Lo que esconde la “modernización”

LA PAMPA NO FIRMO

Con la presencia de apenas una docena de gobernadores, entre los cuales no estaba el pampeano Carlos Verna, se suscribió ayer el “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”.
JUAN PABLO VIETA
Si bien la agenda de la “Modernización del Estado” incluye también cuestiones elementales que inciden directamente en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, relacionadas con la transparencia de la gestión y el acceso a la información, generalmente suelen colarse de manera solapada algunos temas que en realidad van en sentido contrario.
El objetivo central tiene que ver con la incorporación de una serie de criterios de eficiencia en la administración pública. Se trata en términos generales de sintetizar procesos.
Contextualicemos un poco. En los años 90 los ideales liberales que transmitían el FMI y el Banco Mundial ganaron una hegemonía indiscutida, y se impusieron bajo la forma de un compendio de recomendaciones de políticas públicas orientadas a garantizar, teóricamente, la expansión económica de los países emergentes.

“Consenso”.
Fue lo que se dio en llamar “Consenso de Washington”. Se difundió la creencia de que el achicamiento del Estado, a través de la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y la descentralización de funciones elementales hacia otros niveles de gobierno eran condiciones ineludibles para alcanzar el crecimiento económico.
Un Estado mínimo era en realidad el complemento ideal para una política económica que giraría en torno a una liberalización irrestricta del comercio exterior, junto a un tipo de cambio competitivo garantizado por una baja inflación. Y aquí va una aclaración necesaria: la poco venerada “convertibilidad” no había sido el resultado de estas recomendaciones enlatadas, sino por el contrario, fue un invento criollo. En rigor de verdad, un atajo para llegar a una inflación razonable.
Como la idea central de la ortodoxia económica tiene que ver con entorpecer lo menos posible la iniciativa privada, la política fiscal necesariamente tiene que ser austera, de modo tal de garantizar una baja presión impositiva. En otras palabras, menos Estado significa menos impuestos que pagar.
Se trató de un dogma indiscutible para la clase dominante de aquel entonces, incluida la dirigencia política tanto del oficialismo como de los principales partidos de la oposición.

“Segunda generación”.
Sin embargo, como el déficit fiscal siguió siendo un problema común a casi toda Latinoamérica a pesar del achicamiento del Estado, hacia finales de la década del 90, y desde los mismos organismos multilaterales de crédito, surgieron las llamadas “reformas de segunda generación”.
Como se concluyó que las inconsistencias de la política fiscal que llevaron adelante la mayoría de los emergentes eran el motivo principal que explicaban las razones por las que las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no surtieron el efecto deseado, es decir que no propendieron a la sustentabilidad del crecimiento económico, la clave pasó por mostrar mas agresividad en el achicamiento del Estado.
Aparecen las tecnologías de gestión, y dentro de ellas la “gestión por resultados”, medida que en nuestro país se cristalizó a través del Decreto N° 103/2001 durante el inconcluso gobierno del ex presidente Fernando De La Rúa.
Se trata de una técnica importada del sector privado por la que el cumplimiento de los objetivos, manda. Hay metas que alcanzar y ello va asociado a un sistema de premios y castigos que a su vez trae aparejado una serie de implicancias mucho más profundas.

Achicamiento.
En efecto, en la medida que existan dependencias que no cumplan con los objetivos propuestos, éstas se fusionarán con aquellas que tienen una especialidad similar, y es así como se va propendiendo al achicamiento de la burocracia estatal.
El “Plan de Modernización del Estado” aprobado por estos tiempos a través del Decreto N° 434/2016, que lleva adelante el Ministerio de Modernización de la Nación, y que constituye el origen del acuerdo que ayer se firmó con los gobernadores, recupera el valor de la “gestión por resultados” como eje principal de la administración.
No se trata de oponerse a todo intento que busque alcanzar un Estado eficiente, sino de entender las dificultades que tiene incorporar al manejo de la cosa pública criterios empresariales, ya que como se sabe, el Estado no persigue una “ganancia” asimilable a la que se busca en el sector privado.