Piden “emergencia vial”

VICTIMAS DEL TRANSITO

La pérdida de vidas humanas por siniestros viales en las rutas y calles, es una tragedia que no cesa sino que por el contrario enluta a todo el país. Por eso el 21 de julio, agrupaciones de familiares de víctimas solicitaron la declaración de la Emergencia de Seguridad Vial en todo el territorio. La intención primordial es “garantizar la protección integral de la vida” de los usuarios de estos espacios públicos. Los familiares no quieren que los responsables de estos siniestros eviten el juicio público a través de la figura de la probation.
Las entidades y personas formularon este pedido tomando en cuenta que “en los últimos 25 años el promedio de muertes es de 7.500 personas por año, 636 muertes por mes, 21 muertes por día”. Estas cifras se han mantenido estables en los últimos años pero para este año se proyecto “un crecimiento en víctimas fatales”.
“Es momento que entendamos que el estado de la seguridad vial en la República Argentina se encuentra en una situación de emergencia que amerita la adopción de medidas extraordinarias en miras a reducir la siniestralidad, con su secuela de muertes y discapacidad”.
El pedido apunta a la declaración de emergencia en seguridad vial en todas las rutas nacionales, provinciales, caminos rurales y calles públicas dentro de los ejidos municipales, y a la creación de un centro de estadísticas “con información real” y que sea publicada mensualmente “para tomar decisiones concretas e inmediatas”.
La propuesta contempla la creación de un Concejo de Emergencia en Seguridad Vial Pública, integrado por representantes de las distintas instancias gubernamentales, judiciales y de la sociedad civil, y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a asignar efectivos policiales, móviles y otros recursos materiales a esta tarea, e implementar medidas de previsión y represión en los delitos viales.

Probation no.
Este anteproyecto de ley contempla un pedido que los familiares vienen realizando desde hace tiempo: que se suspendan “todos los juicios abreviados y la suspensión del Juicio a Prueba (probation)” que se estén desarrollando sin la participación de los damnificados por estos actos. Entienden los familiares que esta figura legal representa un privilegio para quienes han cometido un acto que provocó una muerte o daños graves a una persona.
En la misma sintonía, piden los familiares que “se consideren inmediatamente como delito penal” comportamientos como “manejar en estado alcoholizado, correr picadas en la vía pública, circular a más de 10 kilómetros por hora por encima de las velocidades permitidas, y la evasión de un control de tránsito”.