Los diputados estudiarán el expediente

La Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, le dio entrada ayer al expediente del pedido de prórroga que realizó el Poder Ejecutivo para que la Legislatura extienda, por el período de dos años, el permiso de exploración sobre los lotes II y III del área Salina Grande I.
La concesión, firmada por el decreto 2284/11 que lleva la firma del gobernador Oscar Mario Jorge, está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas -conformada por Gregorio, Numo y Noel Werthein SA, Energial SA y Petrosiel SA-.
En ese sentido, en diálogo con LA ARENA, el diputado justicialista Alfredo Schanton señaló que "el proyecto entró a fines de agosto y el 9 de septiembre sacamos en comisión, el pedido hacia el ejecutivo para que nos envíe el expediente para poder verlo y analizarlo", dijo el ex intendente de Toay.
"Me puse en contacto con Ariel Rauschenberger (ministro Coordinador), el martes recibimos el expediente y ayer lo pusimos a disposición de los diputados y los asesores de cada bloque", sostuvo.
Asimismo, dijo que "El proyecto del Ejecutivo trata sobre la ampliación en dos años del período de exploración de los lotes II y III de Salina Grande I y que, de otorgarse por ese lapso, le sea quitado dos años del período de explotación que ya tiene asignada la UTE por 25 años en el lote I".
En ese contexto, los legisladores le solicitaron al Ejecutivo ver el expediente porque quieren tener más detalles de por qué no se hicieron las inversiones prometidas. "Queremos estudiarlo, por lo que se manifiesta no se han hecho las inversiones que debieron hacerse. Queremos corroborar lo que dice el expediente y tomar una decisión", concluyó.

¿Cuál es el pedido?
El gobierno provincial planteó que la UTE inició el período exploratorio el 28 de febrero de 2007 -por tres años- e hizo uso del pedido de prórroga contractual de un año. Posteriormente ingresó al segundo período el 28 de febrero de 2011 y su vencimiento fue el 28 de febrero de 2013.
"Al no haberse realizado las inversiones comprometidas la UTE no pudo certificar los trabajos que debían realizarse y por ende se vio imposibilitada de ingresar en el tercer período exploratorio cuyo vencimiento hubiera operado el 28 de febrero de 2014", arguyó el poder ejecutivo provincial.
Con respecto a la falta de inversión una nota de Juan José Reyes, publicada en 2013, reveló que las empresas debían realizar inversiones por un monto de 40 millones de dólares, pero solo desembolsaron 25 en los tres lotes concesionados. La UTE fue intimada, mediante la resolución 157/13 de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa.
Sobre tales imputaciones "la empresa adujo problemas económicos y la imposibilidad de realizarlo en los plazos del contrato, solicitando en varias oportunidades la postergación de las tareas exploratorias, suspensiones de plazos y recursos administrativos admitidos por las leyes locales", aseguró el Gobierno.
Y continuó: "El incumplimiento de las inversiones previstas y la finalización de la vía recursiva trae aparejado como consecuencia la mora a la empresa por la causal 'atraso injustificado del plano de trabajos' superior a 90 días". De ese modo "activaría el procedimiento de reversión de los lotes, recupero de la inversión comprometida a través de la ejecución de cauciones y reclamo judicial por daños y perjuicios".
Ante esa circunstancia, la UTE pidió una "prórroga adicional de dos años" del período exploratorio para esos lotes, que el gobierno pretende que sea deducida de los plazos concesionarios.

Rechazo al veto de Jorge de la Ley 2803
La Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria, Obras y Servicios Públicos emitió ayer un despacho por unanimidad -será tratado sobre tablas en la sesión de hoy- por el cual rechazaron el veto del gobernador Oscar Jorge a la Ley 2803 (permitía a Pampetrol los permisos de exploración y posible concesión de explotación del área Gobernador Ayala II).
La comunicación dice "Encomendar a la Presidencia que notifique al Poder Ejecutivo que el veto ha ingresado fuera de término y por ello se solicita la inmediata publicación de la ley".
El mandatario vetó la normativa, mediante el decreto 571/14, sancionada por la Cámara de Diputados por contradecir la Ley Nacional de Hidrocarburos. Se fundamentó en que "La sanción por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley 27007, incorpora el artículo 91 bis a la Ley Nacional de Hidrocarburos, instituyendo como norma, entre otras cosas" que "Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica".

Piden modificar tres artículos de la Ley 257
El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados pretende modificar los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 2574 (Orgánica del Poder Judicial).
El proyecto estipula que en los casos de suspensión, licencia vacancia u otro impedimento que exceda el plazo de 30 días, el Superior Tribunal de Justicia -en virtud del padrón de magistrados y funcionarios sustitutos vigentes- reemplazaría transitoriamente a titulares de las Cámaras, jueces, integrantes del Ministerio Público, y secretarios y prosecretarios de cualquier instancia.
Esta normativa excluye a los miembros del STJ, al procurador general y a jueces de Paz.
Por otro lado, aspira a que los funcionarios judiciales y abogados que pretendan a desempeñarse como sustitutos, deberán presentar curriculum vitae con todos sus antecedentes para formar parte del padrón con el cual el STJ deberá cubrir las vacantes producidas.
A su vez, estipula que la comisión evaluadora deberá estar integrada por un representante del STJ, uno del Poder Ejecutivo, tres por el Poder Legislativo (dos por la mayoría y uno por la minoría), uno del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa y uno del Colegio de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial.
Para confeccionar ese listado -por orden meritorio- se tendrá en cuenta el análisis de los antecedentes académicos, profesionales, publicaciones, estudios de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados). Además, de valorar la obtención de becas, pasantías y el haber estado ternado en concursos anteriores.

Discusión tirante en Diputados
Un clima tenso se vivió ayer en la reunión de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados cuando se trató una nota presentada por la ministra de Educación y Cultura, Jacqueline Evangelista, solicitando a los legisladores que traten la Ley 2435, en relación al conflicto que hay entre el Colegio de Psicopedagogos y alumnos del Instituto Superior de Estudios Sicopedagógicos y Sociales.
Lo que parecía un mero trámite, terminó en una acalorada discusión donde la presidenta de la comisión, Carmen Bertone, destrató a sus pares con conductas déspotas, inapropiadas y antidemocráticas. Entre otras actitudes inadecuadas como la de no respetar la opinión del otro, acusó a Sandra Fonseca de "vivir con el discurso de la sociedad" y a Martín Berhongaray le dijo: "Me extraña que siendo abogado no entiendas estas cosas".
En ese sentido, y en nombre del Bloque Justicialista, sostuvo que "no vamos a interceder en otro poder, no vamos a actuar hasta que se expida la Justicia. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de la división de poderes".
Por su parte, el socialista Luis Solana explicó que "más allá de la cuestión judicial que está planteando un problema general, deberíamos debatir este tema porque estamos hablando del derecho individual de las personas".
Asimismo, Martín Berhongaray indicó: "¿Cuánto vamos a esperar a que la sentencia esté firme? La Cámara no puede quedarse atada de manos, la Justicia está resolviendo cuestiones puntuales y la decisión judicial no va a tener un criterio general que cree precedencia".
Quien puso paños fríos fue el diputado Hugo Pérez. "Traten de rever esa postura porque muchas veces hemos tratado temas a pesar de los amparos judiciales (citó el ejemplo de la Ley de Jubilación) porque si esperamos a la Justicia vamos a tardar mucho tiempo".
Sin embargo coincidieron en volver a invitar a Evangelista a la reunión de la comisión para que explique la situación y reglamente la ley.