Otros dos policías mantuvieron silencio
Los dos policías imputados de sedición que fueron citados ayer por la justicia repitieron la estrategia de sus compañeros. Eligieron no declarar y, eventualmente hacerlo, cuando accedan a las pruebas que existen en su contra. Esta vez fue el turno del suboficial Diego Hernán López, que se desempeña en la Seccional Primera, y de José Luis Furriol, retirado. El jueves y viernes de la semana pasada habían actuado igual los cabos primero Guillermo Julián Giménez y Luis Horacio Bruno, dos de los tres cabecillas de la sublevación, y Fernando Alberto Rolhaiser.
López y Furriol concurrieron a primera hora de la mañana a la Ciudad Judicial, donde el fiscal general Guillermo Sancho les iba a recibir sus testimonios, pero al informar que no hablarían fueron atendidas por la prosecretaria María Cecilia Molinari. Previamente, como se presentaron sin abogados, recibieron la asistencia gratuita de la defensora oficial Paula Lorena Arrigone, quien reemplazó ocasionalmente a su colega Martín García Ongaro.
El trámite se limitó a leérseles los hechos que les imputan y que se resumen en la toma de la Jefatura durante 27 horas entre la noche del miércoles 11 de diciembre y los primeros minutos del viernes 13, luego de una movilización hasta la Casa de Gobierno para entregar un petitorio de doce puntos, entre los que figuraban el pedido de un sueldo básico de 6.000 pesos, la renuncia de la cúpula de la fuerza, un tope laboral de ocho horas diarias, la eliminación definitiva de las figuras de pasiva y disponibilidad, que no haya recargos y que tengan prioridad para acceder a una vivienda.
López fue señalado por algunos testigos como uno de los sediciosos que tomó el Centro de Control Operación y Monitoreo Policial, que funciona en el inmueble lindante con la Jefatura de Policía y es desde donde se monitorean las cámaras de vigilancia de Santa Rosa y se atiende el 101, la línea telefónica de emergencias policiales que durante aquel día los amotinados dejaron muda.
Tres nombres más.
El listado original con once imputados, que llegó desde la justicia federal -donde se abrió la investigación penal- a la provincial, sufrió cambios porque hubo imputados que todavía no fueron citados a declarar y otros que no figuraban y que Sancho incorporó al expediente. En la lista original aparecían Giménez, que permanece en pasiva por una inconducta anterior; Bruno, que se desempeña en la Unidad Regional I; Rolhaiser (Seccional Tercera); Carlos Mendibe (Seccional Primera); la suboficial mayor Susana Elizabet Rosane (Custodia en Edificios Judiciales), Germán Bartolomé (destacamento de Speluzzi), Carlos Daniel Gatica (Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico), Daniel Narciso López y los retirados Furriol, Rodrigo Wiggenhauser y Félix Garrido.
De esos once nombres, por ahora no fueron llamados a prestar declaración indagatoria Rosane y Garrido; pero se agregaron Diego López, Jeremías Martín Salvatierra y el suboficial mayor Marcelo Ornaldo Cisneros, por lo que los imputados ya son 14.
Otras citaciones.
La sedición es un delito sancionado con entre uno y seis años de prisión. De acuerdo a la declaración ante la justicia del ministro de Gobierno, Leonardo Villalva, cuando en la madrugada del jueves 12 fue a negociar a la Jefatura - después de que no atendiera personalmente a los policías en la Casa de Gobierno-, fue recibido por Giménez, Bruno, Mendible, Furriol, Wiggenhauser y una sexta persona que no identificó. El subsecretario Ricardo Torres agregó en esa escena a Rosane y Garrido. Ambos describieron el lugar como "un ámbito muy extorsivo y de 'apriete'".
La programación de citaciones incluye para hoy a Wiggenhauser y Salvatierra; para el jueves a Gatica y Daniel López; y para el 6 de marzo a Cisneros, Bartolomé y Mendibe. Este último había sido llamado la semana pasada, pero no se presentó porque no pudo ser localizado ya que estaba fuera de la provincia.
Una vez que concluya la ronda de llamados es posible que algunos de los policías, después de haber accedido al expediente, pidan hablar. Sería lo único que quedará para concluir con la investigación preliminar, ya que la fiscalía ya habría incluido en él todas las testimoniales y pruebas necesarias para acusarlos.
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