“No tener una normativa, paraliza”

El titular de la Comisión Nacional de Tierras dialogó con LA ARENA antes de su disertación en el Concejo Deliberante. El funcionario habló sobre la especulación inmobiliaria, el veto de las ordenanzas de Larrañaga y los beneficios del uso sustentable de la tierra.
El director de la Comisión Nacional de Tierras -dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación-, Roberto Perito, brindó una charla abierta y gratuita que contó con la presencia de una nutrida concurrencia, entre los que se contaron adjudicatarios del Programa Crédito Argentino. La actividad se llevó a cabo el martes por la noche en salón de sesiones del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.
Antes de ingresar al municipio, Perito dialogó con un cronista de LA ARENA sobre la especulación del mercado con los terrenos, el veto del intendente Luis Larrañaga de las ordenanzas municipales (la ampliación del radio urbano y la creación de Banco Municipal de Tierras, entre otras) y habló sobre los beneficios de hacer un uso sustentable de la tierra.
“Venimos por invitación de las edilas Liliana Robledo y Mariela Cabreros, a poder expresar las políticas que viene llevando adelante la Comisión Nacional de Tierras a nivel nacional (desde la Quiaca a Ushuaia) con respecto a la regularización dominial, el acceso justo al hábitat y la tenencia segura de inmuebles para vivienda única y permanente de grupos familiares. Esto nos abre un marco de trabajo en la provincia y en la ciudad”, señaló Perito.
– En nuestra ciudad hay más de 200 familias adjudicatarias del Procrear que no pueden
conseguir terrenos. ¿Cómo es la situación a nivel nacional?
– Es una realidad que se repite en todo el país. El Procrear es una política muy inteligente del gobierno nacional y está dirigida a la clase media y trabajadora, un sector que no encontraba cobijo en los créditos de las instituciones privadas. Haciendo un bueno uso de los recursos de la Anses se está financiando este programa que aparte, dinamiza la producción mediante la construcción de viviendas y de la generación de puestos de trabajo.
– Hay una gran puja del sector privado por obtener mayores ganancias. ¿Cómo se solucionaría esto?
-Hay presiones y especulaciones desde algunos sectores del mercado inmobiliario, nosotros lo llamamos “tierra de engorde” (es como la vaca que la dejan criándose en el campo hasta que tiene el peso adecuado para ser vendido). Son terrenos que se venden a un precio elevadísimo. Desde el 2006 cuando Néstor Kirchner nos confió la conducción de la Comisión Nacional de Tierras venimos trabajando con políticas que tranquilamente podrían apuntalar al Procrear. Es bueno que se genere la demanda de tierras porque había una resignación en vivir alquilando, hoy esas personas están dando un salto de calidad en tratar de tener su propia vivienda.
– Está al tanto de las ordenanzas municipales que vetó el intendente Luis Larrañaga…
– Sí, las concejalas me hicieron llegar las ordenanzas. Entiendo que toda normativa es perfectible pero el hecho de no tener una normativa que apunte a solucionar un problema nos paraliza. Pueden ser mejores o peores pero lo peor que nos puede pasar es que no tengamos normativa. Por ejemplo, La Pampa no está adherida a la Ley Nacional 24374 (Régimen de Regulación Dominial) que permite a sectores populares regularizar tenencias informales. No es la panacea pero le daría a buena parte de la población la tranquilidad que la vivienda, el esfuerzo de tantos años de trabajo, queda garantizada para la familia. Es una cosa tan simple y necesaria para cualquier ciudadano.
– ¿Cómo observa el trabajo con el desarrollo sustentable de la tierra?
– En esta lógica de proyectar y de que el Estado se involucre en planear por donde crecen las ciudades y garantizar un acceso justo al hábitat, se abona la sustentabilidad de cualquier tipo de programas. Cuando el Estado no lo hace, esas obras son afrontadas por el sector privado pensando en el lucro y no desde las mejores herramientas y en la planificación de la ciudad. Desde el gobierno nacional impulsamos y acompañamos las políticas de municipios y provincias, generando una política de tierra activa dirigida por el Estado que siempre va a tener en cuenta a la sociedad.