Mendoza también amenaza con ir a la Corte Suprema de Justicia

LAUDO PRESIDENCIAL POR PORTEZUELO DEL VIENTO

Lo dijo un abogado mendocino en una de las últimas reuniones del comité técnico del Coirco. “Si el laudo presidencial sale a favor de La Pampa, nosotros también vamos a pedir la revisión judicial a la Corte Suprema”, anticipó.
Al igual que lo hará La Pampa en caso que el laudo presidencial no atienda sus reclamos, la provincia de Mendoza anticipó que si la decisión del presidente Mauricio Macri sobre Portezuelo de Viento llega a sintonizar la frecuencia pampeana, ellos también irán a la Corte Suprema de Justicia para solicitar una revisión judicial del caso. Con esta afirmación cabe concluir que sea cual fuera el laudo, la decisión final sobre la futura represa terminará en manos de los jueces supremos, toda vez que es difícil que el laudo convenza a las dos partes a la vez. Uno de los argumentos pampeanos para negarse a la obra es que como está planteada actualmente Portezuelo, implica subvertir las prioridades del Tratado de 1976, al anteponer la generación eléctrica al consumo humano y la regulación de la cuenca.
“No nos oponemos a obra de Portezuelo del Viento sino a las condiciones en que quieren hacerla Mendoza y Nación”, explicó el procurador general de Rentas y representante pampeano en comité hídricos, Hernán Pérez Araujo, al dejar en claro que la postura contraria a la represa sobre el río Grande no ataca una obra contemplada en el Tratado del Colorado de 1976 sino a las condiciones desventajosas en que está planteada para las provincias de aguas abajo.

Desconfianza.
“La oposición que sostuvo el gobernador (Carlos) Verna y que está plasmada en el acta 70 del Consejo de Gobierno de Coirco es una negativa no a la obra en sí misma sino a las condiciones en que Mendoza y la Nación la quieren concretar, con un estudio de impacto ambiental que no alcanza a toda la cuenca, las normas de primer llenado y de manejo sin aprobar hasta ese momento -23 de diciembre de 2016-, el lugar donde se la quiere emplazar, que no es el que contempla el Tratado, la inversión de prioridades, y la desconfianza que nos genera a los pampeanos una obra en territorio mendocino manejada por mendocinos”.
Con este detalle, Pérez Araujo dejó en claro que el “no” de La Pampa a Portezuelo no va en contra del Tratado de 1976 sino a una actitud y a un comportamiento que remite a lo ya ocurrido hace 50 años: una alianza entre Mendoza y la Nación en pos de un objetivo puntual sin atender a los intereses de las personas y regiones afectadas. Para los pampeanos es la historia del río Atuel que se anticipa en el río Colorado.
“Precisamente, en el voto disidente del 23 de diciembre nosotros hicimos un racconto de los 70 años de despojo del Atuel, del destrato de Mendoza hacia La Pampa y de su permanente manejo arbitrario de los ríos interjurisdiccionales”, recordó Pérez Araujo.

Prioridades.
“Es cierto que la obra está contemplada en el Tratado del Río Colorado de 1976, pero en ese momento la realidad hídrica de la región era otra, con mucha agua en los ríos cuando ahora tenemos pocas; se contemplaba en otro lugar y no donde quiere hacerla Mendoza, y todo eso lo hemos escrito en el voto disidente”.
Lo que también advirtió La Pampa es que el Tratado señala como tópicos prioritarios de la gestión del río a las obras para garantizar el consumo humano de agua, el manejo integral de la cuenca y la prevención de crecidas, mientras que en Portezuelo del Viento la prioridad es la generación eléctrica. “Esa inversión de prioridades también la hemos señalado porque consideramos que ataca los principios básicos del Tratado”, comentó el procurador y representante pampeano en el futuro comité de río Desaguadero.

Licitación en stand-by.
Según evaluó Pérez Araujo, si no hubiera sido por la fuerte resistencia de La Pampa a los embates de Mendoza, la obra ya estaría en proceso de licitación “pero con las condiciones que quería Mendoza, absolutamente perjudiciales para toda la cuenca”.
El procurador comentó que al solicitar el laudo presidencial, La Pampa sostuvo que Mendoza no puede avanzar con la obra hasta tanto haya una definición firme. En este aspecto se aferró a lo estipulado en el artículo 83 del presupuesto nacional para este año, que condiciona “el inicio del proceso de contratación” -así reza el artículo- a la aprobación por parte del comité de cuenca.
“Para nosotros, el término ‘proceso de contratación’ quiere decir que Mendoza no puede avanzar tampoco con la licitación de la represa. A pesar de las promesas, ellos aún no han convocado a la licitación, y nosotros creemos que no es por que estén esperando un veredicto ni nada parecido, sino porque saben que tienen esa traba legal”.