Ojuez denunció que recibió miles de mensajes que lo tratan de “asesino”

ABORTO NO PUNIBLE

La ley garantiza a las pacientes acceder a esa práctica en cualquier centro sanitario de la provincia. En el Centeno arguyeron “objeción de conciencia”, pero no informaron a la mujer de sus derechos.
“Es un tema controvertido que da lugar a que se abra el debate, para gente que está o no de acuerdo, pero como integrante del Poder Ejecutivo estoy obligado a instrumentar la aplicación de la ley”, expresó el ministro de Salud, Rubén Ojuez, al referirse al reciente caso de una mujer en General Pico a la que los médicos del Hospital Centeno se negaron a practicarle el aborto no punible, argumentando objeción de conciencia.
Después fue el propio Ojuez el que gestionó un turno en el Lucio Molas, y a la joven madre se le practicó el aborto y también una ligadura de trompas. Tenía un embarazo de alto riesgo, combinado con un cuadro de desnutrición y además 10 hijos -dos con discapacidad-, que dependían de ella que es su único sostén.

Protocolo.
El ministro de Salud, en diálogo con LA ARENA dijo que “algunas personas están haciendo una discusión muy cortita. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, que obligó en un caso y consecuentemente al resto de las provincias”, dijo, a la vez que recordó que “el gobernador Jorge adhirió y le ordenó al ministro del área que realizara el protocolo” para instrumentar el aborto no punible en los términos que la ley nacional indica.
Ojuez puntualizó que “tienen que darse las condiciones que la ley exige”, y recordó que el artículo 86 del Código Penal prevé la posibilidad del aborto no punible, en el inciso 1 en el caso de mujeres violadas y discapacitadas; y en el inciso 2 en los que esté en riesgo la salud de la madre”.
El funcionario señaló que “esos son las dos situaciones donde está previsto el aborto no punible”, y que en el segundo caso “un grupo técnico” es el encargado de evaluar la cuestión. En el primer supuesto alcanza la sola manifestación de la mujer, sin que sea necesario judicializar el tema.

Lo que pasó en Pico.
Sobre la cuestión planteada en General Pico, el ministro Ojuez pareció no querer ofrecer un juicio determinante. “Creo que hay que hablar con la gente de Pico y de todos los hospitales, porque uno puede o no estar de acuerdo, e incluso tener objeciones de tipo religiosa, espiritual, social o de las características que sean, pero una ley nos obliga poner a disposición de las pacientes el protocolo de salud. Se debe garantizar el acceso al sistema y poner a disposición un grupo de profesionales compuesto por ginecólogos, psicólogos y médicos que deberán decidir técnicamente si la interrupción del embarazo debe hacerse o no”.
Agregó que uno “puede tener una objeción, pero tiene la obligación de informarle a la paciente, que en este caso concreto corría muchísimo riesgo de vida. Este hecho tiene que ser un disparador para mejorar lo que haya que mejorar”, completó.

Cataratas de insultos.
Lamentó que la situación haya derivado en una exposición de la mujer a través incluso de fotos que constituyeron a su juicio “una invasión a su intimidad”.
Los médicos del Hospital Centeno se negaran a realizarle el aborto, y fueron más allá en el cumplimiento del protocolo, porque no le informaron a la paciente que tenía derecho a interrumpir su embarazo legalmente. En definitiva le negaron a la mujer, que corría riesgo de muerte, la posibilidad de decidir si continuaba o no con el embarazo.
Por otra parte Rubén Ojuez indicó que recibió “muchos cuestionamientos” por haber intercedido para que la intervención a la madre se le practicara en el Hospital Lucio Molas. “Lamentablemente tuve en mi teléfono una catarata de mensajes en contra, llamadas a altas horas de la noche, con insultos, con más de 5.000 mensajes al correo oficial del ministerio demonizando mi figura, tratándome de asesino. Me parece que no se trata de personalizar en una persona en un tema tan controvertido: porque el Estado está dividido en poderes, y en tanto el legislativo hace las leyes el Ejecutivo debe instrumentarlas. Puedo estar en contra incluso de una ley, pero tengo que acatarla porque sino puedo caer en la figura de incumplimiento de los deberes del funcionario público”, se extendió.

Hipocresía.
Ojuez, que se mostró molesto -“uno también tiene familia, que se ve afectada en este tipo de situaciones”, razonó-, dijo que “las dos posturas extremas no sirven. Por supuesto está el derecho a la vida, pero también el de la vida de esa madre, que no podía continuar con un embarazo de alto riesgo, y detrás también una historia de violencia de género, de desocupación, de una madre con 10 chicos, dos discapacitados… Si esas 5.000 personas que dejaron mensajes se hubieran ocupado nada más que un poquito de ir a ver lo que pasa, aún en forma anónima, quizás podrían haber ayudado… hay un poquito también de una cuestión de hipocresía”, reflexionó.