Panaderos se quejan de Trabajo

“Llevamos dos meses de acefalía y el Ministerio de Trabajo no resuelve nada”, se quejaron un par de dirigentes del Sindicato de Panaderos de La Pampa enfrentados con la conducción que estuvo hasta junio al frente del gremio.
Las irregularidades del Ministerio de Trabajo de la Nación son tantas, aseguró el letrado, que ameritan una investigación judicial por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. José Cid, principal referente del sector que intentó presentar una lista en los comicios que se iban a realizar en junio, se acercó junto a Raúl González y al asesor legal Javier Díaz. “Llevamos dos largos meses de acefalía y nadie dice nada”, se quejó Cid.
“Parece que en materia sindical el federalismo no existe”, acotó el abogado Díaz al enumerar los incumplimientos y la poca celeridad del gobierno nacional para resolver situaciones. “El Ministerio de Trabajo es un cadete que no resuelve nada. Manda todo a Buenos Aires y no se cumplen los plazos”, afirmó.
Tras recordar los hechos que llevaron a la presentación de una serie de recursos administrativos y judiciales -que obligaron a suspender los comicios programados para el 3 de junio-, Díaz informó que la semana pasada se elevó un nuevo pedido de pronto despacho para que el Ministerio de Trabajo de la Nación ponga fin a la situación de acefalía. “Esperemos que este pronto despacho lo resuelvan más rápido que el anterior”, ironizó el profesional, en referencia a que un escrito de “pronto despacho” presentado en marzo se resolvió hace unos días, cuando la ley concede solo 30 días para hacerlo.
En el ínterin, el Ministerio de Trabajo consultó al sector opositor qué planteos había realizado ante la Junta Electoral que se había constituido para esta elección, “lo cual realmente parece una burla, por que ¿cómo vamos nosotros a hacer presentaciones ante la Junta Electoral que desconocemos?”, planteó Díaz.
Este conjunto de situaciones llevó a que el gremio solicite la intervención de la Justicia ordinaria para estudiar si se está ante un caso de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en función de que dejaron vencer los plazos legales sin dar respuestas a los requerimientos formulados.