Perés a juicio por violación de deberes de funcionario

La semana que viene, el destituido presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Guillermo Peres, debe ir a un juicio oral y público que ya tuvo una postergación a fines de noviembre. El interrogante es si se hará. ¿Por qué? Porque el imputado planteó que la causa está prescripta y que debe ser sobreseído. El fiscal Fernando Rivarola ya rechazó ese requerimiento y ahora será el juez instructor , Néstor Daniel Ralli, quien diga si las audiencias se realizan o no.
Peres, junto al vocal también destituido, Rubén Rivero, está imputado del delito de violación de los deberes de funcionario público en dos oportunidades, debido a que ambos no controlaron “deliberadamente” -según dijo la jueza Florencia Maza cuando los procesó a mediados de 2010- dos cuentas corrientes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda por donde varios funcionarios, entre ellos el ex vicepresidente ejecutivo Hugo Nelson Agüero y el ex gerente general Luis Edgardo Araniz, desviaron 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003.También se los acusa de haber firmó el dictamen 3/99, permitiendo de esa manera que el TdeC tuviera un sistema de control “precario” y “meramente formal” de los dineros públicos de los contribuyentes pampeanos.El juicio contra ambos debió concretarse a fines de noviembre, pero Rivarola solicitó una prórroga porque, en ese momento, estaba actuando paralelamente en otros dos procesos por hechos muy graves. “El expediente tiene siete cuerpos y sería muy irresponsable de mi parte ir a juicio sin haber tenido el tiempo suficiente para leerlo detalladamente”, dijo en aquel momento.
Por eso Ralli le fijó nueva fecha a las audiencias: jueves 14 y viernes 15 de febrero. Pero cuando estaba todo preparado para el debate, Peres -a través del defensor oficial, Pablo De Biasi- planteó la prescripción de la acción penal y solicitó su sobreseimiento.
El argumento defensivo es que el caso está prescripto desde antes que fuera denunciado en 2008. Como un artículo del Código Penal sobre prescripción fue modificado, se trata de una cuestión de interpretación de la ley. De Biasi adujo que debe aplicarse la más benigna para el reo, lo que dejaría al ex titular del TdeC libre de toda culpa y cargo.
Sin embargo, el fiscal Rivarola, ante la vista que le dio el juez, afirmó que no corresponde dictar la prescripción, sino avanzar con el juicio. Ahora le pelota la tiene Ralli y él es quien debe resolver si admite o deniega el pedido de Peres.
El ex funcionario y Rivero fueron destituidos por unanimidad el 1 de marzo de 2009 por la causal de mal desempeño de las funciones, al no controlar las cuentas del IPAV por donde se desviaron 960.456,21 pesos entre 1999 y 2003. El jurado de enjuiciamiento habló de “incumplimiento de los deberes inherentes al cargo e incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.