiría absorber a unas 73 mil personas, concluyó el trabajo.