"No vamos a renunciar a los juicios"

El ministro de Hacienda Ernesto Franco estuvo ayer en la Cámara de Diputados para explicar un proyecto sobre reestructuración presupuestaria y dialogar con los legisladores que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto acerca de las reformas que pretende implementar el gobierno nacional. A priori, dichas medidas que están en negociación con los distintos gobernadores, podrían traer a la provincia de La Pampa un aumento de la edad jubilatoria, el incremento del impuesto a las ganancias, la reducción del 82% móvil.
El proyecto por el cual fue citado Franco, que obtuvo despacho favorable por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto, será tratado sobre tablas el próximo jueves en la sesión y tiene que ver con la reestructuración del presupuesto, producto del ingreso de dinero de casi 1.000 millones de pesos, por las dos áreas petroleras Jagüel de los Machos y Medanito Sudeste.
El ministro explicó que se prevé la capitalización del Banco de La Pampa y la redistribución del efectivo para cubrir, en primer lugar, el déficit del presupuesto de 550 millones de pesos, y en segundo lugar, para reforzar la tarjeta alimentaria y para destinarlos al servicio de limpieza en educación, al personal de institutos privados, a los vigilantes retirados, a medicamentos, entre otros sectores.

Reformas.
Franco explicó también la situación que actualmente vive la provincia con respecto al paquete de reformas que el gobierno nacional propuso y las negociaciones que lleva adelante con los distintos gobiernos provinciales.
"La Pampa llega a fin de año con mucha incertidumbre, porque hay un apriete muy grande hacia las provincias. Están queriendo que los gobernadores sean partícipes del aumento de la edad jubilatoria, por ejemplo", dijo.
En relación al fondo del conurbano, expresó que "el planteo general de todo esto es darle 64 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires ajustables por año, y que no sean coparticipables, destinados a obra pública, y que el resto de las provincias queden neutras. El presidente le aumentó a la Capital y ahora a provincia".
"Firmar este acuerdo significa aumentar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, contrariamente lo que decían en la campaña. De acá a cuatro años se daría la situación de que un empleado pague una alícuota máxima del 35% mientras que el empresario una máxima del 25%", detalló.

Impuestos sí, juicios no.
"Nos dicen que bajemos el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos y que incrementemos el impuesto a los comercios. En definitiva quieren que los municipios subsistan con las tasas, y que las provincias con el impuesto a las riquezas, inmobiliario y a la renta, es decir que desaparezca ingresos brutos al área productiva", añadió Franco.
Otra de las obligaciones que están explicitas en la adhesión de las reformas planteadas por el gobierno nacional, es la renuncia de todos los juicios que los gobierno provinciales tienen hacia el Estado nacional. Con respecto a esto, el ministro aseguró que "es una barbaridad y La Pampa no va a renunciar a los juicios".
Si bien las negociaciones recién comienzan y todavía se espera que se modifiquen diferentes artículos fundamentales, el ministro aseguró que "no vamos a avalar el tema del aumento del impuesto a las ganancias, de bajar el 82% móvil a los jubilados, tampoco vamos a renunciar a los juicios ni a aumentar la edad jubilatoria".
Finalmente, después de su exposición, Franco manifestó: "Si se da esto, si esto se lleva adelante, cambiaría el eje del país hacia un centralismo total".

Con despacho favorable
En plenario de comisiones de Legislación Social y de Hacienda y Presupuesto, los legisladores emitieron dictamen favorable por unanimidad al proyecto por el que se aprueba el convenio de cooperación mutua, suscripto entre el Gobierno de la provincia de La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa, para dar continuidad al funcionamiento del Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos (Labcap), ubicado en General Pico.
También por unanimidad, se sacó despacho a la iniciativa de Espartaco Marín, Ariel Rauchenberger y Claudia Godoy por el que se modifica el articulado de la Ley Nº 2271, la que autoriza a los poderes del Estado y Organismos Autárquicos y Descentralizados, a redeterminar precios. Dicha normativa autoriza a las empresas a hacerlo únicamente sobre el rubro "mano de obra" y como consecuencia de las "variaciones salariales, previsionales y asistenciales".
"A los fines de dejar subsanado el 'vacío' legal que llevó a diversas interpretaciones respecto si las cooperativas de trabajo podrían ser sujeto del instituto de la redeterminación de precios, se propone el agregado de un párrafo donde explícitamente se las incluya y se tenga como referencia los incrementos en los Convenios Colectivos de Trabajo iguales a la actividad objeto del contrato, o bien el correspondiente a los Empleados de Comercio o al que en el futuro lo sustituya", afirma el proyecto.