Oporto y Rodríguez con falta de mérito

Los pampeanos Graciela Elena Oporto y Raúl Víctor Rodríguez, ex subsecretarios de Obras Públicas de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner, salieron favorecidos por el fallo del juez federal Julián Ercolini que, en cambio, significó el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández, del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del ex secretario de Obras Públicas, Juan José López, entre otros (ver página 3).
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de la Capital Federal no encontró evidencia para vincularlos a los delitos que se investigan los cuales, según su fallo de ayer, estaban dirigidos a apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Oporto ocupó la Subsecretaría entre el 28 de mayo de 2003 y el 21 de diciembre de 2004. Antes había ocupado diversos cargos públicos en la Municipalidad de Santa Rosa y en el Gobierno de La Pampa, todos vinculados a su profesión de arquitecta. Raúl Víctor Rodríguez, "Tuti", estuvo al frente de la Subsecretaría entre el 16 de febrero de 2005 y el 22 de mayo de 2007.

Omisión de control.
En la causa de Ercolini ambos fueron imputados por "haber perjudicado los intereses que le fueron confiados en su carácter de Subsecretarios de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios al omitir ejercer el contralor de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), función que normativamente le había sido atribuida por el Decreto 27/2003 del Poder Ejecutivo Nacional".
Esto último es lo que Ercolini no pudo acreditar, puesto que, según los testimonios de los propios imputados, entre los cuales se incluyen Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala, quienes también estuvieron al frente de la Subsecretaría en períodos posteriores, la DNV respondía directamente a la Secretaría de Obras Públicas y el control que debía realizar la Subsecretaría era meramente formal.
Esa fue la razón, en pocas palabras, por la cual el juez dictó la falta de mérito, es decir, consideró que, al menos en esta etapa del proceso, no había elementos para procesarlos, pero tampoco para desvincularlos definitivamente de la investigación a través de un sobreseimiento.

Indagatorias.
En su indagatoria, Oporto explicó que llegó al gobierno nacional porque en marzo de 2003 le presentó a Julio De Vido un proyecto de plan de desarrollo territorial para la Argentina. Entonces, el ex ministro era el jefe de los equipos profesionales de la campaña electoral de Néstor Kirchner. Apenas asumió, el funcionario le ofreció la Subsecretaría de Obras Públicas para desarrollar el proyecto que le había entregado meses antes.
A su turno, Rodríguez dijo que llegó a Planificación Federal porque se contactó con De Vido para pedirle trabajo. Recordó que lo conocía por la visita que el santacruceño había realizado a La Pampa en noviembre de 2003, ya como ministro, momento en que el pampeano ocupaba la cartera de Obras Públicas en el Centro Cívico, bajo la gobernación de Rubén Marín. Explicó que comenzó a desarrollar proyectos relacionados con saneamiento, período en que conoció a López. Luego se desempeñó como Secretario de Obras Públicas en la Intervención Federal de Santiago del Estero y que luego López le ofreció la Subsecretaría en Nación.

Relaciones funcionales.
Los cuatro ex subsecretarios dijeron que las relaciones que tenían con Kirchner, De Vido y López eran de carácter funcional y que no conocían a Lázaro Báez. Oporto basó su defensa en que ninguna de las obras públicas que estaban siendo investigadas se inició en su gestión, por lo cual no había participado en llamados a licitación, tramitación, adjudicación, ejecución de obras y pagos.
Rodríguez hizo hincapié en que el contralor que debía realizar la Subsecretaría era meramente formal y que, aun cuando se quisiera llevar adelante, no había posibilidad material de hacerlo, dado la autarquía que la DNV tenía. Añadió, por otro lado, que ninguno de los órganos con competencia específica respecto del control del accionar de Vialidad había producido nunca informe alguno en el que se denunciaran irregularidades.
También declaró que su poder como subsecretario era limitado puesto que no podía decidir qué obras se hacían y cuáles no. Aseguró que esa circunstancia, junto a un conflicto suscitado en el marco de una interna justicialista en La Pampa, provocó su decisión de plantearle su renuncia a López y a De Vido. En su defensa esgrimió además que ninguno de los expedientes investigados pasó por la Subsecretaría.

Argumentos atendibles.
Ercolini consideró que los argumentos exculpatorios de Oporto y Rodríguez, así como los de los otros dos ex subsecretarios, resultaban, por el momento, atendibles, sin perjuicio de las medidas posteriores que pudieran realizarse. El juez tuvo en cuenta testimonios de testigos que aseguraron que la DNV respondía directamente a López y De Vido, es decir, a la Secretaría de Obras Públicas y al propio Ministerio. Además concluyó que el rol de contralor que supuestamente tenían los subsecretarios no era más que "una actividad de tutela administrativa".
Oporto y Rodríguez se vieron favorecidos por una declaración de Leonardo Fariña, quien aseguró que las obras públicas se acordaban entre De Vido y López en forma directa con los gobernadores e intendentes.
"Por los motivos expuestos, por el momento, habré de dictar la falta de mérito respecto de Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala", concluyó el juez.

El procesado pampeano
La causa que lleva adelante el juez Ercolini tiene involucrado a un tercer pampeano, Héctor René Jesús Garro, nacido el 29 de julio de 1954 en la ciudad de General Acha, pero con domicilio en 28 de noviembre, provincia de Santa Cruz. En esa localidad se radicó en los setenta. Allí fue concejal y más tarde diputado provincial. Pero su vinculación con la causa judicial surge porque entre el 3 de octubre de 2005 y el 15 de marzo de 2006 fue presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, en la provincia de Santa Cruz.
Ercolini entendió que desde ese rol, fue parte de la asociación ilícita por la que procesó, entre otros, a Cristina Fernández, Julio De Vido, Juan José López y Lázaro Báez. Sostuvo que intervino en algunos procesos de licitación en los que se asignó obra pública vial al conglomerado empresarial de Báez "cuando los respectivos procesos se caracterizaron por la concurrencia de múltiples irregularidades".
El pampeano, dijo, omitió su deber de administrar y cuidar fielmente los fondos públicos que le fueron otorgados a esa repartición por la DNV, función que estaba bajo la órbita de su
responsabilidad.
Cuando fue indagado en la causa, Garro dijo no recordar haber adjudicado durante el período en el que estuvo a cargo la AGVP obra pública a ninguna de las empresas que en ese momento fuesen de Báez.
Ercolini no le creyó y ordenó su procesamiento por considerarlo "prima facie" coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. A su vez, le trabó embargo en los bienes hasta cubrir la suma de 2.500 millones de pesos.
Actualmente, Garro posee un restaurante y un hotel en el ingreso a General Acha.