Los lonkos piden una parcela propia en el cementerio parque

En el marco de la lucha por la tierra que los descendientes de indígenas llevan adelante, la comunidad Kayu Antu Morituve reclamó una porción de suelo en el campo santo, junto con una exención impositiva.
La lonko de la Comunidad Ranquel, Natividad Inés Cabral, envió días atrás una nota al Concejo Deliberante en la que solicitó que se disponga un espacio en el cementerio parque para el “descanso eterno” de los familiares aborígenes. Su escrito fue presentado en carácter de jefa política de la comunidad “Kayu Antu Morituve” y fue acompañado con las firmas de los lonkos ranqueles Diego Javier Martirena y Rodolfo Gabriel Martirena.
Cabral pidió también que su comunidad quede exenta de impuestos. Justificó el pedido en que la mayoría de los miembros de la comunidad no tienen un ingreso fijo, ya que trabajan en changas, situación que les impide costear los trámites en las oficinas públicas. “La mayoría vivimos hasta ocho personas en una vivienda”, explicó.
En los fundamentos de la solicitud, la dirigente ranquel citó la Ley Nacional 26160, sancionada en el año 2006, por la cual se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.
En ese sentido, desde la comunidad informaron al cuerpo deliberativo que poseen Personería Jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Esa legislación, explicó Cabral, fue sancionada a fin de dar cumplimiento en el artículo 14.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual fue aprobado por nuestro país a través de la Ley 24071. Dicho convenio obliga a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y generar las condiciones para la instrumentación de la posesión y propiedad comunitaria.
La nota fue girada por los concejales a la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones, desde la cual todavía no se ha emitido despacho para su tratamiento en el recinto.