"Osorio usó el gasoil para turismo"

El fiscal federal Alejandro Cantaro acusó al ex intendente Néstor Alcala y a su secretario de Obras Públicas, Jaime Sterin, de ser "partícipes necesarios" de una defraudación contra el Estado nacional al avalar la maniobra perpetrada por el fallecido empresa Diego Carlos Osorio de "inflar" los recorridos que hacían sus colectivos para obtener un mayor subsidio al gasoil. El fiscal advirtió que Alcala y Sterin sabían de la maniobra y que tenían las herramientas para corregirlas. Pidió una nueva investigación, contra la empresa El Indio. La defensa insistió en la inocencia de los ex funcionarios.
En la mañana de ayer se escucharon en el Tribunal Oral Federal las alegatos de las partes en el juicio que se sigue a Alcala y Sterin por el caso conocido como "Recorridos inflados", ocurrido hace una década en la Municipalidad de Santa Rosa. El fiscal Cantaro dio por probados los hechos y consideró a Alcala y Sterin como co-responsables del delito. Pidió 2 años de prisión en suspenso para cada uno de ellos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La defensora oficial Laura Armagno, en nombre de Alcala, y el abogado Mariano Alomar, en representación de Sterin, solicitaron la prescripción de la causa y alegaron que no se ha podido comprobar fehacientemente un perjuicio contra el Estado nacional, que es el sustento de la acusación.
Originalmente, la causa tenía otros dos acusados, el subdirector Arturo Ripa y el titular de la empresa El Indio, Diego Osorio. Ambos fallecieron años atrás.

"Colaboración dolosa".
Cantaro basó su acusación en que sí hubo un perjuicio al Estado nacional con el sobrecálculo de la distancia recorrida. "Claramente era una estafa", argumentó. Valoró particularmente que los concejales Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal advirtieron al intendente de la maniobra que habían detectado, sin que este hiciera nada para modificar la situación. De hecho se quejó de que Alcala aún al día de hoy insiste "peyorativamente" en que la denuncia de Giorgis y Carrascal era de tono político, cuando a su entender está claro que hubo un beneficio económico de alguna parte.
De hecho, señaló Cantaro, mientras el intendente se hacía el distraído, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) al anoticiarse del caso -también por medio de los ediles- rápidamente corrigió la situación y recortó el subsidio que daba a Osorio.
El fiscal sostuvo que hubo un perjuicio al Estado nacional y que ello fue posible merced a la "necesaria participación" de los acusados. "Fue efectuada con conocimiento. Trataron con desprecio algo que conocían. Hubo colaboración dolosa", disparó.

Nueva causa.
Junto con la condena en suspenso y la inhabilitación para los cargos, Cantaro pidió a los jueces que impulsen el inicio de una nueva investigación penal, en este caso contra la empresa El Indio, que en este momento está en manos del hijo del fallecido Osorio. Esto porque, según surgió de una declaración escuchada durante el juicio, Osorio usaba el excedente del cupo para cargar gasoil en los colectivos de la empresa de turismo.
Por ello pidió que se investigue si El Indio incurrió en evasión tributaria o lavado de dinero.

Por la absolución.
Tras la acusación fiscal, la defensa pidió la prescripción en primer término, y la absolución en forma subsidiaria.
La defensora oficial, Laura Armagno, consideró que "la acusación es un berrinche" y recordó que la pericia de la Corte Suprema de Justicia no pudo determinar con precisión si hubo perjuicio a la Administración Pública. También consideró "absurdo" sospechar del intendente cuando era el resto del andamiaje administrativo el responsable de este tipo de trámites.
El abogado Mariano Alomar, defensor de Sterin, adhirió al pedido de prescripción y también planteó la absolución del ex secretario. "No hubo daño ni conducta reprochable", sostuvo.