Más cautelares de asesores

Los asesores de bloque del Concejo Deliberante que fueron apartados de sus cargos pero siguen cobrando su sueldo a partir de medidas cautelares podrían sumar dos casos más. En los últimos días, Sebastián Acosta y Dante Rambur, quienes eran colaboradores de la fallecida concejala Mariela Cabreros, presentaron recursos en el mismo sentido que antes lo hicieron otros cinco ex asesores.
Ambos fueron desplazados de sus lugares para darle cabida a los dos colaboradores que trajo consigo la edila que reemplazó a Cabreros, la también justicialista Fabiana Ballejo. Para acompañarla en su tarea legislativa ingresaron al cuerpo dos personas, Cinthia Zalabardo y Mireya Regazzoli.

Aguerrido.
La saga de las cautelares para mantener el cargo de asesor la inició el abogado Mario Aguerrido en el mes de enero. Es que su designación fue revocada apenas asumió Liliana Robledo en la presidencia del CD. “La designación en los cargos políticos, como los de asesores, es una potestad de la presidencia”, adujo en su momento la concejala que le arrebató la titularidad del cuerpo al viceintendente Angel Baraybar.
La noticia sobre las dos nuevas cautelares se hizo pública el lunes a través del portal web de noticias Plan B. Ayer, en diálogo con LA ARENA, el asesor letrado del Concejo, César Ortiz, confirmó la noticia y explicó que la sucesión de cautelares se inició cuando Robledo asumió la conducción del CD. “En todos los casos se trata de personal no estable. En el CD hay personal estable y no estable, es decir, funcionarios”, aclaró.
Aguerrido era asesor de la concejala Viviana Rodríguez, del bloque unipersonal de Comunidad Organizada (CO). “A la cautelar que presentó se le hizo lugar y desconocemos en qué estado está el amparo”, dijo. A diferencia de las dos últimas, presentadas contra el CD, la medida del ex asesor de CO y las cuatro que le siguieron Hugo Iglesias (CO) y Antonella Marchisio, Angel Simeón Wiochi y Fernando Fernández (PJ) fueron contra el municipio.

Antecedente.

Las cinco primeras ya están en poder del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que es el órgano judicial que entiende ante la presentación de las medidas contencioso administrativas. Las otras dos ya fueron respondidas por la asesoría letrada del CD desde donde pidieron la nulidad de las mismas ya que el Concejo no tiene personería jurídica para estar en juicio.
Ortiz recordó que en marzo de 2004 se produjo un antecedente que terminó con un fallo del STJ en favor de la decisión adoptada por la presidencia del CD.