Padres reclaman por sus derechos

Los Padres Autoconvocados de La Pampa, ex Padres de la Guarda, son un grupo de mamás y papás que están impedidos de ver a sus hijos. Su lucha, según cuenta, apuntan primordialmente a que se respeten los derechos de los niños más que sus propios derechos. Por eso el 20 de octubre, a las 9, se reunirán en la Ciudad Judicial para reclamar justicia.
"Queremos que la Justicia, y especialmente los tribunales de familia, agilicen los plazos procesales, porque nosotros no abandonamos a nuestros hijos sino que nos los quitaron por la fuerza. Y si solamente nosotros nos exponemos es porque muchos otros padres tienen miedo a identificarse", dicen al unísono Marta Lagos, Gabriela Lucero y Oscar Morales.
Los reclamos pasan por acceder a la tenencia compartida, por la aplicación estricta de la ley nacional 24270 de impedimento de contacto, por corregir los incumplimientos de fiscales y jueces, por evitar la padrectomía y por sancionar a los abogados que promueven las falsas denuncias, entre otros puntos.
"Acá te hacen una denuncia por acoso y, aunque sea falsa, automáticamente te impiden el contacto y restringen el acercamiento -añaden-. Así, consiguen someter al chico y manipularlo psicológicamente en contra del padre que no es conviviente".

"Problemática escondida".
Si bien las proclamas son generales, las historias personales permiten conocer más en profundidad, de acuerdo a sus propias palabras, "una problemática escondida".
Morales, que vive en Victorica, no ve a su hijo menor desde hace dos años y medio. "El tiene pánico inducido hacia mí. Me ponen trabas y me embarran la cancha. Hasta me hicieron una pericia psicológica que me dio apto, pero ahora igual me exigen un tratamiento. Y hasta me acusan de violencia de género cuando me atacaron con una cuchilla y un palo de amasar. Pero el que no hice la denuncia fui yo...", señala el hombre.
Marta vive en 25 de Mayo y no puede ver a seis de sus ocho hijos desde hace un año y medio. "El Estado me los robó, y en vez de cuidarlos, como exige la ley, rompió el vínculo entre ellos porque dos están internados en una escuela rural. Además, mi marido permanece detenido en la alcaidía de General Acha desde hace un año por el supuesto abuso a una de mis hijas cuando no hay pruebas de ello. Es más, hemos pedido a la jueza (Daniela De la Iglesia) que declare en la Cámara Gesell, que nos hagan pericias a nosotros... Encima la denuncia que presenté contra la defensora oficial Silvia Canovas De Poletti se perdió. Si yo la denuncié, ¿cómo puede seguir actuando en la causa?", se preguntó.

Sin defensa por ser docente.
El relato de Gabriela es similar, aunque con detalles increíbles. Ella también está radicada en 25 de Mayo. Ya tuvo cinco abogados particulares y dos defensores públicos. Hoy ya no tiene quien la represente porque no le designan otro defensor oficial.
- Cómo es eso?
-Tenía como defensor (civil) a Javier Bassa, de General Acha, pero cuando unos papeles volvieron de 25 de Mayo lo reemplazaron por Marco Daniel Mezzasalma y no me atendió más. Incluso hace dos semanas no me atendió por teléfono y su secretaria me dijo que no me representaría más porque supuestamente tengo ingresos para pagar un abogado privado.
-...
-Eso también me lo dijo (Eduardo) Aguirre, el defensor general.
-¿Cómo que también se lo dijo Aguirre?
-Eso fue lo que me dijeron. Y la misma respuesta recibí cuando solicité un defensor para mis hijos. Tampoco conseguí alguien que me defienda en el Colegio de Abogados.
-¿Cuál es su salario?
-Soy docente.
"A mí la policía de 25 de Mayo llegó a esposarme adelante de mis hijos. Me acusaron de violar un domicilio, no me tomaron denuncias, me denunciaron falsamente, me entraron a robar cuatro veces, me siguen acosando con mensajes de texto... El padre de los chicos está detrás de todo esto y, aunque tiene una restricción de acercamiento, pasa todos los días cerca de mi casa.
"Lo que queremos es que se respeten los derechos de nuestros hijos y que no se ejerza violencia sobre ellos. Y la que tiene que actuar es la Justicia, porque basta una denuncia falsa para alejarnos de ellos. Siempre te dicen: pero para cuando sean grandes van a volver con ustedes. ¿Y todo este tiempo perdido? Si hasta no tenemos derechos cuando aún se está discutiendo la tenencia compartida", concluyen Marta y Gabriela. Y aportan un dato final: La Pampa es la única provincia donde hay más madres que padres perjudicados por esta realidad.

Obligación del Estado
Según las normas vigentes, el Estado no tiene la obligación de patrocinar a una persona en el ámbito civil y existe una reglamentación interna que fija cuál es el límite salarial para que alguien acceda o no a ese beneficio. En el ámbito penal, en cambio, es diferente y ese patrocinio es obligatorio. De hecho se ha visto cómo ex funcionarios condenados por corrupción y genocidas fueron representados por defensores oficiales. "Igual hay que tener tacto porque las cuestiones de familia son delicadas...", deslizó ayer una fuente judicial.