No es delito que el TdC audite a los privados

La investigación preliminar terminó en la nada, en un archivo. La fiscal Susana Alvarez concluyó que no se cometió ningún delito cuando, en 1999, el Tribunal de Cuentas y el Colegio de Abogados firmaron un convenio ‘sui generis’ para que el organismo público controlase el proceso de licitación y construcción de dos edificios por parte de la entidad privada.
La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas no habilita al organismo que presidente Natalio Peres a controlar organismos privados. Así lo dice cuando refiere a su competencia: habla de “intervenir en el control previo, y en el ulterior juzgamiento de las rendiciones de cuentas, de las operaciones financiero-patrimoniales de los poderes del Estado y de los organismos autárquicos o descentralizados, a fin de verificar la legitimidad de los trámites”.
Tampoco la Constitución pampeana, en el artículo 103, le da esas facultades al TdeC. El texto dice que “fiscalizará la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios de la Provincia, referidas a la inversión de los mismos”. En este caso no hubo ningún subsidio de por medio para pensar que debió fiscalizar dineros públicos.
El convenio fue firmado por el presidente del Tribunal, Natalio Peres, a su vez asociado del Colegio, y su par de ésta última institución, Román Molín. La justicia sospechó, prima facie, que Peres podría haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por atribuirse potestades que ni la Constitución ni la Ley Orgánica le otorgan, pero Alvarez desechó esa posibilidad pese a que no se conocen otros acuerdos similares.
La semana pasada, luego de dos meses, el Colegio respondió a un pedido escrito de este diario -el Tribunal, en cambio, nunca contestó a ese requerimiento- y entregó una copia del convenio. Justificó la demora en que “hubo que realizar una exhaustiva búsqueda en nuestros archivos, dado el largo tiempo transcurrido”. Ahora, conociendo que no habrá una investigación penal, la pregunta es inevitable: ¿conocía el Colegio esa novedad cuando resolvió entregar esa copia?