Marcha atrás con medida polémica

El Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos abandonó la pretensión de poner en debate los alcances del ejercicio de la abogacía que había insinuado en su Programa Justicia 2020. Lo hizo luego que los decanos de las facultades de Derecho expresaran su preocupación por ese avance del Estado en una práctica profesional.
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas informó que el 13 de septiembre los representantes del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en la sede de esa cartera. Por la Facultad asistió el vicedecano Francisco Marull.
Durante el encuentro se trataron temas vinculados a actividades que en conjunto podrían realizar las Facultades y el Ministerio. El funcionario puso en conocimiento de los decanos y vicedecanos presentes que su cartera no avanzaría en la consideración y discusión del objetivo “promover la habilitación profesional para el ejercicio de la Abogacía” mencionado en el eje “Justicia y comunidad” del Programa Justicia 2020 impulsado por ese ministerio, conforme la declaración emitida por el Consejo de Decanos el 20 de mayo de 2016 en San Miguel de Tucumán.

Investigación.
Garavano invitó a las facultades a promover actividades en conjunto con el ministerio vinculadas a la investigación empírica del funcionamiento del sistema de justicia y gestión de los conflictos. Con ese fin se acordó la realización de nuevos encuentros para que las Facultades acerquen las ideas, proyectos y experiencias con las que puedan contar y el ministerio analice las posibilidades de financiamiento de los mismos.
Recordaron en el comunicado que el Consejo Directivo de la Facultad expresó en su momento la preocupación por “las injerencias a la autonomía universitaria” que se desprendía del polémico punto del Programa Justicia 2020. Se decidió expresar con una resolución el rechazo a la pretensión del ministerio de poner en discusión los alcances de la habilitación profesional que brindan las Facultades de Derecho.
En la resolución se había advertido “sobre la pretensión de promover una acreditación posterior de la aptitud profesional a los graduados en la carrera, pero por sobre todo como un avance sobre la autonomía y las facultades de las universidades y que debe ser tenido como una señal suficiente para poner al sistema universitario en general en estado de alerta”.

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