Piden condena de un año de cárcel

La defensora oficial Silvina Blanco Gómez aseguró ayer que "cualquier pena que se imponga será irrazonable y desproporcionada", al brindar su alegato para pedir la absolución de los integrantes de la agrupación Chakra Raíz, que están acusados por el delito de usurpación, al tomar un predio de la localidad de Toay.
Durante la última jornada del juicio oral y público, realizado en la Ciudad Judicial de esta capital, el fiscal Carlos Ordás pidió una condena de un año de prisión condicional y el desalojo inmediato de quienes se encuentran en el terreno, que fue donado por el municipio de Toay para construir 112 viviendas del IPAV.
Ayer ninguno de los acusados declaró. La sentencia en el caso se conocerá el lunes 28 al mediodía. Mientras se efectuó la audiencia, se realizó una manifestación en los tribunales locales con música y pedidos por la absolución, en forma totalmente pacífica.
El fiscal Ordás fue el primero en dar el alegato. Dijo que la ocupación generó un "despojo" al IPAV y que el predio "es un bien que tenía un uso específico, no era para una inversión inmobiliaria. La ocupación se realizó en forma deliberada y conjunta. No es una plaza, un camino o una ruta".
Advirtió que los acusados tomaron el predio "sabiendo que no les pertenecía pero igual lo ocuparon. Fue de un día para el otro. No se tomó un lugar público a la vista de todos, es un espacio de difícil acceso. No era un terreno abandonado, se había realizado la donación del municipio al IPAV y los estudios de factibilidad".
También dijo que la ocupación postergó el acceso a la vivienda de otras personas, ya que el barrio que se haría allí fue relocalizado y adujo que la clandestinidad está probada porque hubo "actos ocultos, a espaldas" del dueño del predio.
El hecho fue denunciado en octubre del año 2015 por las autoridades del instituto de la vivienda. El predio en cuestión está ubicado en calles Catamarca y San Luis de Toay. Por ahora, son varias familias que viven en casas sustentables, aunque no todos los acusados, denunciados por el IPAV, permanecen en esa zona.
Están imputados María Morales (35 años), Anahí Montes (26), Paola Medina (25), Agustín Di Franco (31), Marco Bravi (40), Johana Dalma -no participó del inicio del juicio-, Nildo Loiza (40), Gabriel García (29), Santiago Castellani (31), Fernando Sánchez (27), Rubén Llanos (25), Matías Mirason (28), Gabriela Sosa (30), Ana Durán (29) y Malén Estévez (24).

Absolución.
La defensora Blanco Gómez fue por la absolución y en forma subsidiaria alegó una pena mínima, de seis meses, si es que hay una condena. Consideró que no existió clandestinidad en el accionar porque los acusados fueron quienes dieron a conocer la ocupación en los medios de Toay y Santa Rosa y planteó que lo hicieron para tener acceso a una vivienda.
Agregó que los acusados "son quienes concurrieron a una radio a informar que estaban en ese lugar y esto hecha por tierra la exposición del fiscal, es un predio abierto, de fácil acceso, al que iba mucha gente y lo usaban (para sacar arena o llevar a pastar caballos). Hace 30 años se encontraba ocioso. Eso impide también hablar de clandestinidad".
"Era un terreno baldío ocioso. No había signos físicos de ocupación. Nunca fueron intimados (los ocupantes) a salir del lugar, la gente del IPAV no tomó contacto con ellos. No hubo voluntad de exclusión", añadió. La defensora también planteó que es "intrascendente" para la causa si se iba a hacer una construcción allí, "nadie lo sabía".
A la ocupación, siguió, acceden "por la necesidad de una vivienda, vivían de prestado, estaban en situación de calle. Por eso se movilizaron, no para apoderarse de una propiedad sino para paliar una situación que no era escuchada por nadie. Buscaron un predio que parecía no tener dueño, no querían problemas. Incluso les dijeron a la policía de su voluntad de pagar el predio en la medida de sus posibilidades".
La defensora contó que tuvo dos reuniones con el fiscal de Estado José Vanini y representantes del IPAV para llegar a una solución y evitar el juicio, pero "me fui con las manos vacías porque no pueden solucionar los problemas habitacionales de quienes no cumplen con los requisitos que plantea la ley. Se pidió al municipio algún espacio pero lo rechazaron".
"Acá tampoco se reconoce el derecho a un proyecto de vida", dijo la abogada, pidiendo que se contemple la intención que también tuvieron los acusados de proteger la zona natural. "La Constitución consagra el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Eso también es un deber del Estado y de los ciudadanos", afirmó y advirtió que "cualquier pena que se imponga será irrazonable y desproporcionada. Sería estigmatizante. Serían sancionados por no poder acceder a una vivienda digna".

"Una causa con connotación social"
La defensora Blanco Gómez recordó que los integrantes de Chakra Raíz enviaron notas al entonces gobernador Oscar Jorge, al actual mandatario Carlos Verna, a los diputados provinciales y al Ministerio de Desarrollo Social para dar a conocer la problemática, pero "las únicas puertas que se les abrió es la de la sala de audiencia para afrontar un juicio. Esta es una causa de gran connotación social, se violó el derecho de poder acceder a una vivienda digna".
Por otro lado, la abogada cuestionó el accionar de la municipalidad de Toay que "fue el gran ausente" y "era el obligado directo de encontrar una solución" para los acusados que no tenían una vivienda. "Su función en el proceso fue solo pedir que se condene a los acusados, en una forma rayana con la comisión de un delito, omitiendo cumplir con su función".