Ordenan retirar los presos de la Seccional Segunda

Tras el hábeas corpus colectivo presentado por el defensor general y los abogados de los actuales detenidos, la jueza ordenó desalojar y clausurar el lugar. Denunciaban condiciones infrahumanas de detención. Los presos fueron trasladados a la Tercera y a Alcaidía.
Los siete detenidos que había hasta ayer en la Seccional Segunda fueron trasladados a otras dependencias policiales, luego de que la jueza de control Florencia Maza resolviera que el lugar no era apto para alojarlos.
De esta forma, Maza hizo lugar al pedido del defensor general, Eduardo Aguirre y los defensores oficiales, María Silvina Blanco Gómez, Cristina Albornoz y Martín García Ongaro, que el pasado 8 de agosto presentaron un recurso de Habeas Corpus Correctivo y Colectivo denunciando las condiciones infrahumanas en las que estaban los detenidos. Cerca de las 15, las celdas de la Segunda fueron formalmente clausuradas luego de que la propia magistrada recorriera las instalaciones y comprobara las deficientes condiciones sanitarias. Ahora los reclusos están alojados en dos grupos, uno en la nueva Seccional Tercera y el restante en la Alcaidía de Santa Rosa. Pero lo cierto es que el problema no se resuelve con la clausura de los calabozos de la Segunda. “El problema es más grande y es que no hay actualmente lugares para alojar a los detenidos. Se utilizan las comisarías, y eso no se puede hacer. No podemos alojar a condenados. Actualmente nosotros teníamos a hombres que estaban por cumplir su condena. Muchas veces utilizan nuestras dependencias para resolver conflictos entre internos, separándolos en distintos lugares. Pero la realidad es que la capacidad de alojamiento en La Pampa está colapsada”, dijo un oficial de la Segunda. El fallo fue notificado al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva y también al jefe de Policía, Ricardo Baudaux.

Hábeas corpus.
En el hábeas corpus, los defensores denunciaban “condiciones indignas e inhumanas de detención que incumplen gravemente los estándares mínimos que exigen las normas nacionales e internacionales”, que “se mantienen detenidas a siete personas, habiendo llegado ese número a diez, en una sola celda de escasas dimensiones”, que “posee camastros sólo para cuatro”, y que “el resto de los detenidos duerme en colchones en el piso, uno al lado del otro, sin elementos básicos de higiene ni desinfectantes”.
Pero además en el escrito se hacía foco sobre el régimen de comidas y las condiciones edilicias: “Los reclusos reciben dos comidas diarias, servidas a diferentes horas sin motivos excusables, casi siempre frías, en un sólo recipiente del cual comen todos, sin utensilios, salvo aquellos a quienes su familia se los han facilitado, ya que el Estado no se los brinda. Los calabozos carecen de vidrios y con el objeto de protegerse de las bajas temperaturas, han colocado allí mantas y trozos de colchones. Dichos colchones no son ignífugos, sino de goma espuma común, y los detenidos fuman en ese lugar pudiendo por ello, ocasionar algún incendio accidental. El baño presenta múltiples hongos en el piso y las paredes, como así falta de higiene, debido a que los elementos para ello no le son provistos, tornándose el lugar en insalubre, provocando riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas”.
Por último, el recurso indicaba que no había atención médica adecuada, que los internos no cuentan con acceso a teléfono para comunicarse con familiares, ni espacios curriculares ni de lectura ni espacios recrearse o egresar a un ambiente abierto y natural, permaneciendo las 24 horas en la celda.