Media sanción contra los avisos de "oferta sexual"

Desde la oposición se consideró que el texto victimizará más a las mujeres en situación de prostitución, porque "las va a empujar a una marginalización aún mayor, a la calle, a disposición de los proxenetas"
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley para prohibir los avisos "que promuevan la oferta sexual" implícita o explícitamente, en cualquier medio de comunicación, "soporte o modalidad", lo que incluye las redes sociales.
El texto, que fue impulsado por la diputada pampeana María Luz Alonso junto a otros legisladores de la agrupación kirchnerista La Cámpora como Andrés Larroque y Horacio Pietragalla, fue aprobado en la semana con 123 votos favorables, 54 negativos y 21 abstenciones.
La iniciativa busca ampliar las potestades del decreto 936/2011, que promueve "la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual", y dio lugar a la creación de la Oficina de Monitoreo de publicación de esos avisos.
Hasta el momento, los avisos de oferta sexual no se permiten en diarios y revistas. Ahora buscan sacarlos de las páginas web.
Durante la sesión, la oposición se mostró en contra del proyecto. El radical Manuel Garrido objetó que la iniciativa es "inconstitucional" porque "excluye de la libertad de expresión a aquellas personas que ejercen la prostitución de manera autónoma y no sujetas a una actividad de trata o de explotación" y porque constituye "el primer paso que está dando este Congreso para avanzar sobre Internet".

Avisos.
El texto prohíbe los avisos "que promuevan la oferta sexual" o que oferten, implícita o explícitamente, "personas destinadas al comercio sexual", cualquiera sea el medio de comunicación, "el soporte o modalidad que utilicen". La iniciativa, que comprende también la difusión en vía pública, especifica que quedan comprendidos en la prohibición "todos aquellos avisos cuyo texto resulte engañoso" y que, "haciendo referencia a actividades lícitas, tenga por fin último" la oferta sexual.
Además, estipula que procura la "prevención de los delitos de explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, así como la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, mediante la regulación de la difusión de mensajes destinados al comercio sexual".

Sanciones.
El texto dispone que la autoridad de aplicación -a designar por el Poder Ejecutivo- podrá monitorear los medios de comunicación, "imponer sanciones por incumplimientos", "promover denuncias penales en los casos en que se recabe información que permita suponer la existencia de los delitos", "informar, difundir, concientizar, sensibilizar y capacitar a la población" acerca de la propia ley.
Las infracciones serán castigadas con sanciones "graduales y acumulativas", de modo que si hay reiteración del delito o "desobediencia a una orden de cese, la sanción deberá agravarse". El dinero recaudado a través de las multas "será asignado a un fondo especial destinado a la prevención, concientización y sensibilización en torno de los delitos de explotación sexual y trata de personas".
La iniciativa comprende, en su definición de medio de comunicación, a diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general; servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión; productoras de contenidos audiovisuales y digitales; proveedoras de acceso a Internet y empresas de difusión en vía pública.

"Victimizar".
En caso de que los avisos se difundan por redes sociales, "la autoridad de aplicación notificará a quien corresponda para que se proceda a la eliminación del contenido prohibido". Ese aspecto fue especialmente destacado por Larroque durante el debate, y a la vez igualmente objetado por Garrido, quien consideró que el texto victimizará más a las mujeres en situación de prostitución, porque "las va a empujar a una marginalización aún mayor, a la calle, a disposición de los proxenetas", de modo que tendrá "un efecto contradictorio con la finalidad que dice perseguir".

Sanciones y ganancias.
En defensa del proyecto, Larroque señaló que desde que comenzó a funcionar la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, del Ministerio de Justicia de la Nación, el promedio de avisos publicados "bajó de 1100 a 300". Además, explicó, que "a pesar de que el cumplimiento de esta normativa es muy alto, del 80 por ciento, hay un 20 por ciento de medios gráficos que no lo cumplen, aduciendo que el decreto no tiene capacidad sancionatoria, recurriendo a la Justicia y a todo tipo de argucias como cautelares y demás".
De las 133 actuaciones y 33 sanciones que se generaron desde esa oficina, 35 corresponden al Grupo Clarín y 10 sanciones fueron desoídas. Inclusive hay una multa de 362 mil pesos que el medio no pagó y que se encuentra recurrida en la Justicia.
Esa Oficina de Monitoreo hizo referencia a que solo en los primeros seis meses del año, el diario Clarín publicó 16.552 avisos por los que obtuvo una ganancia de 2.597.748 pesos. En junio, la mayoría de los diarios dejó de publicar este tipo de avisos conocidos como "rubro 59": mientras que en noviembre de 2011 el promedio diario de publicaciones irregulares era de 1.123, en abril de este año el número descendió a 295.